El Consejo de la Magistratura volvió a quedar paralizado, con falta de quórum, ante la ausencia de representantes judiciales y del radicalismo en el plenario y las reuniones de comisión que estaban previstos ayer. Los consejeros habían acordado esta reunión como la última previa a las elecciones presidenciales y el temario incluía varios asuntos sensibles. El delegado del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, acusó a los ausentes de boicotear la votación del juicio político contra el juez de Quilmes Luis Armella, denunciado por favorecer a familiares y amigos en la ejecución de las obras para sanear el Riachuelo, y de eludir decisiones para avanzar en nombramientos de los tribunales de Bahía Blanca que podrían destrabar el avance de juicios de lesa humanidad. Un comunicado que difundió la UCR no explica nada sobre esos ítems y atribuye los faltazos a formalidades como el incumplimiento de “requisitos reglamentarios”.

El comunicado del radicalismo dice que el kirchnerismo puede tener quórum propio en el Consejo y que, por ende, mal puede atribuirle la parálisis del cuerpo. Entre las filas del oficialismo faltaba ayer Héctor Recalde, quien ya había anunciado un viaje, por lo cual todo el mundo sabía que no estaría. Alvarez se quejó de que la reunión plenaria se había acordado con un mes de antelación y que todos habían aceptado asistir ya que desde ahora y hasta el día de los comicios nacionales sería más complicado lograr un plenario, porque varios consejeros políticos estarán en campaña. A la hora que debían reunirse las comisiones, y luego el cuerpo entero, los consejeros jueces “estaban sentados en el bar de la esquina con la estrategia de que el Consejo no funcione y paralizar la Justicia”, denunció Alvarez, para quien Mauricio Macri dio instrucciones para hacer fracasar la sesión. Además, advirtió que la sociedad PRO-UCR pretendía facilitar la “impunidad” al juez Armella y que con su ausencia impidieron “definir la transferencia de fondos y software a la Justicia Electoral para que se puedan realizar con normalidad las elecciones”.

Armella fue el primer juez a quien la Corte Suprema le encomendó la ejecución de las resoluciones para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. En 2012, al alto tribunal no le quedó otra opción que apartarlo cuando fue denunciado por haber favorecido contrataciones directas que terminaron beneficiando a empresas vinculadas a su esposa, familiares y una red de conocidos, según determinó la Auditoría General de la Nación. El tema fue postergado largamente por el Consejo, y lo que se iba a votar finalmente –según el orden del día de la sesión que no fue– era un dictamen acusatorio de Alvarez y el académico Jorge Candis. También hay una propuesta de desestimar la denuncia presentada por el juez consejero Leónidas Moldes. Pero nada de esto fue discutido ayer. En la comisión de selección aguardaba un paso clave para la conformación de la terna para ocupar el juzgado federal de Bahía Blanca y el nombramiento de cuatro subrogantes en la Cámara de esa jurisdicción, donde hay expedientes de lesa humanidad trabados, como la revisión de la situación de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, por participación en delitos de lesa humanidad. Otro concurso que podía encaminarse es el de las cuatro vacantes en la Cámara de Casación Federal.

Los ausentes de ayer fueron los jueces Moldes y Luis Cabral, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, el senador radical Angel Rozas y el diputado de ese partido Gustavo Valdez. El comunicado de la UCR lleva al pie los nombres de los dos legisladores, de Cabral y de Piedecasas. Justificaron la ausencia en incumplimientos reglamentarios del orden del día del plenario, aunque lo cierto es que también faltaron a las comisiones; y dijeron que no querían tratar un proyecto sobre el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial porque vislumbraban “una intención” de concederle “facultades de oficio” porque esperan un debate plural de estas cuestiones.

Los que concurrieron a la sala del plenario (Alvarez, Pablo González, Anabel Fernández Sagasti, Candis, Ruperto Godoy y la jueza Gabriela Vázquez) analizaron la situación, cuestionaron a los ausentes y respaldaron la convocatoria a un nuevo plenario para el jueves que viene.