Los cuatro imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó esta semana en Olavarría, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Centro (Unicen), se negaron a declarar ante el Tribunal Federal Oral de Mar del Plata. El general Ignacio Aníbal Verdura, el sargento Oscar Antonio Ferreyra (Pájaro), el capitán Walter José Grosse (Vikingo) y el teniente primero Horacio Rubén Leites, todos retirados del Ejército e imputados por delitos en el centro clandestino Monte Peloni, pasaron uno a uno ante el tribunal para decir que prefieren guardar silencio. Las notas de color de la jornada las protagonizó el abogado Claudio Castaño, defensor de Leites, quien equiparó los delitos de su cliente con el trabajo de los jueces. “Dentro de veinte años usted puede estar sentado en el banquillo de los acusados y respondiendo por su participación en estos juicios”, le dijo al presidente del tribunal, Roberto Falcone.

El tribunal que también integran Néstor Parra y Mario Portela terminó de leer las imputaciones contra los militares, acusados de más de 20 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Verdura, mandamás de la represión ilegal en Olavarría durante el terrorismo de Estado y acusado además por dos homicidios, fue el primero en sentarse ante los jueces para ratificar su decisión de no hablar. Mientras el militar caminaba hacia el estrado, Castaño pidió al tribunal que el viejo represor no declarara, por su edad, para “evitar una situación inhumana”. “Pudo caminar hasta acá”, le contestó Falcone, mientras la defensora oficial María Isabel Labattaglia, que asiste a Verdura y a Ferreyra, ratificó que Verdura les comunicaría a los jueces su decisión de guardar silencio, tal como hizo de inmediato.

El siguiente pedido de Castaño, aceptado por el tribunal, fue que “los particulares presentes en las audiencias no les sacaran fotos a los imputados”. Más tarde pidió a los jueces que respondieran un recurso de queja que había elevado en representación de sus defendidos. Falcone le indicó que remitiría ese pedido a la fiscalía. Castaño protestó y el presidente del tribunal le respondió cortante: “Doctor, usted no está en uso de la palabra. Continuemos con el debate por favor”.

Luego se produjeron las negativas a declarar de los otros tres acusados y Falcone anunció un cuarto intermedio hasta hoy. Sin embargo, a pedido del abogado Gerardo Ibáñez, defensor de Grosse, se leyó la declaración indagatoria del represor ante el juez federal de Azul, Juan José Comparato, en 2009, en la que negó los hechos que se le imputan. Más tarde, a pedido de la fiscalía, se leyeron los testimonios del resto de los imputados durante la etapa de instrucción en el juzgado de Comparato, hace ya un lustro.

Cuando el presidente del Tribunal anunció el final de la audiencia de ayer, Castaño volvió a pedir la palabra: adujo que por “razones humanitarias” pedía permiso para cenar con su cliente, que está preso, ya que necesitaba “constatar si se encontraba en buenas condiciones”. Falcone le recordó que su tarea era “resguardar los procedimientos y plazos del debido proceso” y que las condiciones de alojamiento del acusado dependían del Servicio Penitenciario. Pero el abogado insistió. Dijo que el tribunal tenía “competencias para mejorar las condiciones de detención” de los acusados y entonces advirtió: “Le pido que tenga en consideración este pedido humanitario, ya que dentro de veinte años usted puede estar sentado en el banquillo de los acusados y respondiendo por su participación en estos juicios”, dijo. “Lo que suceda dentro de dos décadas es una cuestión conjetural”, le recordó el juez, de larga trayectoria en procesos de lesa humanidad, y puso fin a la audiencia.

Ferreyra, Grosse y Leites estaban presos en el penal de Sierra Chica y, antes del inicio del juicio, fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 14 de General Alvear. Verdura, de 82 años, goza de arresto domiciliario. El juicio continuará hoy, cuando comiencen a declarar los testigos.