Cuando fue el recital, la polémica giró en torno de una foto que mostraba a Mauricio Macri con una mirada indiscreta hacia las curvas de la adolescente Martina Stoessel, que sobre el escenario también es conocida con el nombre artístico de Violetta. Luego se supo que el jefe de Gobierno porteño le había pagado a la cantante de 18 años un cachet de aproximadamente 400 mil pesos. Pero lo que no se supo es que la gestión PRO autorizó un gasto por seis millones de pesos para el despliegue del espectáculo. Las contrataciones se hicieron sin licitación y con un mecanismo reservado a casos de emergencia. Las empresas contratadas comparten accionistas, gerentes y tres de ellas tienen el mismo domicilio.

“La gestión macrista descubrió que era posible contratar en forma directa una productora artística por montos millonarios, amparándose en un decreto reservado para casos de urgencia e imprescindible necesidad y disfrazándolo de solidaridad social”, cuestionó el legislador ibarrista Fernando Muñoz.

El evento se lanzó en mayo del año pasado como un recital solidario para miles de personas, con Stoessel como figura estelar. La consigna era: “Doná un juguete para que los niños que menos tienen puedan disfrutar de la Navidad”. También se planteaba tener más conciencia ambiental. “Quedé embelesado. Martina tiene una magia especial”, dijo Macri, quien apareció junto con la cantante y luego fue cuestionado por la dirección descendente de su mirada. Detrás de ese episodio de vodevil estuvo el gasto millonario que hizo el gobierno porteño para esa puesta de escena. Estos montos recién se conocieron en diciembre del año pasado, cuando se publicaron en el Boletín Oficial porteño.

Cuatro piolas

Se trata de una batería de resoluciones de los ministerios de Cultura y de Hacienda que habilita los gastos en función del decreto 556/10 firmado por Macri, que plantea la posibilidad de obviar las licitaciones en casos de urgencia. Para Muñoz, éste no es el caso de un recital previsto desde hacía meses. Mediante estos decretos, sin pasar por una licitación ni ninguna otra compulsa, el gobierno porteño pagó a una serie de empresas que tienen evidentes lazos entre sí:

- A BDA Producciones SRL el gobierno porteño le pagó 900 mil pesos para el transporte de equipamiento y personal de producción, logística, grúas y limpieza. En la página web de esta firma figuran otras dos de las contratadas para el evento como “empresas asociadas”: Nuevos Aires y 4 Piolas. De hecho, las tres comparten el mismo domicilio: José Antonio Cabrera 5722, departamento 2.

- A Nuevos Aires Producciones SRL le pagó un millón 600 mil pesos por la preproducción y producción en general en escenarios y pasarelas.

- A la firma 4 Piolas SRL otros 800 mil pesos por la instalación eléctrica y el alquiler de un grupo electrógeno. El gerente de esa firma es José Luis López, a quien el Banco Comafi caratuló como deudor irrecuperable con un monto de dinero muy bajo. Otro de los socios de 4 Piolas es Marcos Costa, quien también es director de Oymyakon SA, otra de las empresas contratadas sin licitación.

- La compañía Oymyakon SA recibió otro millón y medio de pesos por la ambientación de interiores y exteriores, el control de los ingresos de personas y vehículos y “el alquiler de utilería y mobiliario para distintas actividades”. Su presidente es Roberto Costa y uno de sus socios es Christian Eduardo Romanello, quien es director suplente de otra de las empresa contratadas: Matusik SA.

- A la empresa Matusik SA el gobierno porteño le pagó medio millón de pesos por el alquiler de pantallas LED gigantes. “El ministerio (de Cultura) cuenta con compromisos asumidos desde el mes de diciembre”, es el único argumento que se da, además del decreto, en todos los casos.

- Finalmente, la empresa Fa Sostenido SA recibió otros 700 mil pesos. En este caso, por el montaje y desmontaje de los camarines, la ambientación, la decoración, el catering y el servicio de Internet para la prensa e invitados.

En todos los casos se puso el pretexto de la “imprescindible necesidad” para no pasar por ningún tipo de compulsa o licitación a la hora de contratar estos servicios que, sumados al cachet de Stoessel (que nunca se informó oficialmente), superaron los seis millones de pesos. Las relaciones entre las empresas deja la sospecha de que el dinero fue todo a parar a las mismas manos.

El legislador Muñoz advirtió que las empresas contratadas, además de tener lazos entre sí, tienen algo en común: “Todas participaron en contrataciones previas en realización de eventos. Siempre se les adjudicó contratos con este mecanismo, reservado para casos de urgencia”.

“Más de seis millones de pesos para infraestructura, producción y cachet se pagaron en el recital de Martina Stoessel –advirtió Muñoz–. Entre las razones que se esgrimieron está ‘la promoción de la concientización del cuidado del medio ambiente, como también que el que asistiera pudiera donar un juguete’. Disfrazado de acto solidario, la gestión macrista contrató a una productora por montos millonarios. Está claro dónde están las urgencias y cuáles son las prioridades del gobierno macrista.”