Renán Vega Cantor, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá e integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), lo llama el “imperialismo sexual”. Esa es una de sus conclusiones sobre la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Está explicada en un extenso informe oficial de 809 páginas que presentó aquella comisión de expertos en febrero pasado y cuya vigencia se fortaleció con las orgías de efectivos de la DEA que le costaron la cabeza a su directora, Michele Leonhart, en abril. El autor aporta un ejemplo de “las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles y militares de EE.UU.” en su país: el caso de las 53 niñas abusadas en las localidades de Melgar y Girardot en 2007. El más difundido de estos delitos es el de la hija de Olga Lucía Castillo. Tenía 12 años cuando la secuestraron y drogaron en una discoteca. Terminó en la base aérea de Tolemaida, donde la violaron dos uniformados estadounidenses. Pero hay más. Como lo documentan las denuncias de prostitución infantil en el puerto de Tumaco, sobre el Pacífico, conocidas en 2013. O los sitios de Internet descubiertos en 2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la zona vecina a la base de Palanquero.

Cuando habla de “imperialismo sexual”, Vega Cantor compara el caso de Colombia con el de “todos los lugares donde se encuentran militares de Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur”. El profesor –también diplomado en la Universidad de París– define a su país como “el portaaviones terrestre de Estados Unidos” desde 2009, cuando se estableció que EE.UU. utilizaría siete bases en su territorio por un acuerdo con el gobierno de Alvaro Uribe. Están ubicadas en Cartagena, Malambo, Tolemaida, Palanquero, Apiay, Bahía Málaga y Larandia. Son una formalidad bilateral. Otras instalaciones militares eran empleadas desde mucho antes, sin que existiera el acuerdo firmado por el ex presidente. Colombia es un disciplinado escudero de Estados Unidos desde la década del ’50. Al punto que colaboró con un batallón de 5204 soldados en la Guerra de Corea (1950-1953).

Basándose en el texto de Vega Cantor, una guerrillera de las FARC, Natalie Mistral, escribió un extenso artículo donde sostiene que “la prostitución organizada alrededor de las bases norteamericanas es justificada por la administración militar con el eufemismo de ‘las necesidades sexuales’ de sus soldados. Estamos ante el mayor proxeneta del planeta”. Para Mistral, “no es difícil averiguar por qué los alrededores de las bases ocupadas se volvieron inseguras zonas rosas, donde ya las niñas no pueden salir solas a la calle”.

El caso que más repercusión tuvo en Colombia es el de la niña de 12 años violada la noche del 26 de agosto de 2007 en Melgar, departamento de Tolima. Su madre, Olga Lucía Castillo, buscó y buscó hasta que encontró a los responsables. Son dos soldados norteamericanos que regresaron a su país amparados en las leyes de inmunidad que EE.UU. firma con los países donde tiene bases o realiza maniobras conjuntas de tropas: el sargento Michel Cohen y el militar retirado César Ruiz, contratado en el marco del Plan Colombia.

La mujer le dio una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá el 22 de marzo. Dijo que “al final se pudo establecer que la niña había sido violada, logramos saber quiénes eran los responsables y, pese al dolor que nos embargaba, yo misma los busqué en la base y los confronté. Su respuesta fue: ‘Su hija es una putica; aquí no ha pasado nada’”. Desde ese momento, a Olga comenzaron a seguirla, tuvo que abandonar Melgar con sus dos hijas –la mayor, que fue la víctima, hoy tiene 20 años– y perdió todo. El diario informó que Castillo inició una demanda formal, que investigaron tanto la Justicia ordinaria como la militar y hasta hubo un llamado de la Defensoría del Pueblo para que se acelerara el proceso. Pero los acusados regresaron a Estados Unidos sin pasar por los tribunales colombianos y mucho menos por la cárcel.

Seis años después, en octubre de 2013, el Puerto de Tumaco, sobre la costa sur del Pacífico, era noticia por informaciones semejantes. Militantes de derechos humanos, docentes y vecinos del lugar, denunciaban que militares estadounidenses y colombianos pagaban hasta 50 dólares para tener sexo con menores de edad. Citado por Caracol Radio, uno de ellos precisó: “En el sector turístico de El Morro particularmente hay hoteles que hospedan pilotos y militares extranjeros, los cuales buscan tener compañía con menores de edad. A ellos no les importan quiénes son, sólo les interesa satisfacer sus apetitos sexuales”.

Otro sitio donde hubo denuncias es Puerto Salgar, que alberga a la base militar de Palenquero. El Movimiento Social contra la Guerra y por la Paz (MSGP) comprobó que existen sitios de Internet desde los que se ofrecen servicios de prostitución que consisten en catálogos de mujeres y niñas. Su investigación se difundió en 2010 durante el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización realizado en Colombia.

Solano es un municipio próximo a la base de Tres Esquinas, una de las más importantes pero que no está entre las siete del acuerdo que firmó Uribe. En esa zona, la tasa de violaciones de menores es una de las más altas del país. Según escribió Mistral, desde ahí “opera la empresa contratista Dyncorp, involucrada en redes de prostitución en Bosnia”. En 1999, sus empleados en ese país surgido de la ex Yugoslavia fueron acusados de comprar y traficar niñas para utilizarlas como esclavas sexuales.

Sus primeros pilotos y aviones –generalmente fumigan las plantaciones de coca con glifosato– se instalaron en Colombia en 1993. La compañía creada en 1946 por un grupo de aviadores tiene un contrato con el Departamento de Estado “para trabajar en proyectos antinarcóticos con la Dirección Antinarcóticos y la unidad aérea de la Policía Nacional de Colombia. Además presta apoyo a la Brigada Aérea del Ejército Nacional”. Dyncorp viene haciendo pingües negocios desde la guerra de Corea. Pasó por Vietnam, El Salvador, Bosnia, Irak y Afganistán, entre otros conflictos, siempre como contratista de Estados Unidos.

La periodista norteamericana Debra McNutt escribió un interesante artículo en 2007 titulado “La prostitución militarizada y la ocupación de Irak”, donde recuerda que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen prohibido tratar con prostitutas”. Está documentado hasta por el cine de Hollywood que la realidad funciona al revés. Con varios centenares de bases desparramadas por el mundo o más de mil según de qué fuente se trate, alrededor de cada una se expande el problema de la trata de mujeres, su explotación y el abuso de menores.

Donde las tropas de EE.UU. se han establecido por un tiempo prolongado, las redes de prostitución gozan de buena salud. En 2005, Sarah Mendelson, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, escribió un informe titulado “Barracas y burdeles”: “Los oficiales militares suelen hacer la vista gorda con la explotación de mujeres por el personal militar y el de los contratistas privados, porque quieren elevar la ‘moral’ de sus hombres”. Se refería al conflicto de los Balcanes. La semejanza con lo que ocurre en Colombia es notoria. La naturalización de los delitos sexuales también.

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