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Con el voto de dos miembros de la Sala IV, la Cámara del Crimen decretó la nulidad de todo lo actuado en la causa promovida por Raúl Juan Pedro Moneta contra su ex socio Thomas Hicks por el control de Cablevisión. Con la anulación queda sin efecto también la “intervención informativa” a la empresa, dispuesta por el juez de primera instancia Ismael Muratorio.
La resolución aplica un duro golpe a la estrategia judicial empleada habitualmente por el ex banquero al poner la mira en la actuación de dos magistrados de la Justicia ordinaria, Muratorio y Juan José Mahdjoubian. Para ellos abre la posibilidad de investigarlos por eventuales delitos de acción pública.
El fallo adquiere ejemplaridad al cuestionar por primera vez la existencia de esa institución paraoficial conocida como “forum shopping”, es decir, el sistema empleado para que las causas recalen en juzgados amigos. “Los jueces –sostienen los camaristas Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone– no sólo deben ser imparciales sino también parecerlo y toda sospecha fundada de temor de parcialidad, como la que surge en este caso, debe ser considerada y remediada en la medida de lo posible.”
La intervención del tribunal de alzada se produjo a raíz de un pedido de recusación de Muratorio formulado por Jorge y Santiago Kent, abogados del grupo Hicks, Muse, Tate & Furst. Sin embargo, la decisión se funda en dos cuestiones previas: los métodos utilizados para que la denuncia ingresara en el juzgado de Mahdjoubian y, luego, la aspiración de esa misma causa hacia el juzgado de Muratorio bajo la excusa de la “conexidad”.
El litigio se había iniciado a mediados de diciembre de 2002, cuando Matías Eusebio Bravo Pearson (pariente de Moneta) presentó una denuncia contra los directivos del fondo inversor HMT&F (su antiguo socio) ante una dependencia no habitual para radicar una cuestión de complicada índole financiera: el Departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal. En esos momentos se encontraba de turno Mahdjoubian. Rumbo a su despacho fue girada la presentación de Bravo Pearson, apoderado de ELP Investments, sociedad de las Islas Cayman controlante de República Holdings, ambas presididas por Moneta.
Ante el juzgado 29 de Mahdjoubian, Bravo Pearson solicitó una medida cautelar: que se embargara un fondo de garantía depositado en el J.P. Morgan de Nueva York, donde estaba depositado el saldo de la venta de acciones del CEI, el multimedios de Moneta, el Citi y el fondo HMT&F. El fiscal lo consideró prematuro y denegó la solicitud. Fue entonces que Alejandro Mitchell, abogado de Moneta, “recordó” la existencia de una antigua causa (1998) iniciada por un accionista del CEI ante el juzgado de Muratorio y que había sido derivada al fuero penal económico. En consecuencia, el joven y memorioso abogado volvió a peticionar: pidió que Mahdjoubian se desprendiera de la denuncia de Bravo Pearson y que ésta se acumulara –“por conexidad”, dijo– en lo de Muratorio.
Mahdjoubian fue veloz. Certificó la existencia de aquella causa previa, el mismo día se declaró incompetente y aceptó la competencia de su colega Muratorio. Este, ni corto ni perezoso, hizo lugar a la medida precautoria y a las 24 horas embargó las acciones, tal y como había sido solicitado por Matías Bravo Pearson.
La velocidad del procedimiento echaba por tierra las quejas sobre la tan mentada lentitud de la Justicia. El poderoso texano Tom Hicks tembló: si así se hacían las cosas, su libertad no valía un centavo. El temor a que Muratorio se despachara entre gallos y medianoche con una orden de detención lo llevó a suspender las reuniones de directorio en Buenos Aires y trasladarlas preventivamente a Uruguay.
El recurso de la denuncia policial, su cálida recepción en el juzgado de Muratorio y las kafkianas consecuencias que las dos cosas suelen tener para los denunciados por el ex banquero, fueron probadas amargamente por Jorge Macchi, desarrollista del Edificio República (primera sede deTelefónica, del CEI y de Moneta), acusado de extorsión por su contratante luego de que reclamara el pago de sus honorarios. Macchi sufrió un auténtico calvario, con cuatro procesamientos de Muratorio y otros tantos desprocesamientos ordenados por la Cámara que, incluso, llegó a anular uno de ellos por insostenible.
El abogado defensor de Macchi, Adolfo Casabal Elía, formuló por ello un pedido de juicio político al juez ante el Consejo de la Magistratura. La solicitud de jury estaba en el mejor lugar y en el peor momento: por esas épocas había sido destituido uno de los grandes adversarios del banquero tradicionalista, el juez federal mendocino Luis Leiva. Y ocurrió lo imaginable: el Consejo archivó la solicitud de juicio político a Muratorio. Una operación similar estaría en el origen del allanamiento al diario La Nación (que Moneta intentó comprar) ordenado por María Romilda Servini de Cubría.
Ir al grano
Los camaristas Barbarosch y Bruzzone observaron de inmediato la perversidad del mecanismo puesto en marcha por Moneta y sus letrados con la asistencia de Mahdjoubian y Muratorio. El fallo desecha de manera radical las causales de conexidad invocadas. “Se está ante una articulación que encontró acogida y excelente receptividad en una congruente maniobra de declinación y aceptación, a su turno, efectuada por dos magistrados del fuero”, sostiene Barbarosch. Funda el apartamiento de Mahdjoubian en su participación “–por vía de la torpeza o con intencionalidad, este solo efecto da exactamente lo mismo– en el entretejido de una maniobra que en definitiva sacó el proceso de quien era su juez natural”.
Una extensa opinión emiten los magistrados en relación al oscuro origen de la causa, un caso exponencial de lo que se ha dado en llamar “forum shopping”. Barbarosch lo califica de “nefasto sistema por el cual las partes, mediante artilugios deleznables, eligen el juez que intervendrá en el proceso penal en donde se decidirá la suerte de sus intereses en juego”.
Bruzzone, por su parte, reseña que la irónica denominación de “forum shopping” pertenece en su arranque al Derecho Internacional Privado. Hacia 1991 la fórmula fue reflotada en el caso de una jueza que había indicado a sus clientes en qué lugar del extranjero debían formular una denuncia para que, con posterioridad, ella fuera competente en el país.
Debido al sistema de turnos rotativos, explica Bruzzone, es posible conocer con antelación quién es el juez que entenderá en una determinada causa y “la denuncia ante alguna dependencia de la Policía Federal se convierte en la ventana abierta por la que se filtran muchos supuestos donde se escoge a dedo el juzgado (...) En la presente causa se detecta precisamente esa práctica porque la denuncia (...) ante el Departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal no encuentra razonabilidad alguna, salvo la sospecha de que se quiso elegir el órgano jurisdiccional interviniente”. Los dos camaristas coinciden en que esa posibilidad vicia de nulidad lo actuado desde un primer momento y resuelven que “ante la posible comisión de delitos de acción pública” se disponga la extracción de copias del expediente para investigar la conducta de Mahdjoubian y Muratorio.