El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa fue aprobada por unanimidad aunque con sólo 39 votos, ya que la mayoría de los bloques opositores decidió retirarse del recinto. La intención de dejar sin quórum la sesión era lograr que el proyecto se cayera, pero la estrategia de macristas, radicales y peronistas disidentes fracasó cuando cuatro senadores del bloque del FAP-GEN permanecieron en el recinto. La iniciativa apunta a la elaboración de un informe sobre las consecuencias de la política económica instaurada tras el golpe de 1976 y a la identificación de actores económicos y financieros que contribuyeron y/o se beneficiaron con el terrorismo de Estado. Durante la sesión también ingresaron formalmente al Senado los pliegos de los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, postulados por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia. La Cámara alta aceptó además las renuncias de los senadores Gerardo Morales, Laura Montero y Diego Santilli, que a partir de diciembre cumplirán tareas en los gobiernos de sus distritos, y aprobó los diplomas de los 24 senadores electos el 25 de octubre.

La propuesta de la bicameral la presentó a fines de 2014 un grupo de diputados kirchneristas encabezado por Héctor Recalde. En septiembre último Diputados la aprobó con 170 votos a favor, cero en contra y abstenciones de los legisladores del PRO y sus aliados. Ayer se convirtió en ley con los votos del oficialismo acompañado por senadores del socialismo, Proyecto Sur y la Coalición Cívica-ARI. La oposición radical, macrista y el peronismo disidente no obtuvo la autorización del oficialismo para abstenerse, por lo que decidió retirarse del recinto para dejar la sesión sin quórum, pero también fracasó. El proyecto se aprobó por unanimidad con 39 votos: a los senadores del Frente para la Victoria se sumaron el socialista Rubén Giustiniani, su colega de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Jaime Linares (GEN) y la representante de la Coalición Cívica-ARI, Magdalena Odarda.

Durante el debate de ayer, el peronista disidente Juan Carlos Romero rechazó el proyecto argumentando que el Senado no tiene que “hacer un juicio civil o moral porque no es su tarea”. Recordó que tanto el presidente electo Mauricio Macri como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se expresaron en el sentido de que “los derechos humanos son una política de Estado, que deben seguir los juicios y que los jueces deben tener independencia”. El radical Gerardo Morales pidió sin éxito introducir modificaciones a la iniciativa para incorporar la investigación de “las complicidades gremiales” en la desaparición de personas. En la misma línea se pronunció la juecista cordobesa Norma Morandini, quien recordó que “muchos dirigentes sindicales entregaron a sus delegados de base”. Morandini reclamó “no ponernos en lugar de la Justicia, porque ahí sí podemos caer en la venganza política”. El macrista Diego Santilli pidió autorización para que el bloque del PRO pudiera abstenerse. “Esto tiene que ver con una política de Estado y con cerrar un círculo de una política iniciada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, destacó el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto. “No vamos a autorizar abstenciones porque nos dejarían sin quórum”, advirtió. Luego la oposición se retiró del recinto, aunque no pudo frustrar la aprobación de la ley.

La Bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores, respetando la representación parlamentaria. Deberá presentar un informe final con los aspectos más salientes y “las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la dictadura. También identificará a “los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con ese gobierno.