En un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal solicitaron –en el marco del debate parlamentario sobre la creación de la Agencia Federal de Investigaciones– que cada provincia tenga su propio organismo de intervención de teléfonos en causas judiciales que no correspondan a la Justicia Federal. “Estamos de acuerdo en que las escuchas en las causas federales y nacionales estén a cargo de la Procuración General de la Nación, pero en las causas de competencia provincial entendemos que las escuchas tienen que estar al frente de las procuraciones provinciales”, dijo Eduardo Quattropani, fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, tras el encuentro con Alak.