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La judicialización de la política o la politización de la Justicia, de la que renegó el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, no es ninguna novedad. La novedad es que cambió el signo del gobierno: pocas veces los intereses de sectores del poder económico, desde grupos sociales hasta grandes empresas y resonantes apellidos, habían sido afectados por políticas públicas. Ese cambio empujó al establishment judicial –el más impermeable a la transición democrática– a reaccionar en defensa de esos intereses. El proceso también se da desde el otro extremo: esos intereses buscan al establishment judicial para su protección.

El juez Alfredo Bisordi fue uno de los más retrógrados, un juez emblemático de lo más oscuro de la Justicia, pero no el único que obstruyó y demoró varios años el comienzo de los juicios a genocidas, torturadores y violadores. Quedaron otros como él, pero su remoción fue una advertencia de que había una decisión política para que esos delitos de la dictadura fueran juzgados. Efectivamente, fue una decisión política del actual gobierno, pero posterior a otra previa y hegemónica durante muchos años, impulsada por ese establishment para preservar la impunidad de los represores.

No ha pasado tanto tiempo de la forma escandalosa con que una empresa ostensiblemente dominante en el mercado de las comunicaciones, como el Grupo Clarín, usara sus influencias sobre ese establish-ment para obstruir durante varios años la aplicación de la ley de medios y su adecuación al proceso de desmonopolización, cosa que hasta ahora ha logrado evadir.

No hace tanto tampoco que el Estado francés entregó a la AFIP argentina información sobre 4040 cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza, de las cuales sólo 125 estarían declaradas. La AFIP está obligada a hacer la denuncia, pero encuentra dificultades de todo tipo para que un juez se haga cargo de la causa. Las cuentas implican alrededor de tres mil millones de dólares y se estima que sus titulares tienen una deuda impositiva acumulada desde 2007 de unos 61 mil 910 millones de pesos. Es sólo la punta del iceberg, porque la información que proporcionó el Estado francés es del año 2006 y de un solo banco. La evasión impositiva a través de la fuga de capitales es un delito extendido entre las clases acomodadas argentinas, que se rasgan las vestiduras por la corrupción ajena. En esa lista hay ejecutivos de empresas como Clarín y Cablevisión, o Loma Negra, e incluso de otras que no han tenido conflictos con el Gobierno pero que figuran en la causa.

La primera jueza que recibió la denuncia, María Verónica Straccia, se excusó por razones personales. Y el juez Hernán López Biscayart puso requisitos y condiciones que demoraron el trámite hasta que la AFIP terminó por recusarlo.

Resulta irónico porque mientras esto sucedía, en consonancia con esos hechos tan demostrativos, el Consejo de la Magistratura no podía iniciar juicio político al juez Claudio Bonadio, acusado de atrasar hasta hacer prescribir dos causas en las que el Estado habría sido estafado en millones de dólares durante el menemismo. La oposición mediática y política y la corporación judicial lo presentan como un prócer de la lucha contra la corrupción porque inició los expedientes que más han comprometido ante la Justicia al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y al vicepresidente, Amado Boudou. El argumento para defender al juez es que el oficialismo lanzó una ofensiva contra Bonadio a raíz de estas causas que afectan a altos funcionarios.

El oficialismo dice lo opuesto: que Bonadio inició estas causas como extorsión cada vez que avanzaban las denuncias en su contra en la Magistratura. Los hechos y la historia dan la razón al oficialismo. Bonadio tiene nueve expedientes de destitución abiertos por causas graves. Por el contrario, las causas express con que el juez quiso apretar al Gobierno son casi estúpidas. Los medios opositores suelen titular “Moreno al borde del juicio oral” o “Boudou seriamente comprometido” cuando se refieren a estas causas. Cuando tienen que explicarlas, lo dejan para la letra chica. Moreno no le pegó a nadie, su causa “por abuso de autoridad” es porque sancionó con multas a ONG privadas que emitían índices exagerados de inflación. Nadie pone en duda que los índices eran truchos porque las ONG no tienen infraestructura para realizarlos. Lo que está en juicio es si Moreno tenía autoridad para sancionarlos por ese motivo. Y si no la tenía, la causa se caratula “abuso de autoridad”. La causa contra Boudou no es por Ciccone, en la que no hay más pruebas ni se avanzó nada, sino por la transferencia de un automóvil, en 1993, dieciocho años antes de que fuera vicepresidente, en la que los gestores trucharon su firma y por eso la carátula es “falsificación de documento público”.

Ni siquiera se trata de si Boudou o Moreno son culpables o no. Lo que llama la atención es la rapidez con que se arman estas causas y las dificultades que hay para encarar la investigación de millones por evasión fiscal o de las causas por las que está acusado Bonadio en la Magistratura. Las dos más importantes son la investigación por la escandalosa privatización de Tandanor por el menemismo y la otra es por la sospechosa quiebra de la curtiembre de la familia Yoma, con deudas millonarias con el Banco Nación. Bonadio, que fue el segundo de Carlos Corach en el Ministerio del Interior durante el menemismo, dejó pasar el tiempo sin actuaciones hasta que las causas prescribieron. Y tiene otra muy importante por demoras injustificadas en convocar a testimoniar a dueños y médicos de laboratorios en los que 1200 pacientes hemofílicos se infectaron con VIH y hepatitis en transfusiones de sangre. Algunas de las víctimas ya habían muerto cuando fueron convocadas a declarar por el juez. Bonadio se apresuró a juzgar sanciones supuestamente mal aplicadas o la transferencia de un auto en 1993, pero se demoró en las causas de Tandanor, de Yoma y de estos laboratorios que implicaron pérdidas de vidas humanas y millones de dólares del dinero público.

La oposición, en especial el radicalismo, se abroqueló para defender al juez tan cuestionado. Para iniciar el juicio político a Bonadio se necesitaban nueve votos en la Magistratura. Toda la oposición, más los jueces, con la honrosa excepción de la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez, defendió al juez menemista que actuó de manera tan sospechosa en provecho de intereses también ligados con el menemismo, e impidieron que fuera juzgado y destituido.

Para protegerse, poco antes de esta votación, Bonadio había tomado una denuncia inocua por el atraso en la presentación de balances de una empresa de la que es accionista Cristina Kirchner y la transformó en una investigación contra la mandataria con altísima repercusión en los medios opositores. La intención política del juez fue clara. La oposición, sobre todo el radicalismo, se hizo cómplice de las trapisondas del juez con tal de mantener a la Presidenta en el foco de una investigación forzada durante la campaña electoral. Bonadio no pudo ser juzgado, pero hubo siete votos en su contra que alcanzaron para, al menos, aplicarle una sanción económica mínima. Es tan evidente el esquema de complicidades que el dirigente Eduardo Amadeo, un ex menemista que ahora está con Mauricio Macri, convocó burlonamente a hacer una colecta para ayudar a su correligionario.

El radicalismo y el GEN se cuelgan de esta extorsión de uno de los famosos “jueces de la servilleta” que denunciara Domingo Cavallo, porque han convertido el denuncismo en el eje de su discurso electoral. La paradoja es que sus denuncias se apoyan en uno de los jueces más denunciados y de esta manera lo protegen, que es el objetivo del magistrado al convertirse en denuncista serial para alimentar la campaña opositora y lograr esa protección, como ya lo ha conseguido. La diferencia es que las acusaciones que sobrelleva el juez son más serias, están más comprobadas y no tienen nada de electoralistas, porque han sido formuladas desde hace varios años. La complicidad de la oposición con esta estrategia para buscar su impunidad por parte de uno de los jueces más cuestionados pone en tela de juicio las otras decenas de denuncias que han ido apilando en su disputa con el Gobierno casi como único argumento.

En parte, la oposición defiende al juez Bonadio porque le sirve para la campaña electoral. Pero también está el sustrato ideológico que sostiene una aristocracia judicial que naturaliza los delitos de los sectores dominantes, desde los represores de la dictadura hasta privatizaciones tramposas o quiebras millonarias, y se ensaña con gobiernos a los que considera populistas porque ponen en riesgo esos privilegios.