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El juez federal Claudio Bonadio no quiso dejar ningún allanamiento por hacer antes de acogerse a la feria judicial de invierno. Un día después de que la Cámara Federal lo apartara de la causa Hotesur porque “perdió la imparcialidad y violó el derecho a defensa” –y en medio de un raid mediático para defender su postura–, Bonadio ordenó allanar el Ministerio de Planificación Federal y de las empresas Enarsa e YPF en una causa por la compra de gas licuado desde 2008 hasta la fecha originada en una denuncia presentada por diputados de PRO. “Por lo visto hay allanamientos para todos y todas”, ironizó el ministro Julio De Vido tras el procedimiento. Desde YPF le quitaron espectacularidad a la decisión de Bonadio: “El procedimiento judicial no constituyó un allanamiento”, señaló la petrolera de bandera en un comunicado y señaló que “como ocurre con todos los requerimientos judiciales, la empresa pondrá a disposición del juzgado la documentación requerida que obra en su poder”, además de aclarar que “hasta la fecha la compañía no tuvo intervención previa en la causa ni tiene conocimiento de lo que se investiga en ella”.

Bonadio afirmó que buscaba información sobre supuestas irregularidades en la importación de gas licuado, que podrían derivar en supuestas “dádivas” o “sobornos” en esas contrataciones. La causa se originó en una denuncia presentada por los diputados nacionales macristas Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo en base a una entrevista periodística donde el ex ministro de Obras y Servicios Públicas de la década del ’90 Roberto Dromi se refería a esas compras como supuesto asesor del Ministerio de Planificación.

Desde Planificación sólo se refirieron en forma irónica a la actuación del juez federal. “Por lo visto hay allanamientos para todos y todas”, expresó De Vido. Igual que en la “pesquisa” a Hotesur, Bonadio confió su tarea en la Policía Metropolitana. Aunque esta vez, los procedimientos fueron en la sede ministerial del centro porteño y la de YPF en Puerto Madero, y no en Santa Cruz, donde el juez allanó el lunes pasado las oficinas que utiliza Máximo Kirchner también con efectivos de la fuerza policial que armó Mauricio Macri.

YPF se pronunció a través de un comunicado oficial. Allí afirma que “el procedimiento judicial no constituyó un allanamiento” sino una notificación de una “orden de presentación”, en la que Bonadio requirió documentación vinculada a la compra de GNL por parte de Enarsa. La empresa destacó que “pondrá a disposición del juzgado la documentación requerida que obra en su poder”.

El comunicado también aclara que la compañía petrolera de mayoría estatal nunca “tuvo intervención previa en la causa ni tiene conocimiento de lo que se investiga en ella”. “En relación con las operaciones de adquisición de GNL, YPF brindó a partir de noviembre de 2012 asesoramiento y contribuyó a la gestión de los procedimientos de compras de GNL que lleva adelante Enarsa, cumpliendo estrictamente con las normas jurídicas aplicables”, agregó.

“YPF trabajó, por cuenta y orden de Enarsa –agregó el comunicado–, para establecer un proceso de selección de los oferentes totalmente transparente con el objetivo de generar competencia y lograr seleccionar a los mejores proveedores con los precios más competitivos de mercado.” “Un proceso, que cumple con toda la normativa nacional e internacional, le permitió al país un importante ahorro de divisas, tuvo un impacto positivo en la balanza comercial y contribuyó a abastecer a la Argentina de un insumo fundamental para su matriz energética a precios de mercado para este tipo de operaciones”, acotó la petrolera.