Este 28 de septiembre coincidió con la conmemoración de los 20 años de la Conferencia Internacional de Población que tuvo lugar en El Cairo y que señaló a los derechos reproductivos de las mujeres como imprescindibles para el desarrollo social, proponiendo el paradigma del derecho de las mujeres a decidir. En Argentina, las políticas públicas de salud y educación sexual que se impusieron en esta dirección lograron avances que no garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos. Si se trata de la capacidad de gestar y parir, nos sujeta el orden tradicional occidental y cristiano. Por eso hoy ante un compromiso con El Cairo inoperante, los movimientos de mujeres en todo el mundo reclaman el acceso amplio y voluntario a abortos seguros como corolario indispensable de sus derechos sexuales, reproductivos y políticos. Aquí, nueve años de campaña no han logrado que el proyecto de ley de IVE, firmado por 64 diputadxs de varios bloques, incluidxs 33 del FPV, se trate en la Cámara de Diputados. Pocos entienden que un gobierno embanderado con los derechos humanos, promotor de legislación avanzada sobre matrimonio igualitario, identidad de género, migraciones, violencia contra las mujeres, reparación del terrorismo de Estado, restrinja así el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de familia, y no legisle para proteger su vida, su salud y su libertad de conciencia. Es una política pre-Cairo, que reduce el acceso al aborto seguro a los no punibles ya vigentes y a las ricas que pueden comprarlo, e impide las decisiones libres de las mujeres más vulnerables. Es paradójico que cuando avanzamos en responsabilidad del Estado, oportunidades políticas y valorización del cuidado, se siga recortando nuestra ciudadanía, criminalizando y deslegitimando la voluntad de abortar. Paradójico también que agrupaciones con tradición de lucha, integrantes de la campaña, centren sus acciones del 28/09 en la reivindicación del aborto no punible (ANP), derecho adquirido desde 1921 que si bien no se respeta, no implica conflicto con la posición adversa de la presidenta CFK al derecho al aborto voluntario que promovemos. Hemos avanzado sobre los ANP gracias al fallo de la CSJN, a las denuncias que han logrado condenas del CIDH y la Cedaw por las violaciones de este derecho. El no tratamiento del proyecto de ley de IVE ha dado lugar a la organización de la acción directa de la práctica del aborto con medicamentos, en solidaridad con las mujeres que arriesgan su vida pero no renuncian a hacerlo en la clandestinidad. La privación de derecho que implica el veto al tratamiento parlamentario de la IVE se prolonga en un esfuerzo privado por dotar de fuerza y dignidad la práctica criminalizada del aborto. Las mujeres abortan igual, construyen su derecho sin la legalización. Lo que se juega es la verdad del respeto de sus derechos humanos por el Estado que debe garantizarlos.

* Psicoanalista.