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La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos a los funcionarios judiciales y abogados que habían sido denunciados por la esposa y el hijo de Julio López, por no haber tomado las medidas de protección necesarias. López desapareció en La Plata en septiembre de 2006, en medio del juicio al genocida Miguel Etchecolatz, donde fue testigo y querellante. “Esta causa nos provocó mucho dolor, fuimos las abogadas de Julio, ese 18 de septiembre estábamos por empezar los alegatos en su representación y él no llegó, nunca más llegó”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, una de las letradas denunciadas. En tanto, Guadalupe Godoy, también abogada de López, expresó: “Lo acompañamos en su búsqueda de justicia y seguimos desde hace ocho años intentando que su segunda desaparición no quede impune”.

Cuando faltaban pocos días para que se cumplieran dos años del segundo secuestro, los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Yofre presentaron esta denuncia porque para su esposa, Irene Savegnago, y su hijo Ruben “la situación de peligro (de López) era evidente y objetiva”, y se “minimizó la trascendencia de la convocatoria a prestar declaración testimonial”, considerándola un simple “trámite procesal” cuando se trataba del “primer juicio tras la anulación de las leyes” de impunidad. Tanto el juez Arnaldo Corazza como el fiscal Marcelo Molina desestimaron la denuncia, pero el fiscal Guillermo Ferrara la impulsó. Como efecto colateral, el juez Corazza se apartó de la causa principal sobre la desaparición de López porque dijo que la causa iniciada por la familia le provocó “violencia moral”.

Fueron acusados los camaristas y el fiscal del Juicio por la Verdad, donde López declaró el 7 de julio de 1999 (Reboredo, Schiffrin, Nogueira, Pacilio y Piaggio), los jueces, camaristas y fiscal del caso Etchecolatz (Corazza, Rozanski, Insaurralde, Lorenzo y Dulau Dumm) y los abogados Fernando Molinas, Liliana Mazea, Godoy y Bregman. El juez federal Manuel Blanco los sobreseyó al considerar que no tuvieron los indicios necesarios como para presumir que el albañil estaba en peligro, y menos aún la voluntad de no protegerlo. “Pretender que luego del trágico hecho, los jueces y fiscales que llevaron a cabo la investigación a la que el testigo efectuó sus aportes deban afrontar las consecuencias de aquél resultaría manifiestamente irrazonable”, expresó Blanco. Y concluyó que “López omitió solicitar protección porque –al igual que su familia y los imputados en la presente causa– no vislumbró el peligro que lo acechaba”.

La apelación de familia de López llegó hasta Casación, donde ahora los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi confirmaron el sobreseimiento porque “no se verificó delito alguno por parte de los magistrados y abogados intervinientes en los procesos en que la víctima fue testigo”. La última posibilidad que tiene esta denuncia consiste en una apelación en queja ante la Corte Suprema. “Es muy grave que se haya intentado torcer el rumbo de la investigación desviándolo hacia nosotras. A pesar de eso seguimos saliendo a la calle a reclamar la aparición de Julio y el juicio y castigo a los responsables, a exigir que se investigue el entorno de Etchecolatz, a los penitenciarios de la cárcel donde se aloja, a la Bonaerense que encubrió”, agregó Bregman.