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Seguridad (el tema que ha vuelto a ganar los titulares de los medios de comunicación en los últimos días) y corrupción (esa plaga que viene castigando a la Argentina desde muchos años y que se agravó en niveles alarmantes durante el “menemato”) son dos cuestiones estrechamente vinculadas. Sería inexacto, sesgado y al mismo tiempo injusto afirmar que los dos temas son responsabilidad exclusiva del Estado. Pero lo que ocurre con los cuerpos policiales habla claramente de graves fallas en el Estado. La corrupción –lamentablemente– atraviesa todos los niveles y estamentos de la sociedad argentina y la inseguridad está directamente emparentada con lo anterior. Existen verdaderas “empresas” del delito, montadas con ese único fin. También es una simplificación reducir el tema de la inseguridad a la pobreza. Es innegable que esta realidad es causa de muchas prácticas delictivas. Sin embargo, aun sin datos estadísticos precisos pero sobre la base de la observación de los hechos y de las prácticas sociales, no es difícil afirmar que si la pobreza genera un caldo de cultivo favorable para el delito, cuando a esto se le suma la corrupción (pública y privada) se provoca el mismo efecto que cuando se pretende apagar un incendio con nafta. Buscando encontrar soluciones que den rápida respuesta a la coyuntura y disminuyan la ansiedad y la lógica angustia que los hechos delictivos generan en la población, es necesario también mirar hacia el mediano y largo plazo para propiciar medidas de fondo. Una de ellas es, sin lugar a dudas, una verdadera reforma del Estado (y no los malos simulacros hechos hasta el momento) que asegure –realmente y no sólo en las apariencias formales– la transparencia en todos los niveles de funcionamiento, con controles que garanticen que las normas se cumplan y no se incurra en transgresiones. Las actuales autoridades están enfrentando un sinnúmero de problemas al mismo tiempo e incorporando de forma acelerada a la agenda cuestiones que habían sido dejadas de lado por muchos años. La gestión estatal necesita atender de manera simultánea la emergencia, el mediano y largo plazo. La seguridad y la corrupción se combaten también con reformas en el Estado y creando facultades para que la sociedad civil (a través de sus organizaciones más representativas en cada sector) ejerza auditoría y vigilancia ciudadana sobre el Estado. El cambio del accionar estatal y esa auditoría social no llegarán si no es de la mano de una reforma política que también está en la agenda presidencial, pero cuyos alcances necesitarán de un debate que cuente con amplia participación ciudadana.