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Pocos días después de las elecciones de setiembre, eufóricos triunfadores bonaerenses se sentaron a festejar ante una mesa bien servida, a pocos minutos de distancia de los núcleos más pobres del conurbano, en un restaurante de Puerto Madero. A los postres tomó la palabra el diputado de San Nicolás José María Díaz Bancalari. Con voz armoniosa y oratoria sutil dijo: “Todos sabemos que este muchacho no es confiable y que vamos a tener que controlarlo”. Entre los asistentes no estaba el gobernador Felipe Solá. El presidente del bloque de diputados justicialistas miró a la vicegobernadora electa, Graciela Giannettasio, y añadió: “Esa es tu responsabilidad”. El episodio es digno de ser recordado ahora que el Procurador General de la Provincia, Eduardo Matías De la Cruz, de íntima relación política, personal y de empleos públicos con Díaz Bancalari, se lanzó de lleno al juego político nacional, de un modo que nadie atribuiría a su iniciativa personal.
Ex funcionarios que conservan vínculos estrechos con Solá sostienen que la embestida del Procurador está encaminada a socavar su recién encarrilada relación con el presidente Néstor Kirchner y constituiría la respuesta del duhaldismo a la insistente asociación entre los intendentes del conurbano, la policía y los delitos más pesados. Según ellos se buscaría provocar así una crisis de gobernabilidad en la que no sólo Giannettasio, sino también Daniel Scioli, desempeñarían roles protagónicos. Es improbable que los prebostes y senescales del duhaldismo consigan hacer mella en un poder que Kirchner ha construido en sintonía con las apetencias sociales, que ellos hace mucho han perdido, como hasta su capitán general lo reconoce. Pero la liviandad de Solá lo expone en forma constante a tales riesgos. Su ambigua relación con De la Cruz provocó incluso una grave crisis con la Comisión Provincial por la Memoria, que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Estela Carlotto. Humorista involuntario, Solá se quejó de que el gobierno nacional lo considerara un tibio y comisionó a su fogosa cónyuge para mejorar la relación. No fue la única dama que cruzó el tablero en diagonal. La diputada electa Hilda González de Duhalde cuestionó la política oficial hacia los piqueteros en términos casi idénticos a los que usó hace un año Carlos Menem (“las calles están en manos de los marxistas y de los delincuentes”) y negó que los intendentes del conurbano tuvieran algo que ver con la corrupción policial, que por primera vez admitió.
Contexto
El viernes 14, el gobernador recibió al corresponsal en La Plata del diario La Nación. El domingo 16 apareció el extenso reportaje en el que Solá abundó en expresiones de deseos acerca del ex gobernador Eduardo Duhalde (“quiere renovar la política”) y los capitanejos del conurbano (“no veo ningún adversario en los intendentes justicialistas”). Cuando le preguntaron cuáles de ellos eran “sus aliados” o “los más amigos”, encabezó la lista con el sindicalista metalúrgico y aficionado al boxeo Hugo Curto. “Este muchacho ni sabe dónde está parado”, comentó un miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista que tiene afecto por Solá. Esa misma semana, los asistentes a la última reunión de ese organismo que preside el líder renovador de las juventudes de Lanús, Manuel Quindimil, se habían comprometido a rechazar el intento del gobernador por colocar a un hombre de su confianza al frente de la Cámara de Diputados y a enfrentarlo hasta las últimas consecuencias. “En el caso de Curto la cuestión ya no es política sino personal. Creo que si se cruzan le pega. En la última reunión echaba chispas, porque supo que Solá había dicho que Curto tenía un hijo que manejaba una cocina de droga en Tres de Febrero. Cuando se llega a ese nivel no hay marcha atrás”, explicó el dirigente duhaldista.
Fuentes de la gobernación dicen que en un aparte de la entrevista con La Nación, el periodista platense le preguntó si en la investigación de los secuestros no estaban siguiendo alguna pista que involucrara a militares, pero no le dijo de dónde provenía la versión. Solá lo recordó el lunes 17, cuando su ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, llegó al departamento del gobernador en la Capital Federal con la primera noticia acerca de las planillas del Procurador, de las que se enteró por los técnicos de la policía. El denominado “Informe Confidencial”, fechado en La Plata ese mismo 17 de noviembre, consta de una foja inicial en la que De la Cruz afirma que “resulta de importancia destacar vínculos que existen en las diferentes causas”. Aunque menciona una treintena de expedientes, sus únicos ejemplos son comunicaciones de líneas del Ejército y de la Casa Rosada. Como “muestra” siguen una veintena de fojas con listados de números extraídos de apenas cinco expedientes judiciales, cuya selección no se fundamenta. Cuando Alvarez obtuvo un juego, Solá entregó una copia al ministro federal de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz.
El Procurador De la Cruz recurrió a un contacto patagónico para llegar sin intermediarios a la presidencia, donde fue recibido por el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini. Como de costumbre, comenzó por presentarse como amigo y discípulo de Arturo Jauretche, quien desde el 25 de mayo de 1974 consiente en obstinado silencio tan urticante cargo. Otras relaciones más comprobables del Procurador son el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Mércuri, y el juez de la Cámara de Casación, Federico Domínguez. Esas relaciones se cimentan con un astuto nepotismo cruzado. Por ejemplo, Domínguez designó jefa de despacho a una hija de De la Cruz y De la Cruz consiguió una vacante en la Procuración para el cuñado de Díaz Bancalari, René Hormazábal. De la Cruz le dijo a Zanini que los números analizados provenían de la memoria de los celulares empleados en secuestros, pero nada de eso figura en el informe. El gobierno temió que se tratara de un anzuelo encarnado a propósito para el impulsivo presidente.
Por más que algunos militares carapintada hayan sido detenidos por tráfico de armas o secuestros, no parecía razonable que desde tantos despachos de la mole verdeoliva se cursaran llamadas siniestras. Pero como tampoco debían descartarse posibles pistas, dispuso que mientras el jefe del Ejército, Roberto Bendini, echaba un vistazo a su propia casa, un especialista de la SIDE fuera a La Plata para hacer la inteligencia que faltaba a ese caos de datos. Ese software desarrollado por la policía fue requerido por los jueces federales que investigan la explosión de la Fábrica Militar de Río III y un secuestro en el Litoral, porque puede aportar algún indicio que sirva de orientación. La evaluación oficial fue que la punta de ese hilo debía seguirse con cautela y discreción. Pero De la Cruz ya había entregado copias de su material en crudo a La Nación y al diario platense El Día. Ese era el método ideal, no para profundizar una investigación sino para detonar un escándalo que incomodara al gobierno. Kirchner le preguntó a Díaz Bancalari en qué estaba su protegido. Díaz Bancalari respondió luego de reunirse con De la Cruz: “Se volvió loco o está en una operación”. En el Poder Ejecutivo no se atribuye esa intencionalidad a Díaz Bancalari sino a Juan José Alvarez, lo cual no es congruente con la historia y las relaciones de cada cual. El ministro de Seguridad sabe que nada puede hacer contra ese prejuicio, por lo cual decidió asumir dentro de diez días la banca de diputado nacional para la que fue electo. El presidente quiso hablar con él, pero el inseguro Solá le pidió que no lo hiciera porque rebajaría lo que llama su autoridad. Alvarez ya comunicó su decisión a quien le ofreció el cargo.
Elemental, Watson
La primera causa analizada por De la Cruz es la del homicidio de la dama de beneficencia y negocios María M. García Belsunce. Comienza con 19 llamados entre la empresa Parflik S.A. (del periodista Bernardo Neustadt) y cuatro números telefónicos del Edificio Libertador. Le siguen 52 llamadas entre organismos militares y el abogado penalista José Scelzi. Neustadt siempre simpatizó con las personas que usan uniforme y portan armas y Scelzi es abogado defensor del viudo de García Belsunce. Pero, que se sepa, no son investigados en ninguna causa. Scelzi también representa a tres oficiales del Ejército acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex Batallón de Inteligencia 601, Jorge Suárez Nelson, Juan Gualco y Juan Mabragaña, con lo cual la mera reiteración de llamadas no justifica ninguna sospecha. La segunda causa es la que se instruyó a raíz del asesinato en Bahía Blanca del médico Felipe Glasman por un pistolero solitario que le disparó en la calle y siguió su camino. El número que recibe llamadas desde la sede del Ejército está identificado en las planillas del Procurador con la indicación “Banco Provincia”. En realidad corresponde al celular del ex diputado Damasito Larraburu, quien integra el directorio del banco oficial bonaerense. De acuerdo con un reportaje que Larraburu le concedió a Nelson Castro cuatro meses después del asesinato de Glasman, él mismo solicitó a De la Cruz que la SIDE interviniera. Medios de prensa de Bahía Blanca y de la Capital lo habían mencionado como sostén político de un grupo de funcionarios del Hospital Español vinculados con la Armada y enfrentados con Glasman, pero nunca estuvo imputado.
“Un invento”
La cuarta causa es la que se instruyó por el asesinato hace tres años de los novios adolescentes de Bahía Blanca Horacio Iglesia Braun y María Victoria Chiaradía. Lo notable es que a raíz de la intervención de De la Cruz en ella, las familias de las víctimas lo acusaron de encubrir a los asesinos y pidieron su juicio político. Al conocerse el informe de De la Cruz, Silvia Braun dijo que había visto la planilla correspondiente al caso de su hijo. “Pusieron cualquier cosa, es un invento total”, dijo. El auto de los chicos fue hallado dos días después de la desaparición de la pareja sin sus chapas patente, que se encontraron dentro del baúl. Eso orientó la pesquisa hacia los talleres de la zona que se dedican al doblaje de vehículos. Pero el ministro de Seguridad de entonces, comisario Ramón Verón, dijo que el crimen podría ser “una represalia contra el padre de Horacio, el comisario inspector Héctor Iglesia”. Sin atender a esa pista falsa, la jueza María Pía Fava de Solana detuvo a levantadores y dobladores de autos y secuestró una pistola como la que se empleó en el asesinato, una agenda con una anotación solicitando un vehículo del mismo modelo y color que el de los adolescentes y una bufanda y un pañuelo que María Victoria llevaba la última noche. Las intervenciones telefónicas a todos los detenidos dejaron ver una red de levantadores, desarmadores, duplicadores y vendedores de autos con ramificaciones en distintos puntos de la provincia y con ostensible protección policial. Los fiscales de Bahía Blanca Eduardo D’Empaire y Claudia Lorenzo sindicaron como “autor material” del doble homicidio al falsificador de tarjetas de crédito Héctor Fernando Gómez, quien estaba prófugo.
Perejiles
Gómez se corporizó nada menos que en el despacho del Procurador. De la Cruz ordenó a los fiscales bahienses que le tomaran declaración como testigo de identidad protegida. Los fiscales se negaron, porque ese programa está dirigido a proteger de represalias a quienes colaboran con el esclarecimiento de un acto delictivo, pero no a quienes lo cometen. El presunto autor material concertó su declaración con la de los otros detenidos, con el propósito de frustrar la investigación. Pese a ello la jueza y el fiscal secuestraron en la casa del oficial subinspector de la bonaerense Sergio Salvador Pieri, en La Matanza, un auto robado, con chapas falsas, armas, formularios y sellos de varias comisarías y un recorte de diario, con el título “Tres detenidos por el asesinato de los novios en Bahía Blanca”. Pieri dijo que se lo había dado Gómez. El Procurador declaró entonces en varios medios que la investigación de sus fiscales era endeble, restó valor al hallazgo de la bufanda (que los padres y varios conocidos de María Victoria habían reconocido) y dijo que los detenidos eran unos perejiles, que serían absueltos. Pero la investigación ya había llevado también al descubrimiento de una empresa de fletes, con locales en La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora y la Capital, para guardar mercaderías robadas en asaltos a mano armada. En el gráfico que elaboraron los fiscales se destacaban las conexiones de esa megabanda de Lomas con los implicados en el homicidio de los adolescentes.
Pese a la protección que De la Cruz brindó a Gómez para desarticular la investigación, su profecía no se confirmó. Por el contrario, el 8 de abril de este año el Tribunal Oral Nº 3 de Bahía Blanca, integrado por los camaristas Pablo Hernán Soumoulou, Daniela Fabiana Castaño y Guillermo Francisco Glizt, condenó a diez años de prisión como “instigadores penalmente responsables del delito de robo calificado por el uso de armas” en perjuicio de los dos adolescentes a Martín Goyeneche, Juan Corona y Rubén Martin, los “perejiles” del Procurador. También ordenaron investigar la responsabilidad de Gómez en el doble homicidio. Pero los fiscales ni siquiera citaron al “testigo protegido” de su superior y la Legislatura sepultó en el cajón más profundo la denuncia de los padres de los adolescentes y la solicitud de juicio político al Procurador. “Quiero que estas personas se hagan cargo de todo lo que hicieron, el lío que armaron a nivel nacional. No voy a permitir que jueguen más con los chicos; ya con los tiros que tienen cada uno en la cabeza les alcanza”, dijo Silvia Braun. Luego de reunirse con Solá y Alvarez, la mujer sostuvo que “el procurador es un desgraciado”. Su abogado, el ex secretario de Seguridad del gobernador radical Alejandro Armendáriz, insistirá a partir de mañana con el juicio político. Esta vez muchos largavistas estarán observando si Solá, Díaz Bancalari, Mércuri o Duhalde se atreven a defenderlo.