El Inadi anunció la apertura de una oficina en Mar del Plata, en respuesta a los múltiples ataques a personas homosexuales, agresiones a punks, pintadas xenófobas y daños a recordatorios de la represión ilegal que se vienen sucediendo en los últimos tiempos ejecutados por grupos neonazis. La nueva dependencia funcionará en la Defensoría del Pueblo local para recibir denuncias y acompañar a las víctimas. Fue presentada ayer en un acto encabezado por el interventor del Inadi, Javier Alejandro Bujan, en el que se expresó un repudio generalizado al accionar de estas bandas, que están sembrando terror en la ciudad balnearia y que las organizaciones sociales vinculan con el intendente de Cambiemos, Carlos Fernando Arroyo, ex funcionario de la dictadura militar. “Es importante entender que no son cuatro gatos locos ni se trata de hechos aislados. Son organizaciones que se están vinculando a nivel nacional”, advirtió en diálogo con Página/12 Fernando Lozada, integrante de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, un colectivo de más de un centenar de entidades de distintos ámbitos conformado a mediados de 2014 contra los neonazis en la ciudad.

Bujan estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Defensores de la República Argentina (ADRA) y defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor, el director Provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Hernán Gómez, la directora General de Derechos Humanos del municipio de General Pueyrredón Sonia Rawicki y representantes de diversas organizaciones. Entre ellos, Lozada, presidente de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata y militante a favor del laicismo, y Javier Moreno Iglesias, titular de la Asociación Marplatense por los Derechos a la Igual (Amadi), quien sufrió en la madrugada del domingo otra amenazas de muerte, en un ataque realizado por integrantes del grupo neonazis del FoNaPa y de Bandera Negra, en las puertas de su bar “Nevermind”. Los funcionarios expresaron su “compromiso” para “trabajar en la protección efectiva de derechos” de la ciudadanía. El acto consistió en una firma de convenio entre el Inadi y la Defensoría marplatense, pero tuvo un claro objetivo político. Arroyo brilló por su ausencia.

El año pasado, Arroyo fue denunciado ante el Inadi por el Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata “Don Pedro Domingo Murillo” por sus dichos discriminatorios como concejal contra los inmigrantes de esa nacionalidad. En junio de 2011, cuando el Concejo Deliberante de Mar del Plata, por pedido de las Madres de Plaza de Mayo, le quitó el traje de héroe al capitán Pedro Giachino, el primer caído argentino en la guerra por las Malvinas, y le puso el uniforme de represor de la dictadura, Arroyo fue el único que votó en contra de la decisión y se retiró del recinto cuando se bajó un cuadro con la imagen de Giachino, cuyo nombre es reivindicado hoy por los neonazis marplatenses. “De hecho, uno de los grupos, liderado por Carlos Pampillón, surge a partir de ese episodio, y se identifica como La Giachino”, recordó Lozada.

Durante el acto, Amor expresó su solidaridad con las víctimas de los grupos neonazis y destacó que “no hay que minimizar nunca estos hechos. No creo en la tolerancia, creo en la convivencia. Cuando convivimos es porque aceptamos al otro de manera integral. Desde nuestro lugar, tenemos la obligación de actuar y ponernos al servicio de las personas que son víctimas de estas situaciones. El funcionario que no tenga voluntad de asumir ese compromiso, que deje el cargo y se vaya a su casa”, afirmó.

Tanto Lozada como Moreno Iglesias apoyaron la decisión del Inadi. Moreno consideró necesario que se lance una “campaña nacional” contra el accionar de estos grupos, que históricamente apuntaron sus ataques a integrantes de partidos de izquierda e inmigrantes y últimamente pusieron en su mira a feministas e integrantes de organizaciones LGBT. “Me parece un gran avance la presencia del Inadi en la ciudad pero ahora esperamos acciones concretas para combatir a estos grupos”, indicó Lozada. A mediados de diciembre, la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo convocó a una multitudinaria marcha, en la que participó todo el arco político local, con excepción del PRO. Y posteriormente, se conformó una mesa interinstitucional con representantes del ejecutivo local, la policía bonaerense y concejales, con la idea de sumar a jueces y fiscales. “Pedimos la unificación de las causas judiciales que se han ido abriendo a partir de los distintos hechos denunciados en una sola por asociación ilícita para cometer crímenes de odio. Siempre se toman como hechos aislados, pero hay una trama que los relaciona. Y sabemos que mucha gente no denuncia porque ve impunidad”, agregó Lozada.