El gobierno de Neuquén pagó en una primera etapa indemnizaciones a 63 ex trabajadores del Estado que fueron cesanteados o perseguidos durante la última dictadura cívico-militar, en cumplimiento de lo establecido por la ley provincial 2865. La medida, definida como un acto de “reparación histórica”, alcanza a agentes de la administración pública provincial que fueron obligados a renunciar, cesanteados por la ley 939 o exonerados de sus funciones entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.