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La investigación del Ejecutivo contra el ex mandamás de la Federal, Roberto Giacomino, descubrió que los contratos por hardware y software para el Hospital Churruca eran la punta de un iceberg: apenas el 20 por ciento de los negocios familiares ilícitos que provocaron su caída, según reveló ayer en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Según Beliz, Giacomino había sido mucho más fiel a la costumbre Campanelli que lo que revelaban aquellos datos. Descubrieron un plan para cobrar 16 millones de pesos dividido en tres áreas: creación de empresas para intermediar la capitación de servicios de salud para los federales del interior (casi 5 millones); un polirrubro de servicios para el Churruca –desde cañerías de gas hasta consultorías– (3 millones); y la mentada provisión informática (por la que planeaban obtener 8 millones). La documentación será entregada al juez a cargo del caso, Juan José Galeano. Hasta ahora, como ocurrió con el caso AMIA, la investigación de Galeano avanzó poco, si es que avanzó. El juez no consideró pertinentes realizar cruces de llamadas entre los imputados, por ahora no analiza el flujo del dinero hacia las empresas Campanelli y, para colmo, ordenó que los allanamientos los realizaran los federales, o sea, los investigados.
El 2 de octubre pasado, el jefe Giacomino fue despedido de la Federal en medio de un escándalo de proporciones. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, lo acusó de haber montado un negocio de empresas familiares para alquiler de computadoras y software al Hospital Churruca. La empresa que originalmente obtendría la contratación directa fue L&M Sistemas y Servicios, de Vicente Capizzi. El monto que había recomendado el entonces jefe policial como pago por los servicios informáticos era de 8 millones de pesos. La Sigen dictaminó que el monto era elevado y que debía llamarse a licitación. Para eludirla, se redujo la operación y se dividió en dos contrataciones directas de 980 mil pesos, uno por alquiler de computadoras y el otro por alquiler de software. Fueron beneficiadas L&M y Novel Time. La primera, de Vicente Capizzi, concuñado de Giacomino. La segunda, de Santiago Alvarez, tío de la nuera del ex jefe policial.
Pero si estos datos surgieron de la investigación ministerial y provocaron la caída en desgracia de Giacomino, ayer el propio Beliz reveló que sólo se trataba de la punta del iceberg, apenas el 20 por ciento del negocio. Y en conferencia de prensa reveló en qué, según los investigadores de la Administración Civil a cargo de Jorge Srur y los hombres de la Oficina Anticorrupción, consisten las profundidades del témpano, o sea, el restante 80 por ciento que, según las pruebas reunidas, tenía un horizonte inmediato de 16 millones de pesos.
Entre las revelaciones de Beliz, además de los fabulosos montos, se detectó la construcción de una estructura que, según los investigadores, “es notablemente ingeniosa” y siempre manteniendo los lazos parentales endógenos. Además del alquiler de hardware y software, el negocio se diversificó a la intermediación de servicios médicos a los federales de las delegaciones del interior y a la realización de todo tipo de tareas en el Churruca y en la obra social policial, un polirrubro que comprendía desde la instalación de cañerías de gas hasta una consultoría, pasando por la provisión de equipamientos varios.
Los montos pretendidos eran de 8 millones de pesos en los alquileres informáticos (ya se dijo que inicialmente debieron reducir a dos millones, de los que alcanzaron a cobrar un millón y este mes habrían cobrado el siguiente); 4,8 millones en la intermediación de salud al interior, de los cuales llegaron a cobrar el total; y 3 millones por el polirrubro, también embolsados.
Para cubrir tan amplio espectro la familia ideó seis empresas. L&M, del concuñado Vicente Capizzi; Novel Time, de un socio de Capizzi, aunque en ocasiones era Capizzi el que se presentaba a cobrar sus cheques por caja; Tropex, de Santiago Alvarez, tío de la nuera de Giacomino (antes fue propiedad de un hijo de Giacomino, y antes de él pertenecía a Capizzi); Dinatech, de Ana y Marcelo Capizzi, aunque Vicente cobraba sus cheques; Gestion Tools y High Med, ambas de Américo Di Blasio. Según los investigadores, Di Blasio aparece vinculado a Capizzi como su representante personal en las contrataciones directas de informática. Además, se detectó que uno de los directores de Novel Time pasaba a cobrar los cheques que correspondían a Capizzi.
Beliz reveló que en los servicios de salud al interior idearon un sistema de intermediación de intermediarios. “Con la excusa de que la gente de interior necesitaba salud inventaron un sistema muy ingenioso –dijo Jorge Srur a Página/12–. Crearon dos empresas, Gestion Tools y High Med. La primera operaba de mandataria y la segunda de gerenciadora. Gestion Tools fue creada un día antes de firmar el contrato y High Med el día en que se firmó el contrato.” GT tenía como tarea contratar una gerenciadora (HM) y de controlarla, cobrando por el servicio además, por contrato, el 10 por ciento de lo que facturara la gerenciadora. Esta, a su vez, debía contratar a los médicos. En pocas palabras, un control sobre sí mismo, que además no cumplía porque HM no prestó servicios en 11 delegaciones provinciales y lo prestó irregularmente en 10 (con cobro de plus incluido en Córdoba, por ejemplo). GT no denunció esas faltas por las que debería haber realizado un débito de 300 mil pesos a la facturación.
En cuanto al polirrubro, actuaba como un “llame ya”. Ante cualquier necesidad considerada urgente (instalar cables eléctricos, por ejemplo), se llamaba a las empresas de Capizzi, que eran contratadas en forma directa. No se hacían informes técnicos, ni estudios de costos ni presupuestos oficiales, en muchas ocasiones se pagaba por adelantado. Se presentaban presupuestos alternativos más caros realizados por otras empresas de Capizzi. Según la investigación, se presentaron un centenar de facturas por más de 3 millones de pesos. Sobre los montos se detectaron sobreprecios de entre el 50 y el 300 por ciento.
Cuando la investigación inicial detectó el negociado informático, el paper fue derivado por Beliz a la Oficina Anticorrupción ministerial para que profundizara antes de enviar a la Justicia. Pero el juez federal cuestionado por el empantanamiento del caso AMIA, Juan José Galeano, actuó de oficio y dio intervención al fiscal federal Miguel Osorio. Una fuente cercana a la investigación reveló que el expediente en manos de Galeano tiende a transformarse en un pantano semejante al de la AMIA. Entre los requerimientos que se le hicieron al juez, tres son de excepcional importancia para llegar al fondo de los negociados y determinar las responsabilidades: seguir el flujo del dinero; hacer los cruces de llamadas entre los 15 imputados en la causa desde 1999; y uno que de tan obvio no debería pedirse, que los allanamientos en busca de pruebas no estuvieran a cargo de los federales.
“Seguir el flujo de dinero –dijo la fuente– puede ser lento pero es implacable. Hace falta que todas las oficinas de pago de la Federal informen de los pagos efectuados por cualquier concepto a los imputados. Hay que saber a qué cuentas fueron esos cheques, sus movimientos y a quién pertenecen. Y el cruce de teléfonos es imprescindible.” Sobre el flujo de dinero, Galeano dijo que lo tendrá presente pero que no es el momento. Sobre los cruces telefónicos, dijo que no es pertinente. Sobre el cuidado del gallinero al zorro, no dijo nada, pero los hechos hablan por sí solos: los federales se encargaron de los allanamientos.