La fiscal Fabiana León pidió que Domingo Cavallo sea condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber implementado el Megacanje en junio de 2001 a través de mecanismos de canje de títulos destinados a beneficiar a un grupo de bancos. El delito que se le imputa es el de “negociaciones incompatibles” con la función pública cuando era ministro de Economía. La fiscal consideró como agravantes su “altísimo nivel de educación”, que le permitía tener noción de las consecuencias de sus actos, y la “extensión del daño causado”, que se reflejó en un incremento de la deuda externa argentina de cerca de 55 mil millones de dólares. Al alegar, el defensor de Cavallo, Eduardo Oderigo, dijo que su cliente actuó con “patriotismo” y “salvó a la Nación”, por lo que pidió que sea absuelto. En su momento, el canje de títulos fue presentado por el gobierno de la Alianza como la salvación para evitar el default, aunque la cesación de pagos se convirtió en un hecho seis meses más tarde.

La escena que podía apreciarse ayer en la sala de audiencias del juicio oral contra Cavallo no parece tener relación con la magnitud de los hechos que se juzgan. Entre el escaso público, estaba la esposa del ex ministro, Sonia Cavallo, quien al entrar al recinto insultó a Mario Cafiero (Proyecto Sur), uno de los denunciantes. “Su madre era buena, pero usted es un hijo de puta”, le espetó la mujer, quien también le tiraba papelitos en la espalda al abogado José Luis Fabris, quien llevó adelante la querella en los primeros tiempos de la investigación. En las butacas se sumaban un puñado de abogados y de periodistas.

“Tres años parece poco y es un una pena que le impide a la fiscal según el Código Procesal apelar una absolución. Podía haber pedido cuatro (la máxima es seis)”, dijo Fabris a este diario.

A Cafiero, más allá de la pena, le preocupa que “quede claro que hubo delito, que se condene a Cavallo por haber favorecido a los bancos y por aumentar la deuda”. “A este juicio se llegó como si hubiera sido un tema menor, negociaciones incompatibles, sin los otros funcionarios y banqueros en el banquillo de los acusados, aunque sabemos que acá hubo otros delitos y que se violó la Constitución. Pero si Cavallo resulta condenado vamos a pedir la nulidad del Megacanje para que los bancos tengan que devolver la plata”, anunció.

Cavallo reconoció que el Megacanje surgió de un acuerdo con el banquero David Mulford, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos que representaba los intereses del Credit Suisse First Boston. En su alegato, la fiscal León explicó que el delito se basó en mejorar la calidad de los bonos que los bancos al mismo tiempo tenían y administraban. En medio de la crisis, se fue aplazando el vencimiento de los bonos, hasta el 2031, y creció la deuda hasta alcanzar los 55 mil millones de dólares, según estableció una pericia de especialistas de la Corte Suprema.

León detalló que los bancos tenían 20 mil millones de dólares en bonos propios y administraban los de sus clientes. El Banco Galicia tenía 1580 millones de dólares en bonos viejos y 1598 millones, de clientes; el Santander Central Hispano tenía 1730 millones y otros 2736 de terceros; el Banco Francés tenía 1397 millones propios y 3877 de sus clientes. El Credit Suisse administraba 590 millones de clientes; el HSBC tenía 185 millones en mano y otros 2316 de terceros; el JP Morgan invirtió 98 millones de dólares en bonos y tenía a cargo otros 3369 de terceros. La fiscal planteó que el Megacanje buscó salvaguardar a los bancos frente a la desvalorización de sus carteras y que se trató de una maniobra “dolosa”.

A favor del acusado, la fiscal consideró atenuantes el “extensísimo tiempo que demandó la realización del juicio” así como la “condena pública a la que se vio expuesto”, y su edad actual.

El abogado de Cavallo dijo que estaba asombrado con que la fiscalía hubiera pedido una condena. Sostuvo que todo lo que hizo como ministro fue para beneficio del país y que eso debe ser “reconocido en una absolución”; que a mediados del 2001 se evitó un default y un perjuicio a las finanzas de la población. Aludió a los bancos como entidades que buscan el lucro pero actuaron bien.

Cavallo es el único en el banquillo porque para el resto de los involucrados en el caso (ex funcionarios y banqueros) la Cámara Federal dictó la prescripción por el paso del tiempo, lo que está en revisión en la Cámara de Casación.

En las redes sociales circularon algunas voces críticas con el proceso. Una fue la de Claudio Castelli, abogado penalista dedicado a la criminalidad económica en organismos públicos, quien explicó a Página/12: “Hay una falta de comprensión del daño social provocado por el Megacanje, por ejemplo más muerte y más desocupación. Se le pide la misma pena a Cavallo por un fraude descomunal que a un tesorero de un club de barrio. Es garantismo bobo. No se concibe a Cavallo como un delincuente económico. Hacen falta penas justas”.

El juicio llegará a su fin el lunes próximo, cuando Cavallo tendrá oportunidad de decir sus últimas palabras en la causa ante los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo.