El fiscal de Azul Walter Romero pidió indagatorias, allanamientos y prohibición de salida del país para 18 personas en una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad vinculados a Loma Negra, la emblemática cementera de Amalia Lacroze de Fortabat. Entre ellos hay integrantes de las Fuerzas Armadas y personal civil de inteligencia. Uno de los nombres más simbólicos es el del entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe de la guarnición militar de Olavarría. El represor fue condenado por la causa Monte Peloni, pero nunca fue llamado a indagatoria por este caso y fue citado como “testigo” durante lo que puede pensarse como la primera etapa de este proceso: el juicio oral por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno, al final del cual el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata pidió investigar a la comisión directiva de Loma Negra porque entendió que había elementos que suponían la participación de la empresa en su secuestro y asesinato. El expediente incorporó un nuevo tramo a la investigación, por el secuestro de seis trabajadores de la cementera denunciados en julio de 1976 por los directivos Ernesto Cladera y Jacinto Takieldin, ambos ya fallecidos y alcanzados por el punto final biológico, como sucedió con otros responsables de la empresa, incluida la señora de Fortabat.

La semana pasada se cumplieron 38 años de la desaparición de Carlos Moreno. Su hijo Matías, su hermano Martín y su viuda Susana Mabel Lofeudo se presentaron como querellantes en el juzgado federal de Martín Baba, en Azul, que tiene a cargo la instrucción de la causa. Se sumó la querella de las secretarías de derechos humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. El dato es significativo: este tramo de la causa por la complicidad civil hasta ahora no tenía querellantes. “Esta presentación es importante para nosotros porque permite profundizar las investigaciones sobre las responsabilidades civiles durante la última dictadura que ponen en evidencia los intereses de los grupos económicos hegemónicos, como Loma Negra, o Ledesma entre otras”, dijo Matías. “Estas empresas se beneficiaron claramente con el modelo económico de la última dictadura y contribuyeron al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a través del secuestro y las desapariciones de trabajadores y abogados laboralistas, como condición necesaria para la implementación de ese modelo.”

El fiscal Romero sostuvo en su presentación que “a partir de valiosos testimonios aportados por personal de la empresa que prestaba servicio en la época de los sucesos que aquí se ventilan, se logró confirmar la hipótesis inicial en relación a la participación de la empresa en los hechos que damnificaron a Moreno. A su vez, se obtuvieron elementos de prueba suficientes que permitieron ampliar el objeto procesal inicial de estas actuaciones, incluyéndose así las detenciones ilegales sufridas por Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Alvarez y José Ricciardi, todos ellos empleados de la fábrica Loma Negra”.

Estas presentaciones tienen dos antecedentes importantes. El pedido del TOF de Mar del Plata que condenó a los responsables materiales del asesinato de Moreno y ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de Loma Negra. Hoy parece extraño, pero en septiembre de 2013 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó las condenas, pero además confirmó el impulso para esa investigación ad hoc sobre el directorio y la complicidad.

El otro dato de esta causa es la prueba documental. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración, a cargo de Judith König, estudió los libros contables de la empresa. La Ofinec analizó rentabilidad y costo laboral y concluyó que “la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar y redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 1977 del abogado”. En el rubro contable, la Ofinec encontró que la empresa ponía los importes que iba a erogar en materia de indemnizaciones. “No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos”, explicó König. “Vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho (el asesinato de Moreno) sucedió en el ‘77, y para el año siguiente el importe bajaba. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.” Y ante la pregunta de si esa enorme caída tuvo que ver con el asesinato de Moreno, explicó que “está más marcado con la extinción del factor litigante”.