Un breve decreto del presidente Mauricio Macri publicado ayer en el Boletín Oficial le permitirá al ex juez y ex agente de inteligencia militar Néstor Luis Montezanti, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días. El ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca presentó su renuncia ante el inminente pronunciamiento (previsto para hoy) del Consejo de la Magistratura, que por amplia mayoría lo suspendió e inició el proceso de remoción por su actuación durante el terrorismo de Estado, sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” con empleados judiciales y alumnos de la Universidad del Sur y sus conductas “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos”. La maniobra para impedir la eventual destitución, que además le evita al Consejo tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial, se terminó de consumar con el decreto de Macri y su ministro Germán Garavano, que argumentaron la aceptación de la renuncia en tres palabras: “es necesario proceder”.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus “condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que faltara tres veces sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Ese detonante activó al Consejo, que desde 2008 acumulaba denuncias contra el juez por su “clara actitud antisindical”, por las “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio, entre otras. “Nuestra investigación llevó a Montezanti al jury. Antes de que finalice, terminó renunciando”, escribió ayer Julián Alvarez, ex secretario de Justicia y autor del dictamen que derivó en la suspención del juez.

La primera denuncia contra Montezanti la presentó en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS Alberto Rodríguez, testigo en 1975 del asesinato a sangre fría de David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. La presentación le valió un juicio por calumnias e injurias que le permitió al juez José Luis Ares corroborar la relación del abogado con matones de la Triple A. “Montezanti se declaró culpable”, declaró ayer Rodríguez a FM de la Calle. “En segundo lugar se declaró cobarde. Tercero, el pueblo le pagará la jubilación de por vida al haber aceptado el PEN la renuncia de alguien que va a ser condenado”, agregó y se preguntó “¿Qué haría el Poder Ejecutivo ante algún morocho con gorrito dado vuelta si lo detienen por robo de gallinas y se arrepiente?”. José Schulman, de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que había pedido al rechazo de la renuncia, consideró que “lo más importante es que pierde los fueros (que impedían detenerlo) y pasa a ser un ciudadano común”. Apuntó que “las ratas huyen de los barcos cuando se hunden” y que “Montezanti tuvo que huir de un barco que en realidad está en el momento más glorioso: ha recuperado el gobierno, el sobrino de (Vicente) Massot es presidente del bloque (del PRO) y Macri habla de la teoría de los dos demonios con impudicia. Pero los procesos son contradictorios y nuestros más de diez años de lucha fructifican ahora”, concluyó Schulman.