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El Congreso recibirá esta semana el primero de dos proyectos que en estos días circulan en el ámbito político para amnistiar a los procesados sociales. Con el impulso de los diputados del grupo Talcahuano, kirchneristas, y basándose en un texto que consensuaron las organizaciones sociales, el proyecto propone cerrar todas las causas judiciales abiertas contra manifestantes por haber participado en el conflicto social. El planteo de despenalización abarca a los juicios iniciados en los últimos diez años, en el período en que el modelo económico originó el mayor índice de desocupación de la historia del país. Una segunda propuesta de ley está siendo debatida en la Secretaría de Derechos Humanos por una comisión de notables, que elaboró un borrador pero todavía no llegó a un acuerdo sobre la redacción.
En la Argentina, según la estimación de los dirigentes sociales, hay más de tres mil personas procesadas por episodios de reclamo a la plebeya. En el caso de los piqueteros, el delito por el que tienen más penalizados es la interrupción del tránsito. Los trabajadores de fábricas recuperadas suelen afrontar juicios por usurpación. Es conocido el de Brukman, con cinco de sus trabajores procesados. Los pedidos de comida a los supermercados dieron lugar a juicios por extorsión: los de Emilio Alí y Raúl Castells llegaron a audiencias orales. Entre la nueva camada está el del PAMI, donde un reclamo gremial al interventor Juan González Gaviola derivó en una denuncia por privación ilegítima de la libertad.
La idea de los proyectos de ley es actuar hacia atrás, con una amnistía o desprocesamiento, y expresar una recomendación hacia adelante, con el fin de que los jueces tengan un criterio de interpretación para próximos casos.
“Para el futuro va a ser modesto el grado de atenuación que podemos generar. El criterio es que los jueces entiendan como actos de protesta social aquellos que se hayan realizado en defensa de los derechos expresamente consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, pero la verdad es que ningún juez va a considerar que pegarle un hondazo a un vidrio sea el ejercicio de un derecho expresamente reconocido en la Constitución y los tratados”, dijo uno de los juristas que trabajan en el tema a Página/12. “En lo referido al pasado, en cambio, tenemos posibilidades reales de intervenir y deberíamos ser más firmes.”
El texto que se presentará esta semana fue acordardo con la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), Liberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Ceprodh, Hijos Gran Buenos Aires, la APDH-La Plata y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, además de organizaciones piqueteras y estudiantiles.
“Estuvimos trabajando para lograr el acompañamiento de la mayor cantidad de diputados del peronismo”, dijo Ricardo Gómez (PJ), del grupo Talcahuano. Lo firmarán, fuera de la banca oficialista, también Patricia Walsh (IU), Marcela Bordenave y sus pares del ARI, el socialismo y posiblemente algunos radicales.
En su artículo primero amnistía a “las personas que hayan participado en todos los hechos ocurridos con motivo de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil”. Excluye del perdón a los hechos represivos o cometidos por funcionarios públicos. En el segundo enumera las modalidades que alcanzará la ley, de ser sancionada. Incluye las ocupaciones de edificios públicos o privados como los reclamos para conseguir la suspensión de remates, los escraches y los cortes de ruta.
Si bien corren contra reloj, los legisladores buscarán conseguir un guiño del gobierno para darle tratamiento sobre tablas antes de fin de año. Apoyan sus expectivas en las declaraciones del Presidente, quien ha expresado su voluntad política de dar una respuesta favorable al tema. Pero es probable que el Ejecutivo impulse su propio proyecto. La comisión de notables que convocó la Secretaría de Derechos Humanos se ha reunido en cinco oportunidades. La integran funcionarios del área y abogados especializados en el tema, entre quienes están Juan Carlos Capurro (del Comité de Acción Jurídica de la CTA), Carlos Zamorano (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Gustavo Palmieri (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el penalista Alberto Binder.
Si bien en la comisión dicen que no hay redactado un texto definitivo, el trabajo podría acelerarse en las próximos días, ya que el plazo que tenían para expedirse, de 60 días, ha transcurrido. Hace dos semanas, dijo Capurro, el equipo había llegado a puntos de acuerdo. Luego el pico de tensión del gobierno con los piqueteros discontinuó los encuentros.
Una de las ideas más fuertemente instaladas es la de redactar un agregado para el artículo 77 del Código Penal, que funciona como una suerte de comodín para interpretar los delitos. “Ese artículo, por ejemplo, es el que establece qué se debe entender por la palabra ‘estupefaciente’ o ‘alucinógeno’ en los casos de drogas”, explicó uno de los especialistas consultados. Ahora podría anexar un texto que señale qué es lo que se entiende por protesta social, para que sea aplicado en cada caso.
“La palabra amnistía mucho no nos gusta”, dijo a Página/12 uno de los funcionarios que ha participado de esos debates. “Estamos buscando un texto que deje en claro que la protesta no debe criminalizarse. Pero falta: tenemos que ver cuál es la fórmula más prudente que se pueda usar.”