El juez federal Daniel Rafecas ordenó a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur.

La documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado del juez, porque estaba siendo transportada por vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio del caso porque consideró que no era imparcial.

La empresa Hotesur tiene como presidente a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, y como socios –tras la muerte de Néstor Kirchner– a toda la familia presidencial: Cristina, Máximo y Florencia. La causa se inició a partir de un hecho menor, por falta de inscripción de cambios en los accionistas y presentación de balances en la Inspección General de Justicia (IGJ). La denuncia original vino de la diputada Margarita Stolbizer que incorporó a su partido GEN a Silvina Martínez, una funcionaria de la IGJ. En ese momento, la imputación era contra funcionarios de la IGJ por no controlar, pero Bonadio decidió seguir, presuntamente investigando un lavado de dinero, aunque nunca lo hizo explícito ni definió el delito.

Hace diez días, la Cámara Federal apartó a Bonadio del caso a pedido de las defensas. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero basaron su decisión en que Bonadio se negó a entregar fotocopias del expediente a las defensas, lo que implica una violación al derecho de defensa, y, en la misma línea, no permitió que los abogados estuvieran presentes en tres testimonios. También lo criticaron por haber convocado a un perito contable para realizar un trabajo sin que las partes pudieran controlarlo. El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como bancos y firmas de Lázaro Báez, quien figura en la causa por haber alquilado por adelantado y al por mayor las habitaciones del hotel que administra Hotesur. Freiler sumó a los motivos por los que Bonadio debía ser apartado la cuestión de los procedimientos de la Metropolitana en Santa Cruz porque consideró que fue irregular usar esa fuerza fuera de su jurisdicción.

La causa quedó a cargo de Rafecas luego de que se sorteara el nuevo juez. Por eso el magistrado envió un oficio a la Policía Metropolitana para que le entreguen los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en el sur. Allí dispuso que los soportes informáticos –discos rígidos, DVD y pen drives– que la Policía Metropolitana había secuestrado fueran remitidos a la Prefectura. El lunes, cuando se reanude la actividad judicial luego de la feria de invierno, el juez debe definir si la nulidad fijada por la Cámara Federal abarca los procedimientos que se hicieron en el sur.