Sin presencia opositora, el Frente para la Victoria dio inicio ayer al tratamiento parlamentario del proyecto que reforma la Ley de Inteligencia. Mientras el titular de la ex SIDE, Oscar Parrilli; su segundo, Juan Martín Mena, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, estaban en el Salón Azul del Senado presentando la iniciativa enviada por el Ejecutivo, a pocos metros, en otro salón, los senadores de la oposición convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que no participarían del debate en comisión, ni tampoco en la sesión prevista para la próxima semana (ver aparte). “Es necesario avanzar en una ley que ayude a tener una Inteligencia al servicio de la democracia argentina”, aseguró Parrilli, quien sostuvo que el oficialismo está abierto a “escuchar todas las propuestas que puedan hacerse para mejorar” y lamentó la “actitud casi intolerante” de la oposición, que no asistió al debate. El trámite continuará hoy a las 11 am con la exposición del CELS y del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales arrancó apenas pasadas las 14, con la asistencia de los funcionarios del gabinete nacional que buena parte de la oposición había pedido citar para dar explicaciones luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Mientras los legisladores de la oposición preparaban su presentación para los medios, Parrilli reseñó frente a una docena de senadores del oficialismo la historia de la ex SIDE y señaló sus influencias en el golpe de Estado de 1976. Posteriormente hizo un repaso artículo por artículo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Especificó que la ley vigente “no ponía limitaciones a las actividades que hacían los organismos de Inteligencia”, entre los cambios que destacó, señaló que los agentes de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (que reemplazará a la actual Secretaría de Inteligencia) se dedicarán exclusivamente al tratamiento y la investigación de delitos como terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos, trata de personas o aquellos que afecten la seguridad exterior. Advirtió que suprimió la atribución para intervenir en cuestiones de seguridad interior para evitar “que se siga repitiendo la historia”.

La iniciativa contempla la disolución de la SI y el traspaso de todo su personal, sus bienes y patrimonio al nuevo organismo, cuyo director y subdirector serán designados por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado. No se establecen mayorías especiales como en el caso de los jueces de la Corte Suprema o de la procuradora general, por lo que se necesitará mayoría simple para respaldar su nombramiento. Este director y el subdirector serán los únicos autorizados a interactuar con los funcionarios judiciales que soliciten alguna intervención de los servicios de Inteligencia. Por otro lado, se aumentan las penas para aquellos agentes que incurran en actividades ilegales. En ese sentido, Parrilli manifestó como un objetivo primordial “evitar las actividades de agentes que realicen actividades por cuenta propia o de carácter extorsivo” así como las “malas prácticas nocivas”. Aunque no se lo mencionó ayer en el Senado, algunas de las propuestas estaban vinculadas con la relación que mantenía el fiscal Nisman con el agente Jaime Stiuso.

“No es una norma perfecta o que no admita cambios. Se trata de una norma perfectible. No queremos tirar por la borda la experiencia de los últimos años de democracia, sino ver dónde están los defectos y aportar a que se discutan los temas sustanciales”, aseguró Zannini, que calificó como “lamentable” la ausencia opositora. “Nos llevamos la frustración de que no hemos tenido las preguntas de los opositores, aunque sean chicaneros a veces”, afirmó el funcionario. En cuanto al texto, el secretario de Legal y Técnica remarcó que no se persigue “una modificación sustancial” de la actual norma sino que “se achica y se especializa el órgano rector de la inteligencia nacional”.

Otro de los puntos desarrollados fue el traspaso de la dirección de observaciones judiciales –que se dedica, entre otras cosas, a realizar las escuchas telefónicas– a la órbita del Ministerio Público Fiscal. La oposición reclamó por los medios que sea la Corte Suprema la que tenga bajo control la denominada Ojota. “Pedir que se ocupe del tema la Corte es una equivocación, porque pondría así la producción de pruebas en sus manos y ello traería problemas en el caso de que tuviera que participar en esas mismas causas”, explicó Zannini. Los senadores opositores Luis Juez y Norma Morandini tienen presentados proyectos en los que reclaman que la Ojota sea traspasada al Ministerio Público Fiscal.

Los senadores del oficialismo hicieron también algunas preguntas a los funcionarios y remarcaron las ausencias opositoras. Miguel Pichetto, por ejemplo, planteó que se debería incluir en los artículos 17 y 23 que las transferencias al nuevo organismo y al Ministerio Público Fiscal deberán hacerse con las partidas presupuestarias respectivas, ya fijadas en el Presupuesto 2015. María Higonet, de La Pampa, preguntó si el plazo de 90 días que la ley fija para la creación de la nueva AFI también corre para el traspaso de la Ojota a la Procuración. Los funcionarios confirmaron que en ese período ya debería concretarse.

Ante el rechazo opositor a participar del debate, el oficialismo espera emitir dictamen hoy mismo y tratarlo la próxima semana. De todas maneras, como la Comisión Bicameral de Inteligencia también tiene que aprobarlo mañana, el oficialismo convocaría a sesión recién siete días después para cumplir con los plazos que establece el reglamento de la Cámara alta.