La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, el secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a cinco empresas petroleras que operan ilegalmente en las islas Malvinas. La medida judicial había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país. La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito”, que implicaría la interrupción de las actividades en la zona de las compañías denunciadas. Para intentar hacer efectivos el secuestro, los embargos y el cese del delito, se ordenó a la Cancillería argentina liberar los exhortos necesarios. “Esto es en consonancia con la modificacion de la ley hecha por este gobierno en 2013, que no sólo prohíbe explotar recursos en la Argentina continental a quienen lo hacen en el Atlántico Sur, sino que prevé otras penas”, explicó el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus.

“Perseguiremos permanentemente toda apropiación de bienes que les corresponden a los 40 millones de argentinos por parte del Reino Unido o de cualquier otro país”, le dijo a Página/12 el funcionario, que también anticipó que podría haber nuevas presentaciones judiciales por parte del Estado argentino, apuntando en este caso a la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur. “La protección de la pesca y de la biodiversidad en la región es importante para nosotros y esperamos que la Justicia también avance en ese sentido –dijo–. Este es un gobierno que ha tomado en serio la defensa de la soberanía, que acá pasa por la protección de los recursos naturales, el objetivo principal por el que el Reino Unido mantiene una presencia enorme y costosa en las islas”.

El fallo de la jueza Herráez responde a una denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las empresas involucradas son Falkand Oil and Gas Limited, Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc. El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron la presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Malvinas”.

En tanto que el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con María del Carmen Chena, la titular de la flamante Unidad de Recupero de Activos (que depende también de la Procuración General de la Nación), realizaron el 1º de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”. La URA había logrado identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.

Además, se solicitó el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur –el PGS M/V Ramform Sterling, PGS Ramform Titan y el Falcon Explorer–; del MV Poseidon, especializado en estudios geoquímicos; de la plataforma semisumergible Eirik Raude, utilizada para hacer perforaciones; y del dique flotante Noble frontier, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona. La jueza ordenó también la “interdicción de navegar” de todos las naves afectadas, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques”, y explicó que la restricción “impide la salida de los puertos donde se encuentren”.