[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Auditoría General de la Nación está acumulando información que resultaría de sumo valor al Gobierno en la disputa verbal que por estos días protagoniza con las empresas del área eléctrica. Según descubren algunos de los informes que el auditor general Leandro Despouy comenzó a compilar, las distribuidoras eléctricas registran debilidades en la prestación del servicio desde tiempo antes de la devaluación, pesificación y congelamiento de las tarifas aludidos por ellas para explicar la reducción en sus programas de inversiones y consiguientes riesgos de cortes. El trabajo de los auditores destaca que más del 70 por ciento de las deficiencias que durante 1997 y 1998 Edenor, Edesur y Edelap atribuyeron a razones de “fuerza mayor” o “fortuitas”, en realidad eran problemas imputables a esas privatizadas, según juzgó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Sin embargo, este órgano se quedó a mitad de camino, ya que no aplicó sanciones ni forzó a las empresas a bonificar las tarifas de sus usuarios afectados. Peor aún: la Auditoría acusa al ENRE de haber archivado investigaciones de las que se derivaba culpa de las prestadoras por accidentes en la vía pública o dejó “sin resolución” otros muy graves, aun cuando de ellos se derivó la muerte del accidentado.
Por pedido del Gobierno, la Auditoría comenzó a analizar las últimas resoluciones del propio organismo sobre el desempeño de este ente y la calidad del servicio de las empresas controladas. Una de ellas reitera lo que la entidad ya había señalado en trabajos anteriores sobre la “falta de acción del ENRE”, luego que descalificara los argumentos esgrimidos por las empresas para explicar distintas dificultades en el suministro.
Las situaciones bajo análisis ocurrieron entre 1997 y 1998. En la mayoría de ellas, las distribuidoras adujeron que se trataba de un caso fortuito o fuerza mayor, situaciones contempladas en el Código Civil y reinterpretadas por resolución del ente de control para adaptarla al marco legal de la privatización. Es un encuadre clave, ya que exime de responsabilidad a la prestadora y, por lo tanto, la libera de penalidades.
Pero según el análisis de los auditores, sólo en el período marzo-agosto de 1997, Edenor alegó aquellas razones ajenas a su control en 909 casos denunciados, de los cuales 830 fueron rechazados. Algo mejor fue la suerte de Edesur, a la que sobre 398 casos le rechazaron 104. Edelap tuvo una performance similar durante el período que va de julio a diciembre de 1998: los reguladores consideraron que 39 de los 49 casos en estudio eran imputables a la propia distribuidora que opera Techint.
A pesar de esta constatación, “no existen a la fecha resoluciones efectivas ni sanciones con relación a los casos rechazados (...). Al no haberse acreditado causas de eximición de responsabilidad a favor de las concesionarias, correspondería la imposición de sanciones pertinentes de parte del ENRE, lo que no se ha verificado en particular”, sostienen los auditores, quienes hacen especial hincapié en las grandes debilidades del sistema de control oficial.
Las empresas no han sido multadas por aquellas fallas imputables a ellas, ni se ha puesto en marcha el mecanismo para resarcir a los usuarios afectados que, según la legislación vigente, tendrían derecho a una bonificación en sus facturas o a un pago en efectivo. Los auditores subrayan que no hay “un procedimiento único” para tal compensación. Pero no tienen dudas sobre la responsabilidad del ENRE de garantizar este derecho así como el cumplimiento de la obligación empresaria.
Otra deficiencia grave de los reguladores surge cuando éstos investigan accidentes en la vía pública ocurridos durante el año 1998. De acuerdo con el resumen de AGN, el ENRE archivó expedientes como “resueltos” sin hacer a las empresas las imputaciones que hubieran correspondido y sin siquiera informar a los usuarios afectados acerca del resultado de su trámite. En otros casos, dejó “sin resolución” investigaciones en los que habría llegado a probarse negligencia de las distribuidoras.
Entre los ejemplos de causas archivadas indebidamente se cita el la electrificación de un pilar de entrada a una vivienda de Avellaneda, sobre la calle Carnot. “De acuerdo a la distribuidora sucedió por error de conexionado”, en el que “no hubo actuación de terceros”. Los auditores la califican como una “situación cuestionable”, ya que no se respondió al usuario damnificado “y no se aplica la sanción pertinente a la distribuidora ante la falta de mantenimiento y/o negligencia de la misma”. En la misma resolución advierten que si aquel cliente de Edesur decidiera hacer un juicio “la figura de la representación pública ejercida por el ENRE podría quedar cuestionada”.
El ENRE también es cuestionado por “dilatar” la resolución de investigaciones delicadas, como la del “Incidente en Cámara ubicada en Olazábal y Murguiondo, Lanús”, a raíz del cual en su interior murió un hombre y sufrió heridas graves una mujer. Tras una inspección, “el ENRE dictaminó que correspondía efectuar cargos a Edesur por no haber precintado ni cerrado con candado la estación transformadora”. La firma operada por Endesa hizo su descargo y el trámite quedó sencillamente congelado, sin un pronunciamiento definitivo, según lamenta la AGN.
Estos problemas no invalidan el hecho destacado por la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico (que aglutina también a generadores y transportistas) acerca de que la frecuencia de los cortes “se redujo a una cuarta parte en relación al nivel previo a las privatizaciones”. Tampoco niega la disyuntiva empresaria de tener deuda e insumos parcialmente dolarizados y tarifas pesificadas y estables. Pero prueba que el problema de estas privatizaciones trasciende el que se originó con la devaluación del peso, ya que las deficiencias en la prestación y, fundamentalmente, en su control, son previas al cambio de reglas.
Previsiblemente, estos datos que la Auditoría se apresta a elevar a Economía y, por esta vía, al propio Néstor Kirchner serán puestos sobre la mesa por los negociadores oficiales a la hora de discutir la oportunidad y envergadura de un eventual aumento. Algo que parece alejarse, a la luz de la tensión actual.