La implementación de un nuevo protocolo para que las fuerzas de seguridad respondan a las manifestaciones generó nuevas críticas por parte de dirigentes políticos y organismos de derechos humanos. A los cuestionamientos del CELS se les sumaron el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el secretario de Derechos Humanos riojano, Délfor Brizuela. Por otro lado, el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, anticipó que desde su gremio van a continuar sus reclamos “con o sin protocolo”, pero afirmó que “es necesario que se moderen algunas protestas porque a veces son perjudiciales para quienes reclaman”. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, vaticinó que en “en el noventa y nueve por ciento” de los casos “no habrá balas de goma” frente a los piquetes. Planteó que la intención es equilibrar el derecho a protestar y el derecho a la libre circulación. Lo que marcan los organismos críticos es que no hay en las disposiciones ninguna referencia a criterios para utilizar las llamadas “armas no letales”, que de todos modos también pueden causar heridas muy graves o matar, precisamente como sucede con las balas de goma. El otro punto es que tampoco está prohibida la portación de armas de fuego.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en respuesta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había dicho: “El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene actitud beligerante y de obstrucción (...) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenece al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”. El organismo señaló que como trabaja en estos temas y sus especialistas han leído el Protocolo, pueden dar cuenta de lo que vendrá. Advierte sobre las consecuencias de considerar las protestas sociales como un “problema de seguridad” ante el cual la primera respuesta la dan las fuerzas de seguridad. “En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente”, recuerda el CELS. Esa historia, agrega, es la que explica las políticas de 2002 a 2011, que prohibieron que los efectivos portaran armas de fuego y puntualizaron que las balas de goma “no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio”. El protocolo viene a cambiar esos criterios.

Con la lógica del Gobierno y de las respuestas represivas, Moyano dijo que le gusta el protocolo porque “las protestas traen reacciones perjudiciales que no son buenas para quienes las llevan adelante”. “Cuando tengamos que protestar nosotros vamos a protestar, pero no cortamos la calle”, sostuvo. “Si hay un hecho por un despido de un trabajador, lo vamos a reclamar con protocolo o sin protocolo”, insistió y dijo que cuando los camioneros hacen lo que se suele llamar “bloqueo” “se ponen al costado de la ruta y es un paro”.

Después de la explicación de Bullrich de que los manifestantes “tendrán cinco o diez minutos” para liberar piquetes antes de que actúen las fuerzas de seguridad, Burzaco salió a precisar que “en el caso de las fuerzas federales, la primera línea de contacto no puede llevar armas de fuego” y “en el 99 por ciento no va a haber balas de goma”. “Nuestra idea es que cese el delito. Queremos volver a un equilibrio entre el derecho a manifestar y peticionar y el derecho a circular libremente”, dio cátedra. Burzaco era el Jefe de la Policía Metropolitana cuando ocurrió el desalojo del Parque Indoamericano y esa fuerza, que llevaba plomo oculto en balas de goma, fue la que se determinó que mató a dos personas que estaban en extremos opuestos del predio. Del operativo participó también la Policía Federal.

En La Rioja, una de las provincias que se negaron a firmar el protocolo, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, cuestionó: “Se establece de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el consenso que tenga en la sociedad, el Gobierno irá al choque con los manifestantes, quienes además serán enteramente responsables de las consecuencias”. El protocolo, subrayó, “no significa otra cosa que criminalizar la protesta”. Brizuela lo analizó como “correlato de las medidas que se están tomando con relación al empleo”. “El Gobierno por un lado echa a los trabajadores y reduce a la mínima expresión el poder adquisitivo del salario de aquellos que se salvan de los despidos, mientras que por el otro, previendo el comportamiento lógico que es la justa protesta social amparada por la Constitución, los espera con hombres armados listos para reprimir y así invisibilizar cualquier manifestación popular”, graficó.

El Observatorio de Derechos Humanos de la UNC se sumó a la “preocupación” y señaló el hecho de que las fuerzas de seguridad van a poder desalojar cortes sin orden judicial y con el solo requisito de avisarles que se tienen que retirar”, cuestionó Magdalena Brocca, de ese organismo. De ese modo “la policía podrá actuar por sí misma”, alertó. La regulación que surge del protocolo, dijo, “contraria a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”.