El juez Raúl Zaffaroni destacó la necesidad de establecer “regulaciones sobre los delitos económicos que provocan daños generalizados” sobre la población y consideró que “se puede avanzar contra la especulación financiera como se hizo contra los delitos de lesa humanidad”. El ministro de la Corte Suprema de Justicia señaló que no se puede consentir “la extorsión constante” de los poderes económicos al poder político y abogó por la creación de “una instancia de control mundial sobre el capital financiero”, al exponer en el curso sobre “Derechos Humanos y Justicia Universal”, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

“Estamos en un momento histórico en el que los desmanejos del capital financiero están generando rispideces en los países centrales. Tenemos que aprovechar eso para proponer regulaciones sobre los delitos económicos que provocan daños generalizados sobre el bienestar de la población”, sostuvo Zaffaroni. “Se puede avanzar contra la especulación financiera como se hizo contra los delitos de lesa humanidad”, aseguró. “Genocidios hubo siempre, pero se los tipificó como delitos después de la Segunda Guerra, luego de que se perpetraran en Europa. Hoy sucede lo mismo allí con la conducta de muchos banqueros, que con sus manejos ponen en riesgo el bienestar general”, fundamentó, y lamentó que “algunas cosas se consideran crímenes” sólo cuando afectan a “poblaciones de los países desarrollados”.

“La Justicia punitiva penal sólo sirve cuando ya tenemos el muerto”, recordó Zaffaroni para destacar la necesidad de establecer controles a la actividad financiera. También advirtió sobre los poderosos límites que impiden un control de los conglomerados financieros. “La primera contradicción es que los gobiernos necesitan la colaboración de los autores de los desastres económicos para poder salir del pozo que éstos provocan”, situación que “acentúa el poder de coerción del poder económico frente al político”. “Existe una extorsión constante del sector financiero a los gobiernos, a través de maniobras que se preparan a lo largo del tiempo”, dijo. “Desde algunos ámbitos, como los corporativos y conglomerados mediáticos, cualquier actuación a favor de regular la actividad económica se entiende como un ataque a la libertad del mercado, pero no cabe duda de que la especulación dañosa es un factor que pone en riesgo el sostenimiento de la propia economía de mercado”, reflexionó.

El magistrado advirtió también sobre los riesgos de “propiciar un pan-penalismo que afecte determinados intereses en desmedro de otros”. “El Derecho penal actúa de forma selectiva y muchas veces se aplica sobre el más débil. Si establecemos regulaciones punitivas económicas, debemos tener cuidado de no afectar a los más débiles, porque esto puede generar procesos de concentración económica, que resultarían en definitiva más graves que los delitos que pretenderíamos castigar”, apuntó. Para evitarlo, señaló la necesidad de establecer “mecanismos de control más severos sobre las operaciones financieras en un plano global” y planteó la posibilidad de “ampliar los alcances” de la figura de administración fraudulenta. “Está contemplada en el Código Penal y debería tener plazos más amplios de prescripción. Debería aplicarse a esos funcionarios y empresarios que, en complicidad con determinados poderes económicos, afecten el patrimonio de los ciudadanos”, remarcó.

En segundo turno, la fiscal de la Audiencia Nacional española, Dolores Delgado, coincidió con la necesidad de imponer “controles nacionales e internacionales al sistema financiero”. Señaló que el mundo de las finanzas, en teoría, está controlado por organismos económicos como los bancos centrales y por estructuras como el FMI o el Banco Mundial, pero “los resultados de esos controles están a la vista”. Recordó que hay instancias de control que dan resultados, como la lucha contra el blanqueo de capitales vinculados con el narcotráfico y la persecución de las fuentes de financiación del terrorismo, pero que “no hay voluntad” para controlar los excesos del capitalismo especulativo. Para hacerlo, marcó la necesidad de crear tribunales especiales con jueces y fiscales expresamente preparados.

El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sba-ttella, quien compartió el panel con Delgado, calificó como “un indicio esperanzador” la reciente resolución de Naciones Unidas de reglamentar internacionalmente los procesos de reestructuración de deudas soberanas. “El principal objetivo de las corporaciones es lograr la desaparición del Estado Nación”, advirtió, y señaló que la resolución de la ONU es una reacción que “viene desde la órbita de los países periféricos”. Sbattella manifestó la necesidad de provocar un cambio de tendencia y recordó que los entramados financieros han ubicado a sus voceros en los ministerios de Economía de los países centrales: “Y lo están destrozando todo”, advirtió.