[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En el período constitucional de Rückauf y Solá las reformas legislativas de emergencia duplicaron la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Esto desbordó la capacidad de alojamiento de instalaciones penales y policiales, donde las condiciones son infrahumanas. Al mismo tiempo crecieron los índices de criminalidad y la violencia institucional, lo cual revela la irracionalidad de esa política que ha convertido a Buenos Aires en un estado policial autoritario y a sus lugares de reclusión en verdaderos campos de concentración en los que la vida no vale nada.
Todas las estadísticas disponibles hablan de un incremento incesante de torturas a los detenidos, en infracción a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado Provincial. Mientras el Poder Ejecutivo se encarga de atestar las celdas, el Ministerio Público que podría controlar la situación, contribuye a agravarla. “No es que se torturesino que a veces existe un poco de rigor en el trato a losdetenidos”, dijo el Procurador General Eduardo Matías De la Cruz al presentar su Plan de Política Criminal en San Nicolás. Otra de sus despectivas frases, pronunciada en la Universidad Nacional de LaPlata: “Las estadísticas me importan un bledo porque no sirven para nada”. Por eso desactivó el Banco de Datos sobre torturas a detenidos que llevaba el Defensor General, Mario Coriolano y puso en práctica una política de hostigamiento sistemático a los defensores que denuncian esos casos: retaceo de recursos, instrucciones para que se abstengan de actuar en tales casos, traslados y sanciones.
Al mismo tiempo ofrece recursos en forma discrecional a quienes secundan su sistemática política de encubrimiento de la barbarie. La relatora penal de la Procuración, Susana Marchiano, advirtió a los Secretarios de Ejecución que “las cosas han cambiado, así que se terminan las fotografías, las inspecciones y los recursos de hábeas corpus” por situaciones degradantes de detención. La institucionalidad democrática ha adelgazado hasta límites inquietantes. Policías y agentes penitenciarios tienen el olfato bien entrenado para detectar cuál es la actitud del gobierno y del Ministerio Público hacia quienes persisten en la defensa de la integridad de los detenidos y planean en consecuencia sus represalias.
A fines de agosto, los defensores María Dolores Gómez y Marcela Piñero visitaron la Unidad 9 de La Plata junto con personal de la secretaría de derechos humanos, entrevistaron a detenidos hasta cerca de la medianoche y reclamaron por algunas mejoras elementales a sus condiciones, como el suministro de colchones para que no tuvieran que dormir en el piso, la falta de luz, la pésima calidad de la comida y la reparación de las cloacas desbordadas. “Son los presos los que rompen todo, porque no saben vivir”, dijo el director de la Unidad. El único cambio fue la aparición de los colchones, pero al día siguiente de la visita uno de los detenidos que informó a las defensoras, David Flores Altamirano, fue torturado con picana eléctrica. De nivel intelectual superior a la media, FloresAltamirano fue condenado por un homicidio cometido en la cárcel de San Nicolás, donde lo agredió otro preso instigado por el propio servicio penitenciario. Pese a que tenía una puñalada en la espalda, los jueces consideraron que se había excedido en su defensa. En dos años recorrió buen número de los penales de la provincia. En la temible U29, Flores Altamirano y otros presos fueron heridos a escopetazos. También le arrancaron varios dientes a patadas. Por ello denunció, entre otros, al jefe del penal, Prefecto Mayor Rolando Héctor Fracchia, quien hoy es el jefe de la U9 donde lo picanearon.
La denuncia de Flores Altamirano fue recibida en la línea telefónica 0800 de la Secretaria de Derechos Humanos por la abogada Carolina Brandana, quien la transmitió al encargado de una supuesta oficina de derechos humanos de la Procuración, Néstor Carames. Hasta el cierre de esta edición, Flores Altamirano seguía esperando que alguien de la Procuración se comunicara con él, mientras veía hacerse más borrosas en su piel las huellas de la picana. Junto con ellas se extingue la línea de su vida, por la que De la Cruz y Solá deberán responder.