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Por Alberto Ferrari Etcheberry

Cualquiera (la Consultora Equis, por ejemplo, tal como lo informó Página/12) tiene el derecho a opinar que la asistencia electoral argentina ha caído mucho desde 1983 y que es muy baja. Y cualquiera (yo, por ejemplo) puede opinar lo contrario. Me sorprende que la cifra de votantes aún sea tan alta con los resultados logrados en el terreno del bienestar de los más y el enriquecimiento delictivo de los menos. Y hasta me permito sugerir que en más de un lugar la asistencia al comicio en cierta medida debe haber estado y estar “motivada” por el “goteo”, no ya de la economía floreciente sino de las fortunas estilo menemista. Buen negocio: aumentar pobres para aumentar votos para aumentar los verdes. Equis opina hache y yo zeta. Tudo bem.
Pero, en contraste, ninguno tiene el derecho a fundar opiniones en datos equivocados presentados como ciertos. La información, concreta y precisa, es la herramienta para que todos podamos tener, precisamente, opinión.
El informe de Equis dice, para graficar la supuesta sorpresa argentina, que Chile tiene una asistencia a las urnas superior al 90 por ciento.Pero entre ambos países hay una gran diferencia. En la Argentina el padrón electoral engloba a todos los ciudadanos, con independencia de su voluntad. Fue el sistema que trajo la Ley Sáenz Peña (1912) y que se llamó “enrolamiento obligatorio”. En Chile, en cambio, hay un registro electoral optativo. Recién una vez que se inscribió, el ciudadano tiene la obligación de votar. En Chile, entonces, para evaluar la vocación ciudadana por el voto es necesario hacer dos mediciones. Una, como acá, el porcentaje de electores que cumplió con el deber de votar, sobre la base del padrón. Otra, el porcentaje de chilenos que, estando en condiciones de inscribirse en el registro electoral, efectivamente lo hizo.
La realidad chilena actual está lejos de ser ejemplar respecto de la argentina, como se pretende. En la última elección presidencial el padrón electoral sumaba 8 millones y en la actualidad se calcula en alrededor de 1.800.000 el número de chilenos que no se han inscripto. Más aún: ese número está constituido casi exclusivamente por jóvenes de entre 18 y 30 años, por lo que se lo acepta como síntoma de rechazo por la participación política en un país habitualmente festejado como ejemplo de buena economía, administración eficiente y no corrupción. Analizar las causas de ese desinterés es otra historia, pero contrasta con los recientes y en cierta medida inesperados homenajes que precisamente la juventud brindó a Salvador Allende a 30 años de su sangriento derrocamiento.