El gobierno nacional autorizó ayer la desclasificación de la identidad de uno –o tal vez dos– agentes de la Secretaría de Inteligencia que supuestamente hablaron con el ciudadano argentino pro-iraní Alejandro Yussuf Khalil. Como adelantó Página/12 el domingo, la intención del Ejecutivo era facilitar que cualquier agente de Inteligencia requerido por el fiscal Alberto Nisman sea citado a declarar y responda ante la Justicia. Ayer algún medio sugirió que la medida se adoptó por la muerte del fiscal, pero la publicación en este diario el domingo demuestra que la decisión ya estaba tomada, sólo que Nisman le había dado pocas precisiones al Ejecutivo para que la desclasificación se pudiera hacer con nombre y apellido.

El texto del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, que autoriza a revelar la identidad de los agentes fue dirigido a la jueza María Servini de Cubría porque la magistrada subrogó al juez Ariel Lijo durante la primera quincena de enero y es la que dictaminó sobre la denuncia de Nisman.

“Se hace saber a usted –le dice Parrilli a Servini– que el señor fiscal federal libró oficio a esta Secretaría Presidencial requiriendo ‘la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia que surge del producido de las intervenciones telefónicas de los abonados número (y transcribe cuatro números de celulares)’”.

El problema para el Ejecutivo era que el fiscal no identificaba a nadie, algo llamativo si se argumenta que estuvo cuatro años investigando. Porque no es que señala los celulares de las personas de la SI a las que apunta, sino que esos números corresponden a personas cuyos celulares fueron intervenidos por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, pero que en las escuchas hablaron con el agente de Inteligencia sospechado. No se le dice a la SI desclasifique la identidad y las acciones, los hechos y circunstancias de Fulano y Mengano, sino que hay que buscar en unos cuatro años de escuchas quién de la SI habló con esos cuatro celulares.

Se supone que Nisman puso nombre y apellido en la denuncia judicial. Es más, el diario La Nación publicó el domingo que tenía el nombre de un agente de Inteligencia sospechado por Nisman y agregó que es de La Cámpora y misionero. Pero en el escrito dirigido al Ejecutivo no figura nada de todo eso y el escrito completo tampoco se le hizo conocer.

En todo caso, la decisión de la Presidenta fue habilitar la desclasificación de la identidad de cualquier persona requerida por Nisman y, como paso posterior, se relevaría del secreto al agente de la SI en cuestión para que declare ante la Justicia.

Esta no es la primera vez que el kirchnerismo toma este camino. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, éste firmó un decreto obligando a declarar en el juicio oral del caso AMIA a nada menos que 15 agentes de Inteligencia. Fue un paso inédito. Incluso declararon Jaime Stiuso y otros altos jefes como Patricio Finnen y Alejandro Brousson, además de agentes más rasos. Y la movida fue sin dudas inspirada por Cristina Fernández, que era quien conocía la causa al detalle porque fue miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados. CFK presentó un dictamen propio, que fue una durísima disidencia respecto del radicalismo y el justicialismo en esa comisión. La ahora Presidenta se quedó sola y votó contra los dos bloques mayoritarios que apoyaban la investigación del juez Galeano.

Aquella autorización para que declaren los agentes de la SIDE fue una auténtica bomba en el juicio oral. Llevó a los magistrados a concluir que “la investigación fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

Habrá que ver qué sucede esta vez y la lógica es que el agente sospechado termine declarando en la Justicia. Un dato que llama la atención es que el hombre fuerte de la ex SIDE, el aliado de Nisman, “Jaime” Stiuso, parece que dejó correr al sospechoso pro-iraní, pese a que estaba a su mando. Ahora lo denuncia, pero no lo hizo mientras fue su jefe. Seguramente es algo que tendrá que explicar.