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Funcionarios, legisladores y empresarios criticaron el rechazo de la Unión Industrial Argentina a la creación de una comisión bicameral que investigue la complicidad de grupos económicos con el terrorismo de Estado. El Poder Judicial “es el único poder con facultades constitucionales para administrar justicia”, afirmó la UIA en rechazo a la iniciativa que Diputados aprobó por 170 votos a favor, cero en contra y catorce abstenciones del PRO. “La comisión no tiene por objeto juzgar a nadie, no entiendo cuál es el inconveniente de recibir información y testimonios”, afirmó el diputado Héctor Recalde, autor del proyecto. “Que se nieguen a que se investiguen esos hechos da vergüenza”, consideró el jefe de gabinete, Aníbal Fernández.

La UIA expresó mediante un comunicado que “cualquier investigación sobre el particular que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden”. “El derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único poder con facultades constitucionales para administrar justicia”, agregó tras la media sanción del proyecto en Diputados, que incluyó el respaldo del ex titular de la UIA José Ignacio de Mendiguren, diputado por el Frente Renovador.

Recalde consideró que la UIA “parte de conceptos erróneos porque la comisión no tiene por objeto juzgar a nadie, no entiendo cuál es el inconveniente para recibir información y testimonios, algo que ya veníamos haciendo desde antes de que se comenzara a discutir la ley”. “Es insólito pensar que no hubo complicidad cuando, a menos de un mes del golpe, un general, un almirante y un brigadier, de la Ley de Contratos de Trabajo que tenía 302 artículos, derogaron 27 y modificaron 99”. Agregó que la Comisión de Trabajo de Diputados, que preside, recibió testimonios sobre Acindar, Ledesma, Techint, Mercedes-Benz, Ford, Papel Prensa y La Nueva Provincia, entre otras empresas.

Aníbal Fernández, candidato a la gobernación bonaerense por el FpV, dijo que le da “vergüenza ajena” la postura de la UIA. “Es incomprensible. Tener que firmar una posición de esa característica, la verdad, da vergüencita ajena”, dijo. “Querer que no se investigue da a entender de alguna manera que sí se podrá encontrar a responsables y cómplices de esa época”, subrayó. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo no entender “el rechazo a un proyecto que recibió un apoyo contundente en la Cámara de Diputados”. “Es incomprensible que esta conducción de la UIA tenga una postura como ésa”, opinó. El diputado Horacio Pietragalla sostuvo que “la UIA demuestra dónde está parada: del lado de la impunidad y de la complicidad”. El fiscal Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuestionó a la UIA por tener un “proyecto de olvido que pretende desligar a los grupos económicos de la dictadura cívico militar”. El proceso de memoria, verdad y justicia “no se puede soslayar porque está instalado en la sociedad”, destacó. Desde el ámbito empresario, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró que el rechazo al proyecto “es un acto inadmisible de intimidación a las instituciones democráticas” mediante el cual los poderes corporativos “buscan blindar a personajes ligados con el gran empresariado”.