Nada de nada. Por ahora, no se encontró ningún rastro de espionaje telefónico ilegal en ninguna de las dos causas judiciales en las que se investiga la sonora denuncia de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich de fines de octubre. El estrépito llevó la cuestión a la tapa de los diarios, pero luego ni las propias diputadas volvieron a hablar del tema. El juez Emiliano Canicoba ingresó al predio de Villa Martelli, señalado por la denuncia, con un ejército de técnicos y secretarios que determinaron que allí no hay instrumental para intervenir teléfonos. Hay antenas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) destinadas –según los técnicos– a vincular a todas sus bases, pero sin capacidad para accionar sobre celulares o líneas fijas. En paralelo, en la Capital Federal, el informe de Gendarmería certificó que en la zona mencionada por la denuncia no existen oficinas ni de la AFI ni del Ejército. El juez Sebastián Casanello le envió un pliego de preguntas a la diputada Alonso, incluyendo cosas básicas como en qué teléfono recibió la llamada anónima que puso en marcha la denuncia, a qué hora fue la comunicación y cómo recibió el listado de los supuestos teléfonos chupados. Pasados más de diez días, Alonso sigue sin contestar.

Llamada

El origen de la denuncia fue una llamada telefónica de un hombre que dijo ser un ex agente de la SIDE. El sujeto, no identificado hasta ahora, se comunicó con Alonso y le dijo que le enviaría un sobre con un amplio listado de las personas que estarían siendo espiadas por el Ejército o la AFI, desde un edificio ubicado en San Juan y Entre Ríos, en Capital, y en el Centro de Investigaciones y Tecnología de las Fuerzas Armadas (Citefa), ubicado en Villa Martelli. En el listado de las supuestas víctimas de espionaje ilegal estaban los cuatro ministros de la Corte, los candidatos opositores como Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Nicolás Del Caño, funcionarios del gobierno porteño, dirigentes gremiales, economistas, varios jueces federales, fiscales, casi todos los periodistas del grupo Clarín y otros que, según Bullrich, también tienen opiniones contrarias al Gobierno, como Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá. Un dato de color que llama la atención es que uno de los que figura en la lista es el ex jefe del Ejército, César Milani. O sea que la persona a quien la oposición le adjudicó el armado de un súper-aparato de inteligencia era espiada por ese mismo aparato. De todas maneras, el más espiado era Jaime Stiuso: no quedó afuera nadie de su familia ni el nieto de ocho años ni sus supuestos socios en las empresas que presentó en su declaración jurada.

Sobre los dos lugares desde donde se hacia el espionaje, del primero no se dio dirección ni ningún otro dato, sólo el cruce de avenidas. Respecto del Citefa, el Ministerio de Defensa aclaró que ya no lleva ese nombre ni es de las Fuerzas Armadas, sino que desde hace diez años se denomina Itedef, Instituto de Investigaciones y Tecnología para la Defensa, y allí trabajan ahora investigadores civiles de ese ministerio. Parece contradictorio que un superagente que consiguió tan delicada información no supiera ni la dirección del primer lugar ni el nombre real del segundo.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González intentaron conseguir la mayor cantidad de información posible sobre el anónimo supuesto ex agente de la SIDE. De entrada, le pidieron colaboración a Alonso, pero ésta dijo que no tenía nada para agregar.

No obstante, hace dos semanas, el juez y el fiscal le enviaron a la diputada un pliego de preguntas para precisar datos elementales: en qué teléfono recibió la llamada anónima, a qué hora, cómo fue que le llegó el sobre con el listado de las personas víctimas del espionaje, si fue a través de la mesa de entradas de la Cámara de Diputados o se entregó directamente en su despacho. Hasta el viernes, Alonso no había respondido a preguntas tan sencillas y vitales para cualquier investigación. Casanello, de todas maneras, secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad de la mesa de entradas de Diputados correspondientes al día en que Alonso dijo que le mandaron la lista. Tomó esa medida pese a que no tiene certeza ni de la hora ni de la forma en que se entregó la lista.

La investigación se dividió en dos, con Emiliano Canicoba, juez federal de San Martín, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto a cargo de la pesquisa del predio de Itedef y Casanello a cargo de la búsqueda de algún edificio en San Juan y Entre Ríos desde el cual se haya estado haciendo el denunciado espionaje ilegal.

Canicoba no accedió a allanar porque la denuncia se basó en un llamado anónimo, lo cual sentaría el precedente de una medida de tal naturaleza ante cualquier denuncia anónima. Sin embargo, combinó con el Ministerio de Defensa y sobre todo con la AFI, una inspección inmediata. Al lado del predio de Itedef hay otro que utiliza la AFI desde hace 12 años y en el que se emplazan –según parece– las antenas por las que se vinculan las estaciones del país y el exterior. El juez concurrió al predio acompañado de técnicos, que certificaron que esas antenas no pueden tener ningún papel, no tienen capacidad, para tener relación con escuchas telefónicas. Por otra parte, en el predio no hay personal ni aparatos relacionados con interceptaciones de comunicaciones. Respecto del Itedef, Canicoba también verificó que allí no hay ninguna estructura ni personal ni aparatos relacionados con escuchas telefónicas.

Capital

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Casanello le pidió a la Gendarmería que haga un informe sobre la existencia de oficinas o edificios desde los que se pudieran hacer actividades de espionaje en la zona de San Juan y Entre Ríos. Después de dos semanas de investigación, la Gendarmería le adelantó al magistrado la conclusión de que en el área no se detectó ninguna dependencia u oficina desde la que se estuviera haciendo alguna actividad de esa naturaleza. No sólo se relevó la zona sino que también se utilizó tecnología de comunicaciones.

Ante la falta de precisión de la denuncia, el juez buscó detectar a la persona que hizo el llamado original, pero hasta el momento –también ante la ausencia de respuestas de Alonso– no pudo ubicar al individuo.

En la causa declararon dos ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Darío Piccirilli y Ariel Garbarz, quienes sostuvieron que para interceptar un listado de celulares como el que se menciona en la denuncia, se requiere indefectiblemente una colaboración con las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular, es decir Movistar, Personal, Claro o Nextel.

Fue de esa manera como se hicieron las dos maniobras de espionaje más conocidas de los últimos años. La que encabezó Ciro James, desde la Policía Metropolitana, se concretó a través de causas falsas en Misiones, jueces de esa provincia que pidieron fraudulentamente que la SIDE hiciera las escuchas a un familiar de una víctima de la AMIA, al cuñado de Mauricio Macri, a abogados de distintos expedientes, a Carlos Avila y otros empresarios. El propio Ciro James retiró los CD con las escuchas de las oficinas de la SIDE y en las escuchas de esa causa, en la que sigue procesado Macri, las líneas se tomaron desde las empresas prestadoras.

La otra causa de espionaje ilegal fue en una denuncia, también fraudulenta, contra una empresa, Dark Star Security, a la que se le imputaba realizar actividades de espionaje a favor de Gran Bretaña. Con ese argumento, el ex hombre fuerte de la SIDE, Antonio Jaime Stiuso, dispuso una pre-causa en la que se interfirieron decenas y decenas de teléfonos de forma ilegal, presentándole informes falsos al juez Luis Rodríguez. En esos casos también las escuchas se hicieron posibles interceptando las comunicaciones desde los proveedores del servicio de telefonía celular. La otra alternativa –explicaron los ingenieros– consiste en interferir mediante las llamadas valijas ubicadas a corta distancia de los espiados. El método no parece encajar con los cientos de celulares de la denuncia.

Por su parte, la AFI entregó una declaración en la que no sólo sostiene que ya no realiza escucha alguna ya que todo se transfirió a la Procuración, sino que exhibió las planillas en las que se registraban las escuchas y que no se parecen en nada a las que se aportaron en la denuncia. Finalmente, en los próximos días declararán como testigos algunos de los que figuran en la lista de espiados y que se presentaron como querellantes. Se menciona que varios hicieron inspeccionar sus teléfonos y tampoco registran ningún indicio del espionaje.

Cuando se va a cumplir un mes de la estruendosa denuncia que fue llevada a la tapa de varios diarios, habiendo surgido apenas de una llamada anónima, ninguna de las dos investigaciones judiciales pudo comprobar la existencia del espionaje ilegal. Tampoco las diputadas denunciantes, que le dieron un carácter explosivo a su denuncia y luego no mostraron ni el menor interés para aportar los datos más básicos, imprescindibles en cualquier investigación medianamente seria.