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El 7 de noviembre los docentes de Malvinas Argentinas hicieron una marcha para oponerse al proyecto del intendente Jesús Cariglino de municipalizar las escuelas. Con una pancarta en la que se leía “En defensa de la educación pública”, la manifestación atravesó la calle principal camino a la intendencia. Rita Asfacio, secretaria gremial del Suteba, iba delante de todos, vestida con un delantal blanco. Acostumbrada a participar en movilizaciones, Rita no esperaba encontrar nada distinto a lo acostumbrado, pero al llegar a la cuadra donde está el edificio comunal se quedó boquiabierta al ver que en la entrada, junto al despliegue de policías, también había apostada una patota de civil: ella y otras maestras reconocieron entre los culatas a varios de sus antiguos alumnos.
–¿Ese de remera verde no estuvo en tu curso? –preguntó.
–Es Eduardo Pérez –le confirmó una de sus compañeras.
También Amelia Beato, la secretaria general del Suteba local, vio en las filas de los que hacían seguridad vestidos de civil a un viejo alumno suyo. Eran beneficiarios de los planes sociales, reconvertidos en fuerza de choque de la intendencia. En Malvinas Argentinas quien haga una movilización de reclamo puede ser reprimido por la Bonaerense... o por estas cuadrillas que se mueven en apoyo a Cariglino, en contramarchas de apoyo a su gestión.
La foto que ilustra esta nota (abajo, a la izquierda) muestra esa combinación de uniformados y fuerza de choque irregular. Fue tomada por los docentes y muestra, de izquierda a derecha, al secretario de Seguridad Municipal Eduardo Cuevas. A su lado hay un policía, luego la patota. “El último de la izquierda también es conocido para nosotras”, cuenta Rita. “Nos golpeó en una oportunidad en que repartíamos volantes en la calle.” Aquel 7 de noviembre, cuando la marcha intentó avanzar, los docentes terminaron forcejeando contra los policías y sus propios vecinos. Así la situación, tuvieron que hacer malabarismos para no terminar en una batalla de pobres contra pobres.
Intendentes en alerta
Jesús Cariglino está detenido desde el viernes 21, en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos destinados a obras de pavimentación en la comuna. Sus abogados se juegan la vida para sacarlo en libertad esta semana, ya que el 10 de diciembre debería asumir un nuevo mandato.
Duhaldista histórico, Cariglino ha utilizado su distrito como un lugar de prueba para los proyectos de privatización encubierta de los servicios públicos. Fue el primero en municipalizar la salud, con hospitales donde los pacientes deben pagar un bono contribución para atenderse.
La causa por la que quedó preso tiene que ver con una estafa realizada en 1998, cuando empresas que pavimentaron Malvinas Argentinas no recibieron su paga, que habría sido derivada a una cooperativa de empleados municipales. El mecanismo se habría repetido con otros intendentes del PJ bonaerense, que entraron en alerta cuando el colega quedó imputado.
La semana pasada los jefes comunales de la primera sección electoral (en el norte y oeste del Gran Buenos Aires) estuvieron incluso a un tris de pasar a las armas. “Pretendieron hacer una marcha para reclamar la libertad de Cariglino, pero (Eduardo) Duhalde la frenó”, contó un ex ministro cercano al ex gobernador.
Pero no sólo la suerte del compañero en apuros vincula al puñado de intendentes peronistas. El episodio de los maestros de Malvinas Argentinas parece calcado del que ocurrió en Presidente Perón un mes antes de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, cuando una patota de civil esperó a una marcha de docentes y piqueteros en la Municipalidad. Nada distinto de lo que otros militantes sociales han denunciado en Merlo, donde gobierna Raúl Othacehé, y en el Lanús de Manuel Quindimil.
Agitar la banderita
La mujer es beneficiaria del Plan Jefas y Jefes de Hogar en un barrio de Los Polvorines, Malvinas Argentinas. Para contar su historia, en un patio de tierra en el que se reúne toda la familia para escucharla hablar, pide que se reserve su nombre. “Doy la contraprestación para la Municipalidad, en un grupo de tejido y costura”, dice. “Trabajamos cuatro horas por día en una casa de la delegación municipal. Cuando hay actos políticos, nos suben al micro para ir a hacer número. Arriba del colectivo el referente nos toma asistencia, el que no va al acto se queda sin el plan. Eso es lo que nos advierte él, el Nene Sánchez. Yo fui a varios actos. En el último escuché a Chiche Duhalde y a Solá cuando vinieron para la campaña. A la entrada nos dieron banderitas para agitar.”
“A mi papá –cuenta otra denunciante a Página/12, en un barrio distante– también lo hacen ir a los actos. Le toman asistencia como que está trabajando para el plan. El no se niega: es un hombre grande y no puede quedarse sin nada. Hasta lo llevaron a una actividad en San Miguel. Al que no va, le llega la baja. Todos los meses publican el listado de los que se quedaron afuera, en el Batallón 601.”
El Batallón está ubicado a pocas cuadras de la Municipalidad. Es un enorme predio cedido a la comuna, dentro del cual ahora funcionan oficinas públicas. En una de las construcciones del Batallón, una vez por mes, el Banco Provincia instala una sucursal para pagar los subsidios a los desocupados. Pegadas a la pared externa, el viernes había allí largas listas de beneficiarios dados de baja.
Entrevistar a los desocupados que se acercaban a leer esos listados resultó imposible: cada vez que este diario comenzó a hablar con alguno de ellos, fue interrumpido por punteros que se acercaban para intervenir en la conversación. Sólo entonces se hacía evidente que el aparato municipal tenía a sus espías mezclados entre el tumulto de gente que repasaba los nombres pegados en la pared. Una pelirroja salida de la nada armó un pequeño escándalo tratando de impedir que se tomaran fotos: alegaba que era necesario contar con un permiso municipal. En este clima, los que contaban alguna pequeña cosa lo hacían en voz baja para alejarse inmediatamente del lugar. Así trabaja el miedo.
Muchos otros testimonios, en cambio, ya están en los tribunales de San Martín como parte de una denuncia contra Cariglino por su manejo clientelar de los planes de empleo. El tema fue investigado por la fiscalía de Guillermo Marijuán, que ha escuchado en los últimos meses varios cientos de testimonios. Los investigadores que trabajaron en el caso dicen que la denuncia contra el intendente es la más sólida de todas las que han seguido hasta ahora en el conurbano.