El presidente electo Mauricio Macri había prometido durante la campaña electoral entregarle nuevamente a Gerónimo “Momo” Venegas el manejo del registro de los peones rurales, tal cual ocurría hasta 2011, cuando el Frente para la Victoria sancionó la Ley del Peón Rural con el objetivo de restituirle derechos a los trabajadores del campo. En este camino, el líder del PRO recibió la ayuda del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien desempolvó un expediente luego de tres años para aceptar un planteo de inconstitucionalidad sobre el registro creado en diciembre de 2011 y colocar nuevamente al Momo en las puertas del Renatre. Desde 2002 hasta 2011, Venegas utilizó ese registro como una fenomenal caja de recursos para poner a disposición de distintas estructuras políticas, incluido su partido Fe, en detrimento de la calidad de vida de los peones rurales. Altos sueldos, viáticos remunerativos y contratos con empresas vinculadas fue el combo ideado por Venegas que en una primera etapa puso al servicio de Eduardo Duhalde y ahora pretende hacerlo con Macri. El próximo titular del Indec, Jorge Todesca, que viene de las filas duhaldistas, ocupó un rol clave en la estructura partidaria del Momo.

“Con el Renatre vamos a saber cuánto produce el país y vamos a terminar con el trabajo en negro, es un orgullo. También nos quitaron el servicio de sepelio, pero la Uatre se vuelve a hacer cargo de esta institución de todos los trabajadores rurales”, sostuvo Venegas la semana pasada, desde la localidad de Rojo en la provincia de Buenos Aires.

Página/12 accedió al último balance del Renatre previo a la salida de Venegas, a la nómina de los sueldos de los principales dirigentes de la entidad, entre los que también se encontraban directivos de la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria y la documentación correspondiente a los contratos con las empresas tercerizadas.

Desde un primer momento, el Momo tercerizó la tarea de fiscalización (Gregard SA), el cobro de deudas y multas (Trivio SA), la capacitación (Uatre) y la gestión de los sistemas informáticos (Train Solutions SA). Es decir, tenía una estructura acotada a lo administrativo. Sin embargo, distribuyó una inmensa cantidad de recursos para sus dirigentes.

En 2011, último año de gestión del Momo, el Renatre recibió ingresos correspondiente a los aportes de los trabajadores (Código 97 según AFIP) por 156,3 millones de pesos, que sumado a otros ingresos totalizaba una caja de 183 millones de pesos. De ese total, 97,9 millones correspondían a un fondo de reserva colocado en un plazo fijo. De los restantes 85,1 millones de pesos que manejaba el sindicalista junto a las patronales agropecuarias, 29 millones de pesos correspondían al rubro sueldos de los principales directivos del Renatre.

El propio Venegas llegó a cobrar aquel 2011 un haber bruto total de 458.915 pesos, sumado a otros 339.435 pesos como viáticos remunerativos. En total, fueron 798.350 pesos obtenidos del Renatre que puso al servicio de su proyecto político. Ese año, Venegas también cobró 346.669 pesos como titular de la Uatre y otros 340.645 pesos como responsable de la obra social del gremio (Osprera). Una vez fuera de la estructura del Renatre lanzó el partido Fe, con la incorporación de dirigentes del duhaldismo residual, entre ellos Todesca.

Esos 29 millones de pesos de sueldos se repartían entre los cuatro directores por la Uatre, más otros cuatro por cada una de las patronales agropecuarias, más los responsables de cada seccional, quienes tributaban a cada una de las organizaciones que formaban parte del registro, ya sea el gremio o las entidades de la Mesa de Enlace.

La inmensa masa de recursos puesta en los bolsillos de los dirigentes debía complementarse con el ocultamiento del trabajo no registrado y las condiciones de vida infrahumanas de muchos peones rurales. Para ello, el Momo tercerizó en Gregard SA la fiscalización en los campos. Sólo en 2010 y 2011, el Renatre le pagó a esta sociedad un total de 10 millones de pesos. Esta compañía tenía el mismo domicilio fiscal que el gremio de los peones rurales (Reconquista 630). Su presidenta, Elba Araceli de Robles, participaba de otras empresas vinculadas al sector farmacéutico y a la obra social de Uatre (Osprera). Además era el nexo empresario entre Venegas y Eduardo Duhalde.

El ex presidente y su mujer, Hilda Beatriz González, fueron desde 2004 hasta 2007 los responsables de Finca Las Casuarinas, cuya actividad principal era la construcción y reparación de edificios no residenciales. En 2007 cedieron sus lugares a Leonardo Lavanda y Elba Araceli de Robles (Boletín Oficial 01/06/2007).

Cuando la Sigen realizó una auditoría sobre lo actuado por Venegas, no encontró ningún documento que se refiriera a una contraprestación por parte de Gregard, ni mecanismo de auditoría interna que diera cuenta de la labor realizada.

Del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento. Si bien este dato habla de la inacción del Momo, hay otro que permite cerrar el cuadro de la connivencia con las empresas agropecuarias. Al 31 de diciembre de 2011, el Renatre tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de deuda” emitido por un total de 49,0 millones de pesos. De ese total, la Sigen descubrió que el organismo no había hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de 38,7 millones de pesos adeudados por las empresas, mientras que las deudas por fiscalización ascendían a 14 millones de pesos.

El Momo había tercerizado la tarea del cobro de deudas a la empresa Trivio SA, cuyo primer presidente fue Matías Ciccimarra, socio de Robles en las empresas Covington SA y Vieja Granja SA. En 2010, el Renatre le pagó 2.213.386 pesos y en 2011 fueron 2,8 millones de pesos por el trabajo de (no) cobro de deudas.

Estos números dan cuenta que la caja que manejaba el Momo desde el Renatre le permitía canalizar recursos para su estructura política, al mismo tiempo en que tejía relaciones con las entidades gremiales del sector, en particular la Sociedad Rural, y aquellos empresarios a los que nunca les cobraron sus deudas por contribuciones patronales ni multas por el trabajo en negro detectado. La promesa de Macri de devolverle al Momo el Renatre, sumada a la ayuda de Lorenzetti luego de su último fallo, significa consagrar nuevamente a la vulnerabilidad a cientos de miles de peones rurales.

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