La Corte Suprema puso una nueva fecha al suspendido encuentro de la Comisión Interpoderes. Convocó para el lunes 24 de agosto al espacio que congrega a los responsables de las distintas áreas del Estado en el compromiso de avanzar con el proceso de Justicia por los crímenes de lesa humanidad. El año pasado los encuentros fueron episódicos y este año no hubo ninguno. Ante el reclamo de las partes, la Corte llamó a una reunión para el 7 de julio pero la suspendió a última hora, hecho que fue leído por los participantes como una posible devaluación del tema en la agenda de la Corte.

Luego de que Página/12 publicara que se había suspendido la reunión del 7 de julio, el máximo tribunal emitió un comunicado en el que señaló que la reunión no se hizo, en realidad, porque faltaban confirmaciones de las cabezas máximas de distintos espacios. Varios de ellos, a decir verdad, nunca participaron de esos encuentros. La fecha puesta ahora de modo unilateral por la Corte y la pretensión, de algún modo tácita, que sólo se realizará si esas confirmaciones se hacen, genera incertidumbre sobre lo que en ocasiones se parece más a una demostración de fuerzas que a una preocupación real por el asunto en cuestión.

“Nosotros nos quedamos sorprendidos con la suspensión porque a las reuniones no se esperaba que fueran las máximas autoridades de cada área sino las encargadas del seguimiento de los temas vinculados a los crímenes de lesa humanidad”, explica Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. “Lo que vemos es un de- sinfle en el funcionamiento de la comisión. Nos vemos coordinando acciones aún sin la presencia de la Corte porque el tema nos convoca a seguir apoyando cada uno de los juicios. Pero nuestra apuesta es siempre institucional. Cada vez que se inicia el año, Lorenzetti señala que estas son políticas de Estado que no tienen vuelta atrás pero esto es necesario que también se traslade al funcionamiento continuo de un espacio como es la Comisión.”

El coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, señaló en la misma línea su preocupación porque la suspensión marcaba “que el tema no está en agenda, que se nos cayó de la agenda de la Corte la cuestión de los derechos humanos”.

Desde el 7 de julio a esta parte hubo varios movimientos. La Corte publicó su comunicado en la página del CIJ, su servicio de informaciones, para desligarse de la responsabilidad de haber suspendido el encuentro. Dijo que se había suspendido por falta de confirmaciones de algunos invitados y publicó una lista que incluía al ministro de Justicia, Julio Alak; la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quienes nunca participaron de estos encuentros. Alak y Gils Carbó siempre lo hicieron través de los funcionarios encargados de esas áreas. Martínez no había sido convocada hasta ese momento.

A muchos de los invitados les pareció obvio que la reunión del 7 de julio se había suspendido, en realidad, porque ese día la oposición agitaba la polémica del juez Luis María Cabral con una marcha ante el Palacio de Justicia y Lorenzetti convocó de urgencia a los presidentes de las Cámaras Federales por el mismo tema.

El 15 de julio, Lorenzetti se reunió con un grupo de abogados querellantes en las causas de lesa humanidad de todo el país. Habían pedido el encuentro con un documento en el que manifestaban su preocupación por el bloqueo judicial al avance de las causas a los responsables civiles y empresarios de la dictadura y pedían un reconocimiento público de la Corte sobre el rol de la Justicia en la dictadura (ver aparte). Lorenzetti les aseguró su compromiso con la continuidad de la política de derechos humanos y. de paso, señaló que la Comisión Interpoderes seguía viva, que iba a hacerse nueva convocatoria, pero que quería que participaran los responsables máximos de las distintas agencias, como un signo del compromiso de las otras áreas del Estado con el tema. La posición sonó razonable. Sin embargo, contiene algunos problemas de orden práctico.

La secretaría de la Corte encargada de las cuestiones de protocolo envió invitaciones para el 24. Los invitados comenzaron a confirmar presencias. Claro, que aún no todos.

Por la Procuración, confirmaron los responsables de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad: Jorge Auat y Carolina Varsky, tal como la vez pasada. Del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan, subsecretario de Política Criminal, y la coordinadora del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta. De la Secretaría de Derechos Humanos confirmó Martín Fresneda y Ana Oberlín, directora de Asuntos Jurídicos. También confirmó Remo Carlotto que la vez pasada aparecía en la lista de “no confirmados” pese a que él mismo dice que lo había hecho.

Aún falta saber, entre otros, si participará el ministro de Justicia, Julio Alak. Gils Carbó tiene agenda comprometida en Chile para esa semana de agosto. Stella Maris Martínez va a confirmar quién irá en su lugar. La vez pasada anunció que en su representación iría otra persona, pero la Corte la puso en la lista de “no confirmados”.

“Otra vez es ‘esperando a Godot’ –dijo Auat–: no era necesario esto de una ‘tasación de rango’, como diría Jauretche, para esta convocatoria de la Corte cuando lo que se necesita es abocarse urgentemente a los problemas que atraviesan estos procesos.”