El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció ayer que existe connivencia entre cuevas financieras y personal del Banco Central y de la Policía Federal. En el caso del organismo monetario, sostuvo que hubo llamados a los cueveros para anticiparles futuros allanamientos judiciales, mientras que en esos operativos se constató en varias oportunidades asociaciones ilícitas con fuerzas policiales. “En una o dos oportunidades verbalizaron que los habían llamado desde el Central para decirles que estaba todo normal; esto sería que no iba a haber ninguna situación irregular”, dijo Gonella en declaraciones radiales. Consultados sobre el tema, desde el Central prefirieron no realizar comentarios. El titular de la Procelac indicó también que el régimen penal cambiario vigente “ha sido superado por la realidad”, pero aseguró que aún no hay una propuesta concreta en carpeta del Ejecutivo.

“Detectamos otros perfiles de funcionarios públicos dentro de las cuevas brindando seguridad, lo que es una situación absolutamente ilegal”, disparó Gonella. La primera denuncia formal para el inicio de una investigación fue a partir de un allanamiento a una cueva de la city porteña, explicaron a este diario desde la Procuraduría. En esa oportunidad, el dueño del establecimiento ofreció dinero a un funcionario del área de fraudes de la Procelac y a otro del BCRA. Frente a la negativa a la proposición de soborno, el cuevero les manifestó: “A mí me dijeron del banco que hoy operara tranquilo”, en referencia a la autoridad monetaria. Las miradas apuntan a directivos en distintas áreas estratégicas vinculadas con control bancario y cambiario, pero aún no hay personas denunciadas.

En los allanamientos se encontró además personal de Policía Federal asociado a las cuevas, dando “cobertura” a estos establecimientos ilegales. En este último punto ya hay denuncias realizadas. “Hemos encontrado personal de distintas fuerzas de seguridad, incluso armados, en tres o cuatro oportunidades. Por lo cual hicimos la denuncia y se está investigando”, detalló Gonella.

Las sospechas de un entramado ilícito que involucre a fuerzas policiales y del Central en la pulseada contra el Gobierno en la arena cambiaria reavivó el debate sobre una reforma del marco legal. “No se trata de una iniciativa o inquietud que ha surgido en el último tiempo, sino que la reforma hacia el régimen legal que regula el delito cambiario es una discusión que tiene varios años. No es un discusión inédita”, aseguró Gonella. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había señalado por la mañana que no estaba en estudio un proyecto de esta naturaleza. Desde la Procelac explicaron a este diario que lo que existe son conversaciones desde hace unos meses con los juristas del organismo para consensuar una propuesta de reforma. El actual marco –la Ley Penal Cambiaria 19.359– es de fines de 1971 y coloca al Central como el responsable de las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento. “Está enfocada en un paradigma que ha sido superado por la realidad”, consideró el titular de la Procelac.

Entre las reformas más urgentes se encontraría la actual imposibilidad de clausurar las cuevas e iniciar investigaciones más profundas. En el caso de los allanamientos en cuevas, la idea es que se pueden hacer in situ sin necesidad de una autorización previa de la Justicia. “El Banco Central no es un organismo público diseñado para investigar delitos. Entonces, esto conlleva a que en la práctica se acumulen las causas por el abordaje burocrático”, explicó Gonella. En la actualidad existen más de 80.000 sumarios en curso vinculados con petroleras y exportadoras de granos por maniobras de elusión a través del comercio exterior. “Para una administración más eficiente y para poder neutralizar el comportamiento de los sectores que fugan capitales, se requiere de una visión más general del problema, que incluya la persecución de las cuevas, pero también la supervisión de los grandes jugadores del comercio exterior”, explicaron.