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Por segunda vez, las elecciones en la localidad tucumana de Sargento Moya tuvieron un mal final. La Junta Electoral de la Provincia (JEP) decidió suspender los comicios comunales cuando la mitad del padrón ya había vuelto a votar, ante el clima de “tensión social” generado por las protestas de sectores de la oposición al Frente para la Victoria, que quemaron gomas en el centro comunal. En los comicios del 23 de agosto, el resultado había sido anulado debido a incidentes que incluyeron la quema de urnas.

En Sargento Moya viven 700 personas, de las que están en edad de votar 560. Para garantizar la seguridad, ayer la gobernación desplegó allí sesenta policías –a razón de uno cada nueve votantes–. Sólo se iba a elegir al delegado comunal, ya que por el número de electores la votación no podía modificar los resultados en los cargos de gobernador y legisladores.

Según el secretario de la Junta, Darío Almaraz, la decisión de suspender la elección fue tomada luego de que “un grupo de vecinos realizó cortes de ruta y comenzó a lanzar pirotecnia por la supuesta presencia de personas que figuran en el padrón pero no residen en el lugar”. Almaraz agregó que “la tensión social fue en aumento y se decidió detener los comicios porque nada nos garantizaba que pudieran continuar sin nuevos incidentes”.

La protesta, según informó la prensa tucumana, fue realizada por seguidores de los candidatos Sergio Alarcón (Acuerdo por el Bicentenario) y Sergio Díaz (Acción Regional), enfrentados con la candidata Inés Ibarra (FpV), quienes quemaron cubiertas frente al edificio comunal por considerar insuficiente la depuración del padrón que realizó la JEP.

En las otras tres comunas tucumanas donde se votó por segunda vez por la quema de urnas (Los Ralos, San Ignacio y Villa Nogués), los comicios se desarrollaron normalmente. El 23 de agosto, durante la votación hubo incidentes que incluyeron la quema de 46 urnas. El número de votantes que fue llamado a sufragar nuevamente fue del 1 por ciento del padrón, unos 15 mil tucumanos. Además, la JEP vetó las candidaturas de seis personas que estuvieron involucradas en hechos de violencia.