Esta mañana la Cámara de Diputados retomará el debate por la reforma de la Ley de Inteligencia aprobada la semana pasada en el Senado. El oficialismo continuará el cuarto intermedio pedido el último viernes y se espera la presencia del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y su número dos, Juan Martín Mena. La oposición, por su parte, volvió a dividirse entre los que asistirán o no al debate. La diputada Elisa Carrió anunció que va a ir al plenario de comisiones para llevar una denuncia contra el jefe del Ejército, en este caso por un supuesto “atentado contra el orden democrático”. Claudio Lozano, de Unidad Popular, también concurrirá al debate pero con otro argumento, el de “no vaciar las instituciones”. En cambio, la UCR, el PRO, el Partido Socialista, el GEN y otras fuerzas mantendrán su postura inicial de no asistir. Fuentes del Frente para la Victoria adelantaron que al finalizar el plenario presidido por Diana Conti se pasará a la firma el dictamen, que sería tratado en el recinto el próximo miércoles 25.

Horas antes de que se realice la marcha del silencio, el Congreso avanzará en el tratamiento del proyecto que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia. Será con la presencia de los funcionarios que ya expusieron en el Senado y del titular de la Cámara baja, Julián Domínguez. Los diputados oficialistas serán parte del plenario de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Defensa y de Legislación Penal. Esta última comisión fue incorporada por un reclamo de su presidenta, la macrista Patricia Bullrich, que de todas maneras no asistirá ni convocó formalmente a sus miembros.

“No soy una oportunista. Voy a asistir al plenario de comisiones para denunciar el atentado contra el orden democrático por parte del general Milani, comandante en jefe del Ejército, y para no darle ninguna excusa al oficialismo, que está en un claro intento de autogolpe, invocando una supuesta conspiración que en nosotros no existe.” La teoría del autogolpe y la denuncia a Milani pertenece a Carrió, que contará hoy con la compañía del diputado Fernando Sánchez. Pero Carrió no sólo desparramó sus habituales denuncias sobre el kirchnerismo, sino que criticó también a un sector de los organizadores del llamado 18F. “Quiero señalarles a ellos, jueces y fiscales, no a todos por supuesto, que tuve que ser fiscal de la nación cuando ellos no acusaban y tuve que decirle la verdad al pueblo cuando los jueces no actuaban o actuaban para garantizar la impunidad del poder, desde el menemismo a la fecha”, escribió en su cuenta de Facebook.

El otro opositor que se desmarcó de la postura de escaparle al debate es Lozano: “Estaremos presentes porque del mismo modo que no compartimos el trámite express que propone el oficialismo, tampoco compartimos la idea de parte de la oposición de vaciar de discusión al Congreso Nacional”, afirmó el diputado, que reclamó “desbordar las instituciones con el mayor debate posible”.

El único espacio opositor que estuvo el viernes pasado fue el Frente de Izquierda. El legislador del PTS-FIT, Nicolás Del Caño, expresó su rechazo al proyecto y adelantó que hoy también formarán parte de la discusión.

De todas formas, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para firmar dictamen y llevar el tema al debate el miércoles próximo. La versión original enviada por el Poder Ejecutivo sufrió varias modificaciones en el Senado, por lo que es poco probable que se produzcan otros cambios. De hacerse, el proyecto debería volver a la Cámara alta, por lo que no estaría listo para la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Entre sus puntos centrales, la reforma a la Ley de Inteligencia establece que el director y subdirector de la AFI serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado por mayoría simple. Ambos funcionarios podrán ser removidos por el Ejecutivo en cualquier momento. Entre otras tareas, serán los únicos autorizados para establecer la relación institucional con el Poder Judicial. Además, para solicitar el servicio de la AFI el juez tendrá que realizar una orden fundada, limitando así el rol de “auxiliar de la Justicia”, cuestionado por organismos de derechos humanos como el CELS.

Por otro lado, las escuchas telefónicas serán traspasadas a la órbita de la Procuración General y se establecen mayores criterios de transparencia y control para los gastos de Inteligencia. Los archivos se desclasificarán automáticamente a los 15 años y cualquier ciudadano que demuestre un “interés legítimo” podrá solicitar sus archivos. Además, se faculta al jefe de la AFI para otorgar una jubilación excepcional a los agentes de Inteligencia, en el marco de la reestructuración del organismo. La nueva agencia quedará constituida en un plazo de hasta 120 días.