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“Como ustedes son intolerantes, tienen que hablar de la tolerancia. Como ustedes representan a las grandes empresas, tienen que hablar contra la pobreza. Como ustedes quieren controlar a la Justicia, tienen que resaltar la independencia de poderes”. Parecen frases sacadas de algún manual de estilo de Durán Barba, pero basta con observar las idas y vueltas de estos dos meses de gobierno macrista: despidos por causas ideológicas, techo a las paritarias, protocolos represivos y jueces subordinados a los caprichos de un gobernador que previamente toma por asalto la Suprema Corte de su provincia, en Jujuy. Se podría agregar otra falsedad, como la prometida eliminación del Impuesto a las Ganancias que terminó en un anuncio que sólo favorece a un pequeño sector de los asalariados. Pero como se quiere introducir esta engañapichanga en la discusión paritaria, todo terminaría en que la reducción del impuesto sólo favorecería al sector empresario porque lo demás se lo traga la inflación.

La televisión pública ha comenzado a difundir una serie de cortos sobre la idea del diálogo y la tolerancia. Es el tono que el gobierno macrista le quiere imponer a su comunicación. Tolerar es algo así como permitir o soportar a otro diferente, da la idea de una línea jerárquica entre uno y el otro: permite al otro porque uno es bueno. Tolerancia es mejor que la intolerancia de las dictaduras, pero está muy por detrás de la idea democrática de la diversidad. Desde la oposición al kirchnerismo, la idea de tolerancia fue un caballito de batalla de la derecha que ahora gobierna el país. Sin embargo, en la ciudad, el macrismo había dado muestras de intolerancia en actos de represión, como los que se produjeron en el Borda o en la sala Alberdi del San Martín. Pero esencialmente la actitud intolerante se ponía de manifiesto en el método de gobierno. Como jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri vetó 130 leyes que habían sido aprobadas por la Legislatura. La cantidad de vetos de Macri fue igual a los de sus cuatro antecesores sumados. El veto es una herramienta legal, pero con carácter de excepción porque implica que el Ejecutivo recorta atributos al Legislativo, que es donde está representada la diversidad política. Frente a una expresión de la diversidad, el abuso del veto macrista demostraba su esencia intolerante.

En los videos en la televisión pública habla de tolerancia y hasta aparece un médico con un cerebro de plástico que explica dónde radica físicamente esa modalidad social. Esta semana, mientras el médico señalaba con un puntero las circunvalaciones cerebrales de la tolerancia, el ministro de Energía, Juan José Aranguren frenaba las preguntas molestas sobre los cortes de electricidad: “Es lo que hay”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaba de la represión a los piquetes: “Si no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar” o “vamos a entrar en la cultura del orden”. Y el presidente Mauricio Macri anulaba el compromiso de un 40 por ciento de aumento salarial que habían cerrado los sindicatos docentes con su ministro de Educación, Esteban Bullrich: “Desde la nación hay un límite del 25 por ciento para las paritarias”.

Un programa económico traumático sin crisis de por medio es esencialmente intolerante, refleja la intolerancia de la ideología que lo sustenta. A pesar de que traten de justificar las medidas en una situación de crisis dramática que no existía, las medidas responden a una visión ideológica. En el peor de los casos, la economía que recibió el gobierno macrista presentaba áreas para reformular, las cifras macro planteaban un escenario problemático pero no dramático. Por el contrario, las medidas que se tomaron fueron drásticas y todas recaen sobre los sectores de menos recursos. Tienen un sustento ideológico. Cuando la ideología exige sacrificios que pueden ser evitables si se tomaran otras medidas, esa ideología está expresando su autoritarismo de fondo y el discurso de la tolerancia se convierte en una cortina de humo. Y en todos los casos, los sacrificios siempre se les exigen a los mismos. La devaluación, la inflación, los despidos masivos, el retiro de los subsidios, la quita de las retenciones, el techo a las paritarias no afectan a los grandes empresarios, sino a los trabajadores. Por el contrario, los que se favorecen por esas medidas son los grandes empresarios. Al afectar a los trabajadores, manuales e intelectuales, de oficio o profesionales, en negro o blanqueados, urbanos o campesinos, muchos de los pequeños y medianos empresarios de la industria y el comercio que dependen del mercado interno, van a quedar también en el camino.

Los actos de brutalidad represiva que se vieron en apenas dos meses de gobierno con los trabajadores de Cresta Roja o con los chicos murgueros del Bajo Flores o la arbitrariedad vengativa del gobernador jujeño Gerardo Morales contra Milagro Sala son apenas una consecuencia de la intolerancia básica que sustenta la política económica. Es probable que una parte del electorado macrista, del PRO o del radicalismo, se sienta representado por esas acciones represivas e inclusive por la persecución a una dirigente social como Milagro Sala. Es probable que muchos de ellos se hayan enfurecido alguna vez por el corte de una ruta que les dificultó llegar al trabajo o a su casa. Pero sería importante tomar conciencia que esas políticas policiales o judiciales represivas, tarde o temprano siempre están asociadas a políticas económicas que afectan la capacidad adquisitiva del salario. La persecución a Milagro Sala es una forma de amedrentar ante cualquier tipo de protesta social futura. Y si están previendo protestas es porque saben que sus políticas van a impactar en la economía del asalariado. El asalariado macrista obrero o profesional que ve con simpatía estas medidas de represión a la protesta social tendrá que sacar cuentas y ver qué le conviene más: que le corten la ruta un día o que le recorten el salario para siempre.

El escenario junta presión con un 40 por ciento de inflación y con el gobierno que pone un techo del 25 por ciento ante la inminencia de las paritarias. Se habla de un arreglo para dejarlas abiertas a una nueva negociación dentro de seis meses. Al romper el acuerdo con los docentes, el Gobierno muestra las uñas. Es cierto que los maestros no tienen votos negociables en el Senado, como los gobernadores, pero también es cierto que esa paritaria es un punto de referencia porque es una de las primeras. Macri había prometido además en la campaña electoral que sacaría el Impuesto a las Ganancias, pero el anuncio del jueves desilusionó a los que le creyeron. Para la mayoría apenas fue un retoque. Forzando los números se lo quiere presentar insólitamente como una mejora del 22 por ciento de los salarios e introducir este número en la discusión paritaria. Desde su punto de vista ideológico el Gobierno necesita bajar el salario en dólares y en capacidad adquisitiva para darle competitividad a la economía y enfriarla al mismo tiempo. Esta vez no le interesa mantener el consumo, sino bajarlo.

La devaluación se fue a los precios, la quita de retenciones se fue a los precios, el tarifazo se irá a los precios. Aumentan los precios y el Gobierno le pone un techo a los salarios. El apuro por el protocolo de seguridad tiene ese trasfondo. Mucha presión y garrote.

El tero pone el huevo en un lado y para desorientar pega el grito en otro lugar alejado. Este gobierno tiene algo de tero. Hace un discurso barroco sobre la tolerancia que se va a exhibir por la televisión pública y por el Canal Encuentro como emblema de los cambios de contenidos que impulsa el gobierno de Macri, pero el huevo lo pone en el lado opuesto. Las medidas no son tolerantes y los funcionarios tampoco. Como dijo Aranguren, para que no queden dudas: “Es lo que hay” y si hace falta hay que agregarle lo de Patricia Bullrich; “si no se van en cinco o diez minutos, los vamos sacar” y Macri lo remató: para el gobierno nacional, “la paritaria tiene un techo del 25 por ciento”. O sea: tolerancia cero con los reclamos y nada de pobreza cero en las medidas.