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Por Manuel Gaggero

El 19 de julio de 1976 un “grupo de tareas” del Batallón 601 del Ejército, comandado por el entonces mayor Juan Carlos Leonetti, irrumpió en un departamento ubicado en la calle Venezuela de la localidad de Villa Martelli. En su interior se encontraban Mario Roberto Santucho –secretario general del PRT-ERP–, su compañera Liliana Delfino, Benito Urteaga, miembro del Buró Político de la mencionada organización, y su hijo José de sólo tres años de edad, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzillotto de Menna, embarazada de seis meses.
La patota desconocía la identidad de los ocupantes del inmueble, pero con el “estilo” de la época, comenzó a disparar con armas de grueso calibre, resultando heridos de gravedad Santucho y Urteaga, y muerto el jefe del operativo, hoy venerado por las Fuerzas Armadas que le han puesto su nombre a una escuela de la localidad de María Grande, provincia de Entre Ríos, y al “campo” sobre el que se asienta el Regimiento 1 de Paraná, dependiente del Tercer Cuerpo.
Los heridos y sus compañeros fueron trasladados a Campo de Mayo. La ambulancia que llevaba a los heridos era conducida por un suboficial de Talabartería –Víctor Ibáñez–. Su testimonio, 22 años más tarde, en una Información Sumaria que llevamos a cabo en el juzgado federal de San Martín a cargo del Dr. Alfredo Bustos, permitió reconstruir este episodio. En la Unidad de Campo de Mayo esperaban el ingreso de los heridos y de los detenidos el “carnicero” Santiago Omar Riveros y Fernando Ezequiel Verplaetsen, jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Al cerciorarse de que se trataba de los máximos dirigentes del PRT.ERP, los “jefes militares” notificaron a Videla y convocaron a la cúpula para que observara a los detenidos –todos encapuchados– y a los heridos, que horas más tarde fallecerían. Sus cadáveres quedaron depositados en la morgue del Hospital Militar.
Un comunicado suscripto por el dictador dio cuenta, en todos los diarios, de la que se consideraba como la más importante batalla contra la “subversión apátrida”. Por supuesto, en la noticia oficial nada se decía de los secuestrados. Evidentemente en ese momento la “estrategia” de los genocidas era no ocultar la muerte de Santucho y Urteaga y, por el contrario, exhibir públicamente sus cadáveres. Dos días después, y en esa dirección, la de publicitar el hecho, se realizó un brindis en la Embajada de Estados Unidos a cargo de Robert Hill, con la presencia de todos los integrantes de la junta militar.
Sin embargo algo hizo alterar los planes iniciales. Cuenta el médico que extendió los certificados de defunción que lo convocaron a él, que pertenecía a la planta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque los médicos militares tenían temor de extender la documentación, por las represalias que pudiera desatar el ERP.
Siete días después de aquel fatídico día, todo fue silencio. Relata Ibáñez que Menna y Liliana Delfino fueron sometidos a brutales torturas. Al primero lo instalaron en un aparato sofisticado que le pasaba electricidad permanentemente. Siete meses más tarde fueron “trasladados”. Ana Lanzillotto dio a luz en el Hospital Militar y luego tuvo el mismo destino que sus acompañantes. Los cadáveres fueron inhumados en Campo de Mayo. El de Santucho fue exhibido por Antonio Bussi al inaugurarse el Museo de la Lucha contra la Subversión en 1979. Se le había realizado un “proceso de embalsamamiento”, que permitía conservar intacto el cuerpo.
Veinte años más tarde, patrocinando a Ana Santucho, iniciamos una Información Sumaria dirigida a recuperar los restos de los dos jefes guerrilleros y a investigar cuál había sido el paradero o destino de sus acompañantes.
En más de 1500 fojas, con testimonio de los genocidas, de médicos del Hospital Militar y varios allanamientos y excavaciones a la Unidad de Campo de Mayo, logramos reconstruir los hechos y al mismo tiempo identificar a los responsables de las privaciones ilegítimas de la libertad, la aplicación de tormentos, la inobservancia de los deberes del funcionario público, el ocultamiento de cadáveres y la desaparición forzada de personas; todos delitos de lesa humanidad.
Con lo probado, interpusimos una querella criminal solicitando el procesamiento y condena de Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi, Federico Ezequiel Verplaetsen, Agatino Di Benedetto y José Eduardo Valladares.
Porque siempre hay “un día en la Justicia”, luego de muchos meses la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Martín ha declarado inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, disponiendo que el juzgado a cargo del juez Suárez Araujo sustancie la causa que permitirá poner entre rejas a uno de los grandes responsables del terrorismo de Estado, hoy electo intendente de Tucumán.
Impidiendo que asuma este genocida, sumaremos uno más al “que se vayan todos”. De esta forma avanzaremos en la búsqueda de la verdad y el castigo a los culpables de la mayor represión del siglo veinte.