Página/12 En Francia

Desde París

Una mayoría tambaleante obligó al gobierno socialista del presidente François Hollande a aprobar mediante un decreto una polémica ley “por el crecimiento y la actividad” destinada a liberalizar un poco más amplios sectores de la economía. “Existía una mayoría para que se aprobara el texto, pero no era segura”, dijo el primer ministro, Manuel Valls, luego de haber recurrido al artículo 49-3 que le permite adoptar una ley sin que pase por el voto. Unos 40 diputados socialistas, entre los que se encontraba el ex ministro socialista Benoît Hamon, habían adelantado que votarían en contra de una ley que absorbió un total de 190 horas de discusiones. Con este gesto político en contra de su propia mayoría, el jefe del Ejecutivo termina de consumar la ruptura en el seno del campo socialista.

Haciendo uso de su ya célebre tono autoritario y descalificador, Valls explicó que era preciso estar a la altura de las circunstancias y “ocuparse de los verdaderos problemas de los franceses: el desempleo, la vida de las empresas. ¿Usted cree que voy a perder mi tiempo con quienes persiguen otros objetivos?”. En el modelo democrático que defiende Valls, no sólo se gobierna por decreto aun cuando se cuenta con la mayoría absoluta, sino que, además, pensar diferente es una pérdida de tiempo.

El líder del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, resumió perfectamente la encrucijada cuando explicó que si la ley no consigue unir a toda la mayoría se debe a que “es una ley de la derecha”. A su vez, el autor del texto de ley, el ministro de Economía Emmanuel Macron, explicó que “la izquierda que no quiere actuar no sirve para nada”. En resumen, o se actúa como quiere el capital-capitán, de lo contrario toda expresión de desacuerdo democrático es inútil. Hace nueve años, cuando el gobierno conservador de Dominique de Villepin recurrió al mismo sistema de decreto que el actual Ejecutivo, el entonces opositor y hoy presidente Hollande había calificado el método como una “negación de la democracia”.

El socialismo francés aterrizó ayer en plena pista de esa negación para forzar el paso de una ley que enfurece al ala más socialista y que, en muchos casos, tuvo aspectos peligrosos para los mismos valores democráticos del país donde se aprueba. Durante los debates, varios artículos de dudosa transparencia democrática fueron retirados del proyecto, pero ello no bastó para aplacar la rebelión de un sector del socialismo. La derecha aprovechó la crisis que desató esta ley para presentar una moción de censura que se debatirá el próximo jueves. Esta ácida disputa dentro del campo socialista es un capítulo más del enfrentamiento entre socialdemócratas y socialistas liberales. La ley Macron simboliza la transformación de un segmento importante del socialismo francés y su reorientación liberal. Lo que ha quedado plasmado con este no voto es que el presidente Hollande perdió la mayoría con la que contaba. Como lo reconoció el diputado socialista Laurent Baumel, “no hay una mayoría de izquierda para une ley de inspiración social-liberal”.

La ley “por el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades” es un arma de doble filo: por un lado, sirve para liberalizar sectores de la economía lastrados, según el gobierno, por la falta de libertad para emprender y, por el otro, para rebanar la influencia de lo que se ha convertido en una suerte de mancha negra, es decir, los depositarios de una idea histórica del socialismo. La ley Macron pretende modernizar la economía francesa sin que se sacrifique el modelo social francés. El proyecto de ley tiene dos objetivos: alentar la inversión y generar empleo. Entre sus medidas figura la privatización del sector público por un monto que oscila entre los 5000 y 10.000 millones de euros, el abaratamiento de las tarifas de los escribanos o de los peajes de las autopistas, la desaparición de los obstáculos que impiden que los comercios abran los domingos. A los socialistas rebeldes les disgustó una de las disposiciones del texto que autoriza a los comercios a abrir doce domingos por año en vez de los cinco actuales. La retórica gubernamental consistió en presentar esta ley como una suerte de confrontación entre la libertad y las restricciones. Su aprobación le costó el último hilo que sustentaba su mayoría.