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El juicio oral contra los trabajadores estatales de Río Gallegos por el incendio de un edificio público culminó con sentencias condenatorias y una absolución, aunque todos pudieron recuperar su libertad porque ya habían pasado más de un año presos antes del inicio del proceso.

Las penas recibidas fueron desde uno a tres años de prisión por los delitos de “estrago simple” y “daño agravado”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Santa Cruz pidió el juicio político de la jueza que instruyó el caso, Valeria López Leston, y el fiscal Antonio Chan, porque durante las audiencias algunos testigos dijeron que sus dichos fueron tergiversados y los acusados denunciaron haber sido torturados por la policía para autoincriminarse.

“La libertad de los compañeros es un triunfo de la movilización popular”, expresó Miguel del Pla, dirigente del PO y secretario administrativo de la CTA Santa Cruz. Adentro y afuera de los tribunales estuvieron los familiares, acompañados por militantes de ATE, CTA, el gremio de judiciales y el abogado Carlos Platkowski, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y dirigente del PTS.