El corte de energía eléctrica que el mediodía del martes dejó a oscuras a cerca de 100 mil usuarios de los barrios de Recoleta, Barrio Norte y un sector de Palermo, alcanzó una fuerte derivación política y judicial que enfrenta duramente al gobierno nacional con el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, cuando todavía seguían sin luz unos 35 mil clientes de la empresa Edesur, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación presentó una denuncia penal contra las firmas Telmex y la subcontratista Ibercom Multicom, como responsables de las obras que provocaron la rotura de una línea de alta tensión con doble terna, y contra el Gobierno de la Ciudad. Las dos firmas fueron acusadas de “entorpecimiento de servicio público”, mientras que al Ejecutivo porteño se le achacan los cargos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Anoche, el coordinador de Servicios Públicos del Ministerio de Planificación, Marcelo Montero, estimó que el problema estará solucionado “en su totalidad” en la madrugada de hoy. La salida, sin embargo, según precisaron fuentes de la empresa Edesur, será momentánea porque llegaría mediante la instalación de generadores para brindarles un servicio provisorio a los afectados. La solución definitiva, con la reparación de las dos ternas de alta tensión afectadas, llegaría recién el fin de semana o la semana próxima.

El jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, sostuvo que los responsables del corte de energía eléctrica “tendrán que dar las explicaciones pertinentes”, en la Justicia, ante el Ministerio de Planificación Federal. Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hizo responsable al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, porque luego de ocho años de gestión en la Ciudad “no sabe cómo son los planos”, aludiendo a los trabajos ordenados por el Ejecutivo local que se realizaban en la avenida Figueroa Alcorta con una máquina tuneladora, en el marco de las obras para ampliar la red de subterráneos.

Los dichos de Tomada tienen que ver con declaraciones que hizo a Radio Mitre la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien admitió que los daños causados fueron “graves”, pero dijo que las tareas de control para evitar el inconveniente le correspondía al gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación. La empresa Edesur confirmó anoche que se había reinstalado el servicio a unos 53 mil afectados y que seguían sin luz otros 35 mil clientes.

Respecto de los trabajos que se realizaban y que provocaron el problema, las fuentes de la distribuidora de energía eléctrica señalaron que la empresa Ibercom Multicom, subcontratista de Telmex, contratada a su vez por el gobierno porteño, había comenzado la tarea sin la presencia, obligatoria en un caso como éste, de un técnico de Edesur con los planos correspondientes para supervisar lo que se estaba haciendo y evitar cualquier error. La presencia de Edesur en el lugar de los hechos no existió porque la firma no había sido notificada debidamente.

La rotura de las dos ternas de alta tensión por un trabajo encomendado por el gobierno porteño a la empresa Telmex, quien a su vez subcontrató a la firma Ibercom Multicom, fue denunciada penalmente por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, bajo los cargos de “entorpecimiento de servicios público” y “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

La magnitud de la avería, además de los usuarios sin luz, ayer seguía generando la salida de servicio de semáforos, de los que por la tarde permanecían 69 sin funcionar, el corte parcial de la línea D de subte, escuelas sin clases y más de cien intervenciones en edificios para rescatar a gente que vive en pisos altos. La empresa Edesur informó que unos 53.000 usuarios habían recuperado el servicio porque se dispuso la distribución de 60 grupos electrógenos; también se repartieron 24.000 litros de agua mineral a las personas más necesitadas.

El inconveniente afectó a dos ternas de 132 kilovatios cada una y esto dejó fuera de servicio a las subestaciones Paraná y Azcuénaga.

El área afectada es una de las más densamente pobladas de la ciudad, con muchos edificios altos, por lo que Defensa Civil organizó un operativo en más de cien de estos inmuebles en los que tuvo que ayudar a descender a unas 40 personas con movilidad reducida que habían quedado “encerradas” en los pisos altos. Además, se asistió a personas que necesitan un respirador eléctrico.

La denuncia del Ministerio de Planificación Federal contra las dos empresas y el gobierno porteño quedó radicada en el juzgado federal porteño a cargo de Luis Rodríguez. El magistrado deberá darle vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar la investigación y realizar imputaciones. En la denuncia se solicita que se determine quiénes son los autores y responsables “que hayan participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio de todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, que se vieran afectados por el corte general ocurrido el 13 de octubre”.

De acuerdo con el escrito presentado, “los directivos de la empresa Telmex S.A.” serían “responsables directos de la obra, correspondería su imputación por su accionar imprudente y/o negligente al no controlar a su personal dependiente y/o al personal de la contratista”.

En el caso de Ibercom Multicom S.A. se debería investigar “a sus titulares y personal a cargo por su obrar negligente y/o por su impericia que directamente causaron el daño en las redes de alta tensión y el consecuente corte de suministro. Por su parte, los funcionarios del gobierno porteño “no sólo tenían el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra”. El texto detalla que el gobierno porteño “debía haber extremado los recaudos que correspondieran y por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución”.

“Se aprecia una total ausencia de supervisión y control en la ejecución de la obra”, destaca la denuncia e indica que los funcionarios porteños “resultarían responsables por la omisión en el ejercicio del poder de policía y control lo que determina su responsabilidad ‘in vigilando’ de la obra”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete y candidato a gobernador por el FpV en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, aseguró que “las distribuidoras tienen una responsabilidad contractual que no pueden soslayar y tendrán que hacerse responsables”.

Sandra González, titular de la asociación de defensa de los consumidores Adecua, dijo que “no hay nadie del Gobierno de la Ciudad diciendo nada del desastre que hizo esta empresa que ellos debían controlar”. Agregó que “ellos en teoría deberían tener los planos antes de ejecutar una obra de semejante magnitud”. Edesur, por su parte, negó toda responsabilidad en lo ocurrido y en forma extraoficial, como se señala en esta nota, afirma que en ningún momento fue consultada para presenciar y supervisar, plano en mano, los trabajos.

Al margen de la acción penal iniciada por el Ministerio de Planificación, la titular de Adecua recordó que “los vecinos pueden entablar demandas por daños y perjuicios ya que hay muchos comercios que perdieron sus mercaderías, por lo que vamos a seguir muy de cerca este problema que habla de la falta de control del gobierno porteño hacia una empresa importante”.