Fue el máximo objetivo de la lucha de Ana Gritti, viuda de una de las víctimas de la explosión de la fábrica de Río Tercero. Ayer comenzó el juicio oral a cuatro militares por aquella voladura, ocurrida en 1995, que se concretó “de manera intencional, programada y organizada para ocultar un faltante de proyectiles, municiones y explosivos”, según determinó el juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa.

El objetivo de la voladura habría sido ocultar las ventas ilegales de armamento que por orden del gobierno de Carlos Menem se hicieron a Croacia y Ecuador. Al banquillo de los acusados llegaron como presuntos autores del delito de “estrago doloso por muerte de personas” Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, ex militares que se desempeñaban en altos cargos en la fábrica. Norberto Emanuel, civil subinterventor de Fabricaciones Militares, no llegó al juicio pues falleció en 2012. Y el general Juan Andreoli, interventor de la empresa, murió en un accidente en helicóptero. Menem y el entonces jefe del Ejército, Martín Balza, ya fueron sobreseídos, pero fiscales y querellantes recurrieron ante la Cámara de Casación, que aún no se expidió. Durante cuatro meses deberán declarar 42 testigos, mientras que la versión de otros 89 será incorporada por lectura. Gritti falleció hace tres años y no llegó a ver su logro, pero sus hijas siguen como querellantes.