Viernes, 6 de marzo de 2015 | Hoy
EL PAíS › LA SALA I DE LA CAMARA FEDERAL DEFINIRA SOBRE LA APELACION DE GERARDO POLLICITA
El tribunal que debe decidir sobre la denuncia de Nisman está integrado por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler. Son los jueces que el año pasado declararon inconstitucional el acuerdo con Irán. Convocaron a las partes a una audiencia el 19 de marzo.
La sala I de la Cámara Federal porteña salió sorteada para intervenir en la desestimación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. La primera medida que tomaron sus integrantes fue fijar una audiencia con las partes para el jueves 19 de marzo, con el objetivo de que los actores presentados en la causa expresen fundamentos de manera oral o por escrito ante el tribunal. Luego de esa audiencia, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler quedarán en condiciones de resolver si confirman o revocan el fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman por inexistencia de delito.
Las partes convocadas para la audiencia son el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, y las defensas de Timerman, del dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, del líder de Quebracho Fernando Esteche, del presunto espía Allan Bogado y del ex juez y fiscal Héctor Yrimia. Se trata de los acusados que presentaron defensa en la causa, mientras que la Presidenta, el diputado Andrés Larroque y el líder de Miles Luis D’Elía, también acusados, no presentaron abogados. Según fuentes judiciales, los tres camaristas charlaron informalmente ayer sobre el expediente y hoy se lo enviarán al fiscal general Germán Moldes.
Una vez que las partes sean notificadas podrán hacer presentaciones en la cámara, entre ellas recusaciones a los jueces y al fiscal Moldes. La cámara tendrá que decidir si confirma la resolución de Rafecas que desestimó la denuncia o si hace lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita, que consideró “prematuro” y “precipitado” el cierre del expediente y pidió que se hagan las medidas de prueba que había solicitado cuando requirió a favor de iniciar la investigación penal.
Se trata de la misma sala que el año pasado declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán, el instrumento que Nisman consideró que utilizaron los denunciados para encubrir a los acusados del atentado a la AMIA. Pollicita dijo que se debe investigar la denuncia de Nisman porque están “imputadas personas de tan alto nivel gubernamental” y dijo que “en ningún momento” se sintió “condicionado” para avanzar en la causa.
La sala I de la Cámara Federal es considerada en algunos ámbitos como la más cercana al Gobierno, aunque para otros ya no lo es. En cualquier caso, todas las miradas políticas y judiciales se posaron desde ayer en los jueces Ballestero, Farah y Freiler. Nombrados como camaristas durante el kirchnerismo y con mucha experiencia en el fuero federal, sus últimos fallos en causas de fuerte impacto político no favorecieron precisamente a la administración kirchnerista.
Los camaristas que ahora deben decidir si hacen lugar a la apelación de Pollicita, además de declarar inconstitucional el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, confirmaron los procesamientos del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ci- ccone y del ex titular de la Sedronar Ramón Granero por tráfico de efedrina. En la causa Ciccone, la Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar el rol de la AFIP en el hecho y uno de los jueces, Farah, pidió directamente la indagatoria de Echegaray. Además, hace dos semanas confirmó a Bonadio al frente de la causa Hotesur, la firma que administra los hoteles de la Presidenta en el sur del país, un magistrado que se viene pronunciando en forma sistemática en contra del Gobierno.
Ballestero, Farah y Freiler fueron designados en la Cámara Federal luego de los respectivos concursos públicos, con experiencia en investigar al poder político. Ballestero llegó a la cámara en octubre de 2008 nombrado por Cristina Fernández, luego de ser uno de los jueces federales de primera instancia durante el menemismo a cargo de la causa por la llamada “mafia del oro” y el megacanje de la deuda en la Alianza. A Freiler lo designó Néstor Kirchner en agosto 2004 y previamente había sido fiscal federal, cargo desde el cual investigó el robo de bebés durante la dictadura militar y envió a juicio a Fernando de la Rúa por las presuntas coimas en el Senado. Y Farah tuvo doble nombramiento durante el kirchnerismo: en agosto de 2004 fue designado juez federal de Mar del Plata y en agosto de 2008 llegó a la Cámara Federal como juez de la sala II, pero también integra la I como subrogante.
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