En una jornada sin grandes sobresaltos, el Senado modificó ayer –en la primera sesión ordinaria del año– el texto del proyecto de ley de la Cámara de Diputados para indemnizar a los ex trabajadores de YPF que fueron marginados del Programa de Propiedad Participada durante la privatización menemista, por lo que volverá a la Cámara baja con el compromiso de su “pronto tratamiento”, mientras que la oposición se quejó por la “dilatación” de su aprobación. Los senadores también dieron por unanimidad media sanción a la declaración de “zona de desastre y emergencia económica y social por inundaciones e incendios” a las provincias de Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Chubut. El tratamiento de la propuesta de indemnizar a las víctimas de la voladura de la AMIA, impulsada por el Gobierno desde mediados del año pasado, quedó postergado hasta la semana próxima.

El primero que gozó de los beneficios de una sesión acordada y sin mayores diferencias fue el vicepresidente Amado Boudou, que esta vez no sufrió los embates opositores que le reclaman que dé un paso al costado tras su procesamiento en la causa Ciccone. Las senadoras oficialistas María de los Angeles Higgonet (La Pampa) y María Ester Labado (Santa Cruz) explicaron las modificaciones que se introdujeron a la media sanción de Diputados sobre la indemnización a los “ex ypefianos” que poseían acciones del Programa de Propiedad Participada, que se vendieron tras la privatización menemista sin el aval de al menos 36 mil trabajadores. Entre los cambios mencionaron la aclaración de que el monto que percibirán corresponde a una indemnización laboral y por lo tanto está exenta del Impuesto a las Ganancias; la eliminación del artículo 4 que suspendía todos los juicios por 120 días, con el peligro de que el mismo pudiera ser considerado como inconstitucional por al Justicia. “No sé si es la mejor ley, pero la estamos mejorando en todo lo posible”, dijo Labado, que habló como hija de un ex trabajador de YPF al tiempo que aclaró que ya habían hablado con los presidentes de las comisiones de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, y de Energía, Mario Metaza, de la Cámara baja, para que asuman el “compromiso” de tratar el proyecto.

La oposición, a través de la radical Laura Montero, el socialista Rubén Giustiniani, Jaime Linares (GEN) y el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, se quejó de la “dilación por la sanción de la ley”. El senador del MPN y dirigente del sindicato de petroleros privados Guillermo Pereyra –ahora alineado con el massismo– dijo: “La verdad es que el Ejecutivo no quiere pagar a los trabajadores”. Finalmente, la oposición votó en bloque a favor de la media sanción de Diputados y ahora el proyecto volverá a la Cámara baja.