Asombra observar cómo nos cambia el ejercicio del poder. Varios comunicadores principales de la alianza triunfante en los comicios y hasta el nuevo presidente presionan por todos los medios posibles –y los medios de verdad acompañan– para que funcionarios nombrados conforme a la Constitución nacional y la ley, con acuerdo del Senado de la Nación decidido por una mayoría calificada, en oficios públicos temporales o vitalicios, renuncien a sus cargos o sean enjuiciados para ser exonerados... precisamente por la mala conducta de no renunciar. Incluso se designa a sus pretendidos reemplazantes. Asombra, precisamente, porque el pregón y la presión parten de aquellos que han cacareado antes en nombre del sistema republicano, incluidos allí asociaciones cuyo fin confesado por sus estatutos consiste en la defensa de ese sistema.

Desde este punto de vista, ofrece especial interés para mí la exigencia de renuncia dirigida hacia la procuradora general de la Nación, jefa de un Ministerio Público declamado independiente de los otros poderes del Estado y autónomo respecto de ellos en el cumplimiento de su función por la misma Constitución nacional –calificados juristas lo han tratado por ello como órgano extrapoder–, cargo perdurable ad vitam mientras dura la buena conducta en el cargo del funcionario designado y sólo removible por el mecanismo del juicio político por el mismo Senado de la Nación que acordó su nombramiento prácticamente por unanimidad. ¿Se procederá del mismo modo con los jueces díscolos (que dicten alguna resolución contraria a los deseos del gobierno entrante)?

* Profesor titular consulto de DP y DPP.