El Congreso tendrá trabajo extra hasta el día antes del recambio parlamentario del diez de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno que surja del ballottage del 22 de noviembre. Durante la prórroga de sesiones ordinarias estarán en debate un conjunto de iniciativas en las que confrontan las dos opciones electorales que dirimen la elección presidencial. El oficialismo en el Senado prioriza los pliegos de ascensos en las Fuerzas Armadas, de jerárquicos en el escalafón diplomático y el nombramiento de jueces del fuero federal, además de la creación de la comisión bicameral para investigar complicidades económicas con la dictadura, entre muchas otras iniciativas que ya tienen media sanción de la Cámara baja como el régimen de promoción de juventudes y la ley de acceso al hábitat. Diputados prepara su propio listado, donde tendría prioridad el proyecto del Ejecutivo para recrear Yacimientos Carboníferos Fiscales. Aunque la suerte de la mayoría de estos proyectos estará atada al resultado electoral, mientras el macrismo envalentonado se prepara para frenarlas y prepara su estrategia parlamentaria “para gobernar”.

Los 130 diputados y 24 senadores electos en octubre jurarán el 3 de diciembre en sesiones paralelas de ambas Cámaras legislativas pero verán desde afuera algunos debates que se saldarían en los recintos durante la prórroga de sesiones ordinarias y antes que ellos asuman. Aunque su incorporación el diez de diciembre no alterará demasiado la actual conformación parlamentaria donde el Frente para la Victoria (FpV) ampliará su mayoría y quórum propio en el Senado, mientras que en Diputados, a pesar de perder bancas, conservará su condición de primera minoría.

Los senadores oficialistas planifican su próxima sesión para apenas tres días después de la segunda vuelta electoral, el miércoles 25 de noviembre –cuando ya se conozca el ganador de la elección presidencial– para darle ingreso formal a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el escalafón diplomático que se resuelven habitualmente a fin de año, así como las propuestas del Ejecutivo para el nombramientos de jueces del fuero federal y de los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín para ocupar los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes parlamentarias, los dos últimos se analizarían tras la asunción del nuevo Presidente. El Frente para la Victoria igual tendrá que optimizar todos los tiempos para intentar resolver al menos los otros ascensos antes del 9 de diciembre.

El kirchnerismo también tiene en carpeta varias iniciativas del Gobierno que necesitan de la aprobación del Senado para transformarse en leyes en lo que queda del año legislativo. Esta semana, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen favorable para la creación de la comisión para investigar complicidades económicas con la dictadura, que ya tiene media sanción de la Cámara baja con el respaldo de todos los bloques a excepción del PRO, cuyos 14 diputados decidieron abstenerse.

El macrismo se alineó con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) que rechazó la iniciativa que puede dejar al descubierto los grandes negociados de varios de sus empresas asociadas con la dictadura, argumentando que “el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial”. Aunque la bicameral impulsada por el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde tiene como atribuciones solo la “investigación” y deberá aportar a la Justicia los datos a los que arribe.

Pero en el Senado comenzaron a tallar los alineamientos electorales. El único senador opositor que acudió a la reunión de la comisión, el radical chubutense Mario Cimadevilla (que perdió la disputa electoral por su reelección y culminará su mandato el diez de diciembre) se opuso a la iniciativa con los mismos argumentos que la cámara empresarial: “Se arroga facultades que le corresponden al Poder Judicial” y que además “no garantiza la defensa de nadie”, sostuvo el saliente senador radical.

Es que la UCR, con 10 senadores, sería el principal sostén numérico de la Alianza Cambiemos en la Cámara alta si Mauricio Macri llega a la Casa de Gobierno. El PRO, que tendrá apenas 4 bancas, ya comenzó a diseñar su estrategia para la Cámara alta: uno de sus fieles (podría ser Federico Pinedo que asumirá en lugar de Diego Santilli) ocuparía la presidencia provisional del Senado, tercero en la línea sucesoria presidencial, detrás de Gabriela Michetti que presidiría la Cámara si triunfa Cambiemos el 22 de noviembre. Con poco margen propio, el macrismo designaría en la estratégica secretaría parlamentaria del Senado al presidente de PRO, Humberto Schiavoni, un empresario a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur y ex jefe de Gabinete del efímero paso del misionero Ramón Puerta por la presidencia del gobierno nacional en plena crisis de 2001, a quien consideran un “hábil negociador”.

Otras iniciativas kirchneristas deberán esperar al resultado electoral para transformarse en ley en el Senado. Como el régimen de promoción de juventudes que establece un marco jurídico que orienta al Estado sobre “el reconocimiento de derechos, deberes y garantías” para la población de entre 15 y 29 años, crea seis organismos destinados a su cumplimiento y establece la actualización automática del Plan Progresar. O el proyecto de acceso al hábitat, a través de la cual el Estado podrá “financiar la compra de tierras ocupadas irregularmente, tendrá un registro de viviendas y barrios informales para focalizar sus políticas y financiará a las provincias, CABA y municipios en los recursos para la regularización”.

Diputados, en tanto, buscaba preparar una sesión acordada para luego del ballottage para incorporar proyectos del oficialismo y la oposición sin disidencias ni observaciones. Aunque el FpV también tendrá otras prioridades: la semana próxima buscará darle dictamen al proyecto del Ejecutivo de recrear el privatizado Yacimientos Carboníferos Fiscales, que se encargará de la explotación del complejo santacruceño de Río Turbio para la generación de energía, para incorporarlo a esa misma sesión. Además de esperar el ingreso del proyecto anunciado por la Presidenta para la incorporación de científicos a un régimen de jubilación especial.

Allí también se sumarían otras iniciativas que ya tiene dictamen en la Cámara baja. Entre ellas, las indemnizaciones para ex trabajadores de Agua y Energía (que rondaría los 90 mil pesos) y de Petroquímica General Mosconi (280 mil), que no fueron incorporados al programa de propiedad participada tras sus privatizaciones durante el menemismo. Y el Fondo de competitividad para productores no integrados de peras y manzanas, que beneficiaría distintas provincias, entre muchos otros.

Pero Cambiemos buscará frenar la mayoría de estas iniciativas porque consideran que “condicionaría” su hipotético gobierno. En el macrismo ya piensan también en los hombres para “conducir” la Cámara baja, donde tampoco tendrán mayoría para imponer sus iniciativas y ni aun conformando un interbloque con sus socios de la UCR y la CC superarían en número al FpV. Macri quiere a su actual ministro de Gobierno porteño, Emilio Monzó, como presidente de la Cámara de Diputados. Uno de los armadores políticos de PRO, Monzó es nacido en territorio bonaerense y tiene un pasado juvenil como militante de la Ucedé de Alvaro Alsogaray pero se jacta de ser un pragmático peronista. Otro hábil negociador para la etapa que imagina Macri desde la Casa Rosada. En tanto, la beligerante Patricia Bullrich suma fichas como postulante para conducir la bancada macrista. Por las dudas, el radicalismo ya se puso en guardia. Su jefe de bloque, el cordobés Mario Negri, no sólo cuestionó la prórroga legislativa, cuyas sesiones ordinarias reclamaban en el recinto, como “una caja de Pandora” sino que se sumó al aviso de su jefe partidario, Ernesto Sanz, que “no le temblará el pulso para gobernar por decreto” si gana Cambiemos.