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Diferentes son las sensaciones que por estos días viven los legisladores tras la confesión de Mario Pontaquarto sobre su participación en los sobornos en la Cámara alta. Varios senadores justicialistas juran no salir del estupor que les provocó la declaración del ex funcionario. En tanto, los diputados del bloque del PJ anunció su decisión de derogar la cuestionada norma, aunque advirtieron que esperarán la directiva del Ejecutivo para definir si la eliminación será total o parcial.
“La derogación es segura, no sabemos si va a ser selectiva o total, porque hay que tener cuidado de no espantar la incipiente reactivación”, aseguró el jefe de los diputados justicialistas, José María Díaz Bancalari. Durante la tarde de ayer, el bonaerense se reunió con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario le reconoció que el presidente Néstor Kirchner le había recomendado estudiar los mecanismos y los efectos de la posible derogación de la ley. El tema, además, es cuándo se llevará la iniciativa al recinto. Bancalari no quiso dar fechas pero entiende que bien podría ser la última semana de diciembre “siempre y cuando se llegue a un acuerdo”.
Ahora bien, entre los diputados del PJ hay intención de agregarle un contenido político a la medida y es por eso que le van a proponer al Gobierno que se convoque a los abogados laboralistas Héctor Recalde y Lucio Garzón Maceda, asesores de la CGT que conduce el ex rebelde Hugo Moyano, para que junto a los representantes del gobierno central elaboren el texto de la derogación.
Tal vez allí reside la razón por la que Díaz Bancalari insiste en que esta es la oportunidad necesaria como para “dar alguna recuperación a los derechos de los trabajadores”. Y esto se basa en que actualmente en la Cámara baja existe al menos un despacho de la Comisión de Trabajo, que preside el ex líder de la CGT Saúl Ubaldini, donde se deroga totalmente la ley 25.250 o de Reforma Laboral, como se la conoce vulgarmente. Por lo tanto, si los diputados quisieran, podrían avanzar sin problemas en la eliminación de ahora en más de la norma vigente o en su anulación, ya que existen varios proyectos que por estas horas están ingresando en la Mesa de Entradas de ambas cámaras (ver aparte).
El oficialismo de diputados se opone –por ahora– a la anulación lisa y llana. En parte porque consideran que hasta tanto no haya sentencia firme en la causa de los sobornos no se puede afirmar que la ley está viciada de legalidad. Pero también son reticentes porque consideran que en una etapa de “incipiente reactivación” la anulación generará “incertidumbre” que –como dijo Bancalari– “provoca que los empresarios se retraigan y la reactivación que tanto nos está costando se detenga”.
Incluso los justicialistas sostienen que aquellos convenios firmados por sindicatos, gremios y fábricas bajo esta norma no corren peligro mientras la decisión sea sólo de derogación de una ley que promovió la Alianza y que concretó la flexibilización que se produjo durante el menemismo.
Y es posible que ésta sea la razón por la que el radicalismo expresó ayer un tibio respaldo a la iniciativa oficialista. “Si se prueba el cohecho, como ocurre con los jueces cuando se demuestra que cometieron prevaricato y se habilita a revisar sus sentencias, en este caso cabría una revisión de la legislación laboral”, afirmó el presidente del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti.
Mientras los diputados se mostraban más decididos a avanzar contra la ley, en el Senado los pocos legisladores del PJ no salían del estupor que les provocó la renovación de la polémica. “Nos cayó como un balde de agua fría”, aseguró uno de los miembros de la bancada del PJ que, si bien asumió recién en 2001, sostiene que el impacto mediático que tuvo la confesión de Pontaquarto “nos tiró en un pozo similar al que utilizaba Saddam Hussein”. Y es que estos legisladores sienten que “el Senado vuelvea estar en un escenario complicado” que desmorona la intención de reconstruir la imagen.
Más allá de esta apreciación, lo cierto es que la principal preocupación que hay por esta horas entre los legisladores del PJ son las posibles consecuencias que puede acarrear la confirmación de las declaraciones de Pontaquarto. El ex funcionario dijo ante la Justicia que uno de los implicados en los sobornos es el ex senador José Luis Gioja, sobre todo porque el actual gobernador de San Juan llegó a ese lugar apoyado por el presidente Kirchner.
De todas formas, en el bloque de senadores del PJ se comparte la decisión de sus colegas de la Cámara baja de avanzar en una derogación, aunque no se sabe si en el mismo tenor del proyecto que en diciembre de 2001 presentó Cristina Fernández de Kirchner una vez que asumió como senadora.