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Mientras la polémica entre Nación y provincia por el tema de la seguridad se mantiene viva, uno de los involucrados, el gobernador Felipe Solá, continuó ayer con su postura de evitar la confrontación con Néstor Kirchner. “Lo que dijo el Presidente, lo siente así, lo piensa así y mucha gente piensa parecido”, afirmó el bonaerense, bajando los decibeles del sinfín de acusaciones sin destinatarios explícitos. De parte del Gobierno nacional el que habló en esta ocasión fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien opinó que “la sensación de inseguridad de la gente se incrementa cuando ve que quien tiene que velar por su tranquilidad es el que está detrás de los delitos”.
Después de encabezar un acto en La Plata en homenaje a policías caídos en servicio, Solá no pudo esquivar las preguntas de los periodistas acerca de las declaraciones que hizo Kirchner días atrás. En sus respuestas, se evidenció nuevamente que el gobernador bonaerense no quiere entrar en mayores polémicas ni enfrentarse directamente con el Presidente. “La seguridad es un problema de todos. Comparto el deseo de transformación de la Policía Bonaerense”, dijo Solá en alusión al reclamo que hizo Kirchner el viernes para que se realice una “profunda depuración de la Policía Bonaerense”, ya que “no basta con implementar discursos sino que hay que implementar acción”.
Acerca de las acusaciones de Kirchner de que policías bonaerenses estaban involucrados en casos de secuestros extorsivos, el gobernador consideró que “no creo que se esté lavando las manos el Presidente” y aseguró que trabaja “para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. En el tema de la seguridad, por un lado, trabajamos para combatir la inseguridad, que es lo que quiere la gente, y por otra parte investigamos a la policía”.
Casualidad o no, Solá anunciará hoy junto a su ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, un plan de seguridad en el Conurbano bonaerense para combatir el delito. La medida consiste en sumar 3300 policías al patrullaje de las calles del Gran Buenos Aires, quienes recorrerán con sus móviles durante las 24 horas los distritos en los que se divide el Conurbano. En los patrulleros irán dos policías que llevarán un teléfono celular, cuyo número estará en poder de los vecinos para hacer denuncias.
La anuencia
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, también se sumó a la polémica advirtiendo que “en situaciones tan críticas como las que se viven en la provincia de Buenos Aires, los delitos difícilmente se puedan hacer sin anuencia de las autoridades”. Con estas declaraciones, Fernández coincidió –e incluso fue más específico– con la tesis del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien había denunciado la existencia de “políticos de turno” que financian sus campañas con “valijas de recaudación” policial. Aunque evitó dar nombres, Beliz aseguró que “el problema es que los cuerpos policiales se han corrompido porque han tenido políticos ladrones que han pactado con ellos y no han sido capaces de una depuración a fondo”. Para solucionar el problema de la inseguridad, el ministro propuso “tener funcionarios honestos que tengan autoridad moral para conducir mejor a la policía”. La generalización de las denuncias de Beliz no sólo provocó la escalada de declaraciones cruzadas sino también la interpretación de que el destinatario final de las acusaciones, detrás de Felipe Solá, es Eduardo Duhalde, principal socio político de Kirchner.
En sus declaraciones de ayer, Alberto Fernández también se refirió al tema de la diferenciación entre la Policía Bonaerense y la Federal, sobre lo que aseguró que “no hay un divorcio” y adelantó que el Gobierno impulsará nuevos trabajos en conjunto entre ambas fuerzas y la Prefectura y la Gendarmería. No obstante, admitió que la tarea muchas veces se ve dificultada porque “hay impedimentos legales profundos” para la investigación de los delitos según ocurran en la Ciudad de Buenos Aires o en el Conurbano. “Son jurisdicciones distintas y el Gobierno nacional puede hacer muy poco con eso”, puntualizó.
Otro de los que habló ayer en defensa propia y de su jefe fue el ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, quien recordó que asumió el cargo que previamente ocupaba Juan Pablo Cafiero hace “tan sólo” un mes. “Si el problema de la inseguridad es tan grave como dicen, no se puede pretender que en 30 días quede resuelto”, aseguró. Sin embargo, el funcionario de Solá aclaró que “no eludo mis responsabilidades. He estado bajo fuego durante dos años y a todos les consta. No me escondo ni me asusto”.