Dispuesto a avanzar con el nuevo y unificado Código Civil y Comercial, el oficialismo rechazó los cuestionamientos reglamentarios que esgrimió la oposición y solicitó una sesión especial para mañana en la Cámara de Diputados donde lo convertiría en ley. En tanto, Elisa Carrió presentó un amparo judicial para frenar el tratamiento legislativo, que juzgó “inconstitucional”, además de acusar a la Iglesia de “hacer lobby” y denunciar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco de “hacer un negocio millonario” con la impresión del nuevo Código. El jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo, también dijo que recurrirá a la Justicia si la Cámara baja lo aprueba. La secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria, Teresa García, les salió al cruce, definió la actitud de la chaqueña como una “carriosada” y cuestionó la “actitud especulativa” de la oposición, a la que acusó de “entorpecer el tratamiento del nuevo Código”.

Carrió recurrió a la Justicia para frenar el debate en Diputados del nuevo Código. “Lo van a aprobar en un procedimiento absolutamente ilegal, que viola el principio de formación y sanción de leyes establecido en la Constitución”, sostuvo en una entrevista radial, en la que también repartió críticas para todos, incluidos sus socios en el FAU.

“La oposición fue cómplice de este tratamiento. Hace dos años se creó una bicameral, lo cual es inconstitucional”, dijo Carrió, que insistió con el argumento que rechazó el resto de la bancadas opositoras durante el debate que creó la bicameral. Luego cargó contra la Corte: “Este código le va a dar millones de pesos a Lorenzetti. Tiene acordado con la editorial, que seguramente es de él. Es un negocio de millones, todos los abogados tienen que salir a comprar el Código Civil. ¿Quién los hace? Lorenzetti y Highton de Nolasco, que van a ganar millones con esto”, denunció. Ni la Iglesia salió indemne de los cuestionamientos de Carrió, que sostuvo que le preocupa que “forme parte del lobby por fuera del Parlamento a través del presidente de la Cámara (Julián Domínguez) para sacar estas cosas”.

El PRO también se mostró a favor de judicializar la sanción del Código, aunque con el argumento que fogoneó el radicalismo y al que se había sumado casi todo el resto del arco opositor. “Es absurdo pretender que se apruebe un proyecto en base al análisis que hicieron quienes ya no ocupan una banca en la Cámara baja porque venció su mandato. Además, es contrario al reglamento”, dijo Pinedo, que defendió la creación de la bicameral en 2012, pero ahora sostiene que su dictamen “no es válido” porque en el medio hubo un recambio legislativo (2013), aunque el mismo no alteró la relación de fuerzas en el Parlamento.

La diputada oficialista Teresa García fue esta vez la encargada de volver a cruzar los cuestionamientos opositores y le apunto a Carrió: “Ella tiene vasta experiencia legislativa, con lo cual sus declaraciones son una ‘carriosada’ más a la que nos tiene acostumbrados”, dijo García y planteó que “Carrio judicializa el tema, buscando levantar polvareda”.

García repasó el trabajo de la bicameral a lo largo de un año y medio y las 14 audiencias públicas realizadas en todo el país, y sostuvo que “tuvieron prácticamente diez meses para que los diputados pudieran conocer el proyecto. Está colgado en la página del Senado y nadie puede desconocer cómo es”. Al tiempo que remarcó que se trata de un cuestionamiento reglamentario, explicó que “las comisiones permanentes y bicamerales tienen distinto funcionamiento” y recordó que existe jurisprudencia de la Corte en que la sanción de leyes es una cuestión del Poder Legislativo.

“Están permanentemente especulando para ver cómo nos pueden entorpecer el tratamiento del tema. Me gustaría saber cuál va a ser la actitud con la Ley de Adopción, que reclaman y está incluida en el proyecto”, señaló la diputada kirchnerista. “La sociedad ha cambiado mucho y merece tener un código acorde con sus nuevas realidades”, afirmó.